Ambiente justifica reserva del expediente ambiental de cárcel en Izabal por solicitud del Ministerio de la Defensa

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La Secretaría de Acceso a la Información (SECAI) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) cuestiona el criterio del Ministerio de Ambiente de declarar bajo reserva toda la información relacionada con el expediente en esa institución sobre la construcción de la cárcel El Triunfo, en Morales, Izabal. En reacción, el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, conversó con Prensa Libre para exponer los motivos por los cuales se tomó esta decisión.

El viceministro indicó que el proceso se realizó con estricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y aseguró que la reserva “no fue una decisión unilateral del Ministerio de Ambiente”, sino que se originó por una solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional, el ente competente en materia de seguridad nacional.

“Nosotros realizamos todo este proceso bajo estricto apego a la ley de acceso a la información pública. Por ejemplo, se declara bajo reserva, ya que es un asunto que tiene que ver con la seguridad nacional. Si bien es cierto, el Ministerio de Ambiente no es el ente competente para declarar eso, sí lo es el Ministerio de la Defensa Nacional”, afirmó Rodas.

El funcionario afirmó que, para hacer la solicitud de la reserva, el Ministerio de la Defensa realizó la “prueba de daño”, para justificar la clasificación de la información, demostrando que la divulgación podría afectar la seguridad nacional, incluso la de los estudios de impacto ambiental contenidos dentro del expediente de la construcción de la cárcel de máxima seguridad.

“Ellos realizaron lo que se llama la prueba de daño. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de ciertos aspectos. Esto lo hizo el Ministerio de la Defensa Nacional”, aseguró.

Contenido del instrumento ambiental

El viceministro explicó que la cartera genera el “instrumento ambiental” del proyecto, que consiste en un compendio de documentos técnicos, que incluye estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación del proyecto. El Ministerio de Ambiente posee toda esa información, puntualizó el funcionario, pero fue declarada bajo reserva por petición de la cartera de la Defensa.

“El instrumento ambiental es un compendio de documentos que llevan una serie de estudios técnicos para la implementación del proyecto. No es que nosotros recibimos la nota y no tenemos el instrumento ambiental, la información sí la tenemos, por supuesto”.

“Sí, ahí se encuentran toda la documentación, todo el expediente, todos aquellos impactos que podrían causar daño al ambiente y las medidas de mitigación que deben implementar para minimizar el daño al ambiente”, indicó.

Sobre el plazo de la reserva y el fundamento legal

El Ministerio de la Defensa solicitó que el plazo de la reserva se extienda por el máximo de tiempo que permita la ley, que son siete años, con posibilidad de prórroga por cinco años, afirmó el viceministro Rodas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información.

“Sí, se solicitó por parte del Ministerio de la Defensa, siempre en apego a la ley de acceso a la información pública. En sus artículos 25, 26, 27 y 28, faculta a la ministra —Patricia Orantes— como autoridad máxima a dictar la resolución de reserva por un plazo máximo de siete años, prorrogable por cinco adicionales si el riesgo persiste”, aseguró.

Procedimiento interno

Rodas aseguró que por parte del Ministerio de Ambiente no se actuó de forma automática, ya que se realizó un análisis interno antes de acceder a la solicitud realizada por el Ministerio de la Defensa.

“Esta solicitud se envió a la unidad de Asuntos Jurídicos para análisis, así como a la unidad de Acceso a la Información Pública (…) y ambas emitieron un dictamen favorable, el cual se trasladó al despacho superior, a Secretaría General”, indicó el funcionario.

Sobre si la reserva del instrumento ambiental para la construcción de la cárcel de El Triunfo abre la puerta para que otros proyectos, públicos o privados, soliciten la reserva de la información, Rodas descartó esta posibilidad, argumentando que cada caso se analiza de manera individual y solo procede si hay una solicitud fundamentada de la entidad competente.

“Esto se realiza a solicitud de la entidad competente. Nosotros, o sea, digamos que algún otro tipo de proyecto que no justifique que se pueda declarar como reserva, pues, no procede. De hecho, nosotros hicimos todo el análisis de la solicitud que nos hizo el Ministerio de la Defensa para ver si procedía o no la declaración de la reserva. Entonces, no abre otras puertas, simplemente, pues, si se apega a la ley de acceso a la información pública, pues, se hace el análisis y se declara procedente o no procedente”, concluyó el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas.