Alza en gasolinas en Guatemala: análisis y cuestionamientos a iniciativas para mitigar impacto

El reciente incremento en los precios de los combustibles en Guatemala ha generado diversas iniciativas legislativas y propuestas gubernamentales dirigidas a mitigar su impacto en los consumidores. Estas acciones, impulsadas en el Congreso de la República y desde el Ejecutivo, incluyen exoneraciones temporales de impuestos, la creación de un fondo de estabilización de precios y subsidios directos. Sin embargo, especialistas en economía y finanzas públicas advierten sobre la ausencia de análisis técnicos robustos, el elevado costo fiscal y la posible ineficacia de estas medidas.

Contexto del aumento en precios de combustibles

Desde marzo de 2026, Guatemala ha experimentado un alza significativa en los precios de la gasolina y el diésel, fenómeno que coincide con el inicio de hostilidades militares entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este último país, factores que afectan el mercado internacional del petróleo.

Ante esta situación, el Congreso ha recibido al menos cinco iniciativas de ley que plantean diferentes mecanismos para reducir el impacto en el consumidor final. Entre estas se encuentran propuestas para la exoneración temporal de impuestos, la creación de un fondo de compensación y subsidios directos, además de medidas para fortalecer el teletrabajo.

Propuestas legislativas: exoneración temporal de impuestos

Tres iniciativas presentadas en el Legislativo proponen suspender de manera temporal tributos relacionados con los combustibles, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo (IDP). Una de estas fue presentada para suspender el IDP durante dos meses, beneficiando a importadores, refinadores, distribuidores y comercializadores, con el objetivo de reducir el precio final del combustible sin recurrir a subsidios que implican gasto fiscal directo.

Otra iniciativa, con un plazo de tres meses, busca la exención simultánea del IVA y el IDP para todos los combustibles derivados del petróleo destinados al consumo nacional. También se plantea un mecanismo automático para exonerar el IDP en períodos de alza sostenida de precios.

Actualmente, el IVA representa aproximadamente un 12% sobre el precio final, equivalente a cerca de Q3.30 por galón, mientras que el IDP varía entre Q1.30 y Q4.70 por galón dependiendo del combustible.

Evaluación técnica y fiscal de las exoneraciones

Expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) han expresado reservas sobre estas medidas. Se señala que, aunque la intención es disminuir el costo para los consumidores, las exoneraciones podrían generar un impacto fiscal significativo, con pérdidas estimadas entre Q750 millones y Q800 millones mensuales en recaudación tributaria. Esto afectaría rubros esenciales financiados con esos recursos, como infraestructura vial.

Asimismo, se cuestiona la efectividad de las medidas para trasladar realmente el beneficio al consumidor final, dado que el alivio en el precio podría ser limitado en comparación con el costo fiscal que implican. Por ejemplo, la reducción del IDP en el diésel solo representaría aproximadamente Q1.30 por galón en un contexto donde el precio ronda los Q37.

Se enfatiza la necesidad de realizar análisis técnicos rigurosos que evalúen el costo-beneficio, la sostenibilidad financiera y la equidad, dado que los usuarios de combustibles suelen ser personas de ingresos medios y altos, y no los sectores más vulnerables de la población.

Fondo de estabilización de precios

Una iniciativa presentada por la bancada Cabal propone crear un Fondo de Compensación y Estabilización con un capital inicial de Q1 mil 500 millones, destinado a suavizar la volatilidad de los precios de la gasolina regular y el diésel. El mecanismo funcionaría acumulando recursos cuando el precio internacional del petróleo esté bajo, para utilizarlos cuando los precios suban y así amortiguar el impacto en el consumidor.

Esta propuesta plantea un rango de precios predecible, evitando que el precio local caiga por debajo de Q30 o suba más allá de Q36 por galón. Sin embargo, expertos recuerdan que un fondo similar operó en Guatemala entre 1979 y 1992 y fue eliminado por inefectividad. Además, existe preocupación por el origen del capital inicial, dado que no se propone un nuevo impuesto ni endeudamiento, lo que implica reasignar recursos del presupuesto actual, con impactos en otras áreas.

También se cuestionan los umbrales de precios planteados y la posibilidad de que los beneficios no se reflejen en el consumidor final, otorgándose un subsidio indirecto a importadores y distribuidores.

Subsidios directos y congelación de precios

Recientemente, diputados de la bancada oficial presentaron iniciativas denominadas “Apoyo Familiar” que incluyen subsidios de Q10 por galón de diésel y Q20 por cilindro de gas propano de 25 libras, con un costo estimado de Q1,600 millones y Q240 millones, respectivamente. Estas medidas buscan aliviar el bolsillo de los consumidores en un plazo de seis meses.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el Gabinete Económico analiza actualmente estas propuestas y que en el momento oportuno se anunciarán las decisiones correspondientes.

En cuanto a la congelación de precios, el MEM ha señalado que esta opción está en estudio, aunque para implementarla sería necesario crear un fondo compensatorio para cubrir las pérdidas de los expendedores. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida puede derivar en desabastecimiento y mercado negro, ya que el precio congelado no reflejaría los costos reales, afectando la disponibilidad del producto.

Reflexiones finales y recomendaciones

El análisis de las diferentes propuestas para mitigar el alza en los combustibles en Guatemala evidencia que no existe una solución sencilla o inmediata. Los expertos coinciden en la importancia de realizar evaluaciones técnicas exhaustivas que consideren la sostenibilidad fiscal, la equidad en el acceso y el impacto real en los precios al consumidor.

Además, se destaca la necesidad de fortalecer la transparencia y la fiscalización para asegurar que cualquier beneficio otorgado se traduzca en una reducción efectiva del costo del combustible para los usuarios finales, evitando distorsiones y beneficios para intermediarios.

Finalmente, se plantea que, ante la persistencia del alza internacional en los precios del petróleo, es esencial avanzar en políticas estructurales para mejorar la eficiencia energética, promover el transporte público masivo y racionalizar el consumo de combustibles, de manera que el país pueda mitigar los efectos de este tipo de shocks externos con mayor resiliencia.