Amparo busca frenar elección en el Congreso por irregularidades en lista de magistrados del TSE

El proceso de elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta un nuevo obstáculo legal luego de que cuatro abogados que participaron como postulantes presentaran un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el propósito de detener la elección que debe realizar el Congreso de la República.

La Comisión de Postulación de Magistrados del TSE entregó el pasado 17 de febrero una nómina con 20 candidatos para ocupar magistraturas titular y suplente en dicha entidad. Sin embargo, los abogados que firmaron el amparo cuestionan la legalidad del procedimiento llevado a cabo para conformar esta lista, alegando que el proceso estuvo viciado y violó disposiciones constitucionales y legales.

Recurso de amparo y argumentos principales

Los profesionales del derecho que presentaron la acción legal son Ana Elly Voyany López Oliva, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y Carlos Arsenio Pérez Cheguén. En su escrito, argumentan que la nómina final fue elaborada de forma “ilegal e inconstitucional”, y sostienen que el proceso de votación final de la Comisión de Postulación presentó irregularidades que afectan la legitimidad del listado.

El recurso establece que la acción no busca impugnar un acto consumado, sino que pretende evitar una “amenaza cierta e inminente” de que el Congreso realice la elección basándose en una lista que consideran viciada. Por ello, solicitan que se anule la nómina entregada, que se repita la votación final y que se ordene al Congreso abstenerse de efectuar la elección hasta que se garantice la legalidad del proceso.

Presuntas violaciones constitucionales

Los abogados señalan que el proceso de integración de la lista incumple varios artículos de la Constitución de Guatemala, entre ellos:

• Artículo 113: Derecho a optar a cargos públicos basado en capacidad, idoneidad y honradez.
• Artículo 154: Principio de legalidad en la función pública.
• Artículo 2: Principio de seguridad jurídica.
• Artículo 12: Derecho al debido proceso.
• Artículo 4: Principio de igualdad.

El punto central de la impugnación radica en cómo se llevó a cabo la votación final dentro de la Comisión de Postulación. Antes de votar, la Comisión aprobó una “declaración general” en la que afirmaron unánimemente que todos los postulantes cumplían con los requisitos constitucionales. Posteriormente, la votación consistió únicamente en manifestar un voto “a favor” o “abstención” sin que existiera una motivación pública, individual y razonada para distinguir a cada candidato.

Esta “declaración general” es considerada un sustituto indebido de la evaluación individual de cada aspirante, lo que impide verificar los méritos de manera transparente y objetiva.

Otras irregularidades detectadas

Además de la falta de motivación en los votos, el recurso destaca diversas anomalías durante el proceso:

• Se utilizó un listado con un orden distinto al que fue publicado previamente.
• Se omitieron nombres de candidatos durante la lectura, saltándose a algunos postulantes.
• Fue necesario repetir conteos de votos por falta de certeza en los resultados.
• En un caso específico, el candidato Erick Ramos Sologaistoa fue sometido a una segunda votación que cambió su estatus de “incluido” a “excluido” sin un procedimiento formal que explicara dicha modificación.
• Una vez alcanzados los 20 candidatos, dejaron de votar por el resto, a pesar de que estaban en el mismo rango de puntuación.

Estos hechos, según la acción, vulneran el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación, que establece que la votación debe efectuarse en orden descendente, así como los principios constitucionales de seguridad jurídica e igualdad.

Motivos para acudir directamente a la Corte de Constitucionalidad

Los abogados explican que la Comisión de Postulación cesa sus funciones inmediatamente después de entregar la nómina al Congreso, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que no existe autoridad administrativa ante la cual presentar un recurso que detenga el proceso.

Por esta razón, consideran que la acción de amparo es el único mecanismo disponible para evitar que el Congreso realice la elección con base en una lista que, a su juicio, fue elaborada con irregularidades graves.

En este sentido, solicitan a la Corte de Constitucionalidad que conceda el amparo de forma definitiva, deje sin efecto la nómina entregada y ordene la reposición de la votación final, exigiendo que los comisionados sustenten sus votos de manera pública, individual y razonada.

Contexto y antecedentes

El proceso de selección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral ha sido objeto de observaciones y críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado al Congreso a corregir deficiencias y garantizar transparencia en la elección para fortalecer la institucionalidad democrática.

Por otra parte, sectores empresariales y sociales han expresado su preocupación por la inclusión de personas con señalamientos graves en la lista de aspirantes, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la legitimidad de los futuros magistrados del TSE.

Acción legal previa y exclusión de un candidato

En días recientes, un abogado que también participó en el proceso denunció la exclusión injustificada de su nombre en la nómina final, a pesar de haber obtenido una de las puntuaciones más altas. Este caso fue tramitado ante la Corte de Constitucionalidad y forma parte de las diversas impugnaciones que rodean la elección del TSE.

Estas situaciones evidencian la complejidad y los retos que enfrenta el sistema electoral guatemalteco para asegurar un proceso transparente, justo y conforme a la Constitución.

Implicaciones para el proceso electoral en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral es el ente rector de los procesos electorales en Guatemala, encargado de garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones. La designación de sus magistrados es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y evitar crisis políticas.

El amparo presentado abre un precedente importante en cuanto a la supervisión judicial de los procesos de selección de autoridades electorales y refleja la demanda social y profesional para que dichos procesos cumplan estrictamente con los principios constitucionales y de igualdad.

En este escenario, la Corte de Constitucionalidad deberá analizar el fondo del recurso para determinar si existen elementos suficientes para suspender la elección en el Congreso o si el proceso puede continuar conforme a lo establecido.

El desenlace de esta situación tendrá un impacto significativo en la institucionalidad electoral y, por ende, en la estabilidad democrática del país.