Accidentes de transporte pesado en Guatemala: 625 incidentes a junio, causas y riesgos en las carreteras

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En el primer semestre del 2026 se han registrado 625 siniestros que involucran al transporte pesado de carga, con un saldo de 65 personas fallecidas y 130 lesionadas, según estadísticas oficiales.

Una larga fila de vehículos se registra en la ruta al Atlántico desde el lunes pasado, debido al colapso del puente Huijó, entre los kilómetros 110 y 111 de la CA-9 Norte, y a los trabajos que efectúa el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para habilitar un paso temporal, situación que mantiene una alta presión sobre la ruta.

La Dirección de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club Guatemala advierte que hay por lo menos tres factores que pueden incidir en los siniestros de tránsito: la capacitación y el estado físico de los conductores, las condiciones de los vehículos y sus sistemas, así como el estado de la infraestructura vial.

Siniestros mantienen tendencia

De enero a junio de este año hay registros de 625 siniestros que involucran al transporte pesado de carga, lo que equivale a un promedio de 104 accidentes por mes, según la actualización de las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el mismo período del 2025 fueron 632, y en el 2024, 598 accidentes.

“En 2026 se estabiliza en el nivel más alto del periodo: prácticamente igual a 2025 (−1.1%) y por encima de 2024 (4.5% más). La exposición al riesgo dejó de crecer, pero tampoco se ha reducido”, señala el documento del Onset.

En cuanto a las personas fallecidas, se registran 65 en el primer semestre del año, es decir, un promedio de 11 al mes, por lo que se marca el mínimo del período. En el 2025 fueron 88 casos y en el 2024, 91. “No es un año atípico: es una mejora sostenida”, indica.

Sobre los lesionados, hay 130 casos, menos que los 183 del año pasado y los 165 del 2024. “Es el mínimo del periodo: corrige por completo el deterioro de 2025 y queda también por debajo de 2024”.

El indicador de lesionados por vehículo involucrado es de 0.21, es decir que en el 2026 cada vehículo involucrado genera 28.2% menos lesionados. En cuanto a los fallecidos por vehículo involucrado, se registra una baja letalidad.

El análisis del Onset detalla que, por estacionalidad del riesgo, junio fue estructuralmente el más trágico. Se ubicó entre los tres meses con más vehículos involucrados y lesionados durante los tres años, sin excepción, y concentra los dos máximos absolutos de toda la serie: 165 vehículos y 29 fallecidos en junio del 2024. La única excepción son los fallecidos en junio del 2026: siete, el mínimo del año y la primera señal de quiebre. Marzo fue el segundo mes más crítico y febrero presentó un riesgo intermedio en volumen, pero crítico en letalidad.

Daño vial exige responsabilidades

Sobre el incidente, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), reconoció que hay un daño al activo de infraestructura causado por el vehículo cuyo conductor, por negligencia o impericia, chocó contra las bases del puente Huijó. Por ello, hay un caso penal contra la empresa o comercio responsable para solventar la situación.

Explicó que lo importante es establecer cómo está la cobertura de los seguros de la unidad de transporte accidentada y del daño causado al activo. Recordó que, aunque hay un proyecto para la construcción de la autopista entre El Rancho y Teculután, mientras tanto se debe construir infraestructura temporal para permitir el tránsito.

Zapata dijo que hay por lo menos 33 puentes que necesitan intervenciones puntuales, además de un incumplimiento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp), ya que desde finales del año pasado se debería contar con un estudio actualizado del estado de todas las carreteras centroamericanas (CA), incluidos los puentes.

Sobre las lecciones que deja el caso del fin de semana pasado, el directivo de Fundesa precisó que la implementación de la Dipp es clave en este momento, porque se deben preparar los análisis y los planes de inversión en infraestructura vial, sobre todo de las CA, y acelerar su ejecución.

Urgen peritajes tras accidentes

Juan Carlos Botrán, director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club Guatemala, explicó que el caso del fin de semana pasado es uno de los siniestros que ocurren cada año, pero que, en términos generales, desde la perspectiva técnica hay varios factores que inciden y deben analizarse, sobre todo cuando hay saldos mortales.

Lo primero es hacer un peritaje científico para determinar qué pudo causar el accidente, qué pudo haber hecho mal el conductor y cuál era su condición física y experiencia. Luego, se debe verificar la condición del vehículo, su sistema de frenos y si el peso de la carga era el apropiado, así como las condiciones de la carretera, por lo que hay que “analizar todo el entorno”.

Lo pendiente es efectuar los peritajes, pues los siniestros suelen atribuirse a la “mala suerte”, pero se necesita una investigación pericial para determinar las posibles causas del accidente y qué factores incidieron para que tuviera consecuencias mortales.

Esta información servirá para entender las causas de los accidentes y hacer las correcciones o tomar las medidas necesarias, agregó Botrán.

Daño vial altera la planificación

Las autoridades del CIV han explicado que están en fase de preparación los trabajos para la ampliación de la autopista El Rancho-Teculután y que estos incluirán la construcción de un nuevo puente.

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que hay que considerar que, independientemente de cuál sea la solución que se adopte, ya sea un badén, un puente Bailey o un nuevo puente, esos son costos que en ningún momento estuvieron contemplados.

“En la planificación del trabajo del CIV, porque este tipo de cuestiones van más allá de un mantenimiento, aquí es una reposición completa de una obra de infraestructura. Entonces esos costos, esos dineros que se dedican a reponer ese puente, es dinero que no está disponible para otro tipo de usos dentro de ese ministerio”, apuntó.

Aunque es cierto que hay una ampliación en camino, esta tomará tiempo para comenzar a funcionar y aún más para llegar a ese puente.

En todo caso, dijo, habría que revisar la planificación de la ampliación para que los trabajos comiencen con el puente. “Aunque la ampliación implique hacer una nueva obra, estos son gastos adicionales que no se tenían planeados”, remarcó.

Piden reparar daños al Estado

En el percance del fin de semana hubo un menoscabo a un activo del Estado, por lo que Maul considera que, debido al potencial del transporte pesado de causar daños por varios millones de quetzales, el seguro debería tener una cobertura similar en materia de responsabilidad civil.

Los responsables del daño a la propiedad pública están identificados, por lo que se pueden determinar las responsabilidades civiles.

“Se tiene que reparar el daño y aquí es donde la cuestión se vuelve interesante, porque, aunque está identificado quién era el piloto del camión, se puede deducir quién es el dueño del camión. Se puede también averiguar plenamente el tipo de carga que llevaba”, ejemplificó.

“Los daños que se causaron a ese puente porque es muy fácil y se entiende que la población le pide al gobierno que actúe para reparar el daño, pero al final de cuentas el daño no lo causó toda la población, lo causó un piloto en un camión con una carga específica y ahí es donde el sistema legal debería servir para deducir responsabilidades”, aclaró.