Amnistía Internacional declara presos de conciencia a líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán en Guatemala

El 6 de mayo de 2026, Amnistía Internacional (AI) emitió un pronunciamiento en el que declaró como presos de conciencia a los líderes indígenas guatemaltecos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes permanecen detenidos desde abril de 2025. La organización internacional exhortó a las autoridades guatemaltecas a ordenar la liberación inmediata e incondicional de ambos dirigentes, quienes fueron arrestados tras encabezar manifestaciones en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.

Ambos líderes forman parte de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán y enfrentan cargos por terrorismo, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que el proceso judicial representa un castigo arbitrario y una manifestación de discriminación racial estructural en Guatemala.

Contexto y proceso judicial

Según información recabada, Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron detenidos en abril de 2025, hace más de un año, en el marco de una causa judicial que ha estado marcada por constantes recusaciones que han impedido la realización de la audiencia de etapa intermedia. El abogado defensor de los líderes indígenas, Juan Castro, ha denunciado que el caso carece de un juez natural, situación que ha generado demoras prolongadas y falta de garantías procesales.

Es relevante destacar que Luis Pacheco mantiene su cargo como viceministro de Energía y Minas, a pesar de su detención, un hecho que refleja la complejidad del caso y las implicaciones políticas que conlleva.

Denuncias de discriminación y criminalización

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, la investigadora de Amnistía Internacional, Adeline Neau, manifestó que el proceso judicial contra Pacheco y Chaclán representa un retroceso grave en materia de derechos humanos en el país.

Neau subrayó que bajo los mismos cargos de terrorismo también están sindicadas otras autoridades indígenas, entre ellas Basilio Puac, integrante de la junta directiva de los 48 Cantones, y Esteban Toc, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá. Esta situación forma parte, según la organización, de un patrón de criminalización que afecta a líderes indígenas, periodistas y operadores de justicia.

La Fiscalía de Guatemala acusa a los dirigentes indígenas de promover acciones violentas durante las protestas que se realizaron en 2023 para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a señalamientos relacionados con corrupción y debilitamiento de la institucionalidad democrática.

Las movilizaciones tuvieron lugar en respuesta a acciones del Ministerio Público que fueron interpretadas como intentos por impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo, electo en 2023.

La representante de Amnistía Internacional afirmó que la utilización de cargos relacionados con terrorismo contra autoridades ancestrales no es casual, sino una extensión de la discriminación racial estructural que busca enviar un mensaje disuasorio contra la movilización social, en particular dentro de los pueblos indígenas.

Impacto en las familias indígenas

Desde la perspectiva de las familias afectadas, la esposa de Luis Pacheco, Lidia Tzunún, describió la situación como una “muerte social y psicológica” para las comunidades mayas k’iche’. Subrayó que ambos líderes actuaron bajo mandato de sus asambleas comunitarias y no por decisiones individuales, defendiendo así la voluntad expresada por aproximadamente cinco millones de guatemaltecos en las urnas durante las elecciones presidenciales.

Solicitudes a las nuevas autoridades

Amnistía Internacional hizo un llamado explícito al nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, quien fue nombrado recientemente, para que revise con objetividad las persecuciones judiciales en curso. La organización insistió en que estos casos forman parte de un patrón sistemático de criminalización que vulnera derechos fundamentales y afecta la estabilidad democrática en Guatemala.

Este pronunciamiento se enmarca en un contexto nacional de tensión entre comunidades indígenas y el sistema de justicia, donde se cuestiona la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en procesos judiciales relacionados con la protesta social y la defensa de derechos políticos.

Relevancia para Guatemala

La situación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán refleja desafíos estructurales en Guatemala relacionados con el respeto a la diversidad cultural, los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del sistema judicial. La declaración como presos de conciencia por parte de una organización internacional de derechos humanos pone en relieve la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos legales y políticos que afectan a estas comunidades.

Además, se destaca la importancia de garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con pleno respeto a las garantías constitucionales, evitando la criminalización de la protesta social y la vulneración de derechos colectivos.

Conclusión

La declaración de Amnistía Internacional sobre Luis Pacheco y Héctor Chaclán como presos de conciencia y su exigencia de liberación inmediata representan un llamado urgente a las autoridades guatemaltecas para atender los cuestionamientos en materia de derechos humanos y justicia. Este caso se inserta dentro de un contexto más amplio de tensiones sociales y políticas en Guatemala, donde la defensa de la voluntad popular y los derechos de los pueblos indígenas continúan siendo temas centrales en la agenda nacional.