Amparos legales mantienen en suspenso elección de rector en la Usac con posible resolución antes del 1 de julio

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúa en un escenario jurídico complejo, donde diversos amparos provisionales mantienen en suspenso la validez del proceso que culminó con la reelección de Walter Mazariegos.

El equipo legal de la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE) informó que existen dos amparos provisionales que actualmente paralizan la elección, y expresaron su expectativa de que los juzgados de primera instancia emitan una resolución definitiva antes del 1 de julio de 2026, fecha en la que está programada la toma de posesión de Mazariegos.

Contexto y estado actual de los amparos

En conferencia de prensa, representantes legales de DIRE indicaron que la acción judicial busca, principalmente, anular la sesión del Cuerpo Electoral Universitario que se celebró el 8 de abril, la cual validó la elección de Mazariegos. Según explicaron, dicha reunión presenta vicios de nulidad que podrían invalidar todo el proceso electoral.

El abogado Edwin Orozco destacó que "antes del 1 de julio podríamos tener una resolución definitiva de los jueces de primera instancia" y explicó que la anulación de la sesión implicaría la repetición del proceso electoral para rectoría.

Como parte de las acciones legales, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas han respaldado los amparos provisionales, mientras que el Ministerio Público ha adoptado una postura diferente. El equipo legal considera que los argumentos ya se encuentran en la fase final, por lo que la resolución podría conocerse en días o semanas.

Vías legales y argumentos en los amparos

El abogado Mario Trejo, también integrante del equipo jurídico, explicó que los amparos se presentan por dos vías principales. La primera va dirigida contra la comisión y autoridades que avalaron la elección del 8 de abril, con el objetivo inmediato de anular ese evento electoral.

La segunda vía agrupa amparos promovidos por cuerpos electorales que fueron excluidos por el Consejo Superior Universitario (CSU) días antes de la elección. En estos casos, se busca revertir dichas exclusiones, permitir la integración completa del Cuerpo Electoral Universitario y repetir el proceso.

En resumen, todos los amparos están encaminados a anular la elección realizada en abril, según el equipo jurídico.

Detalles sobre exclusiones y acciones legales

El equipo legal detalló que existen alrededor de 20 acciones legales, divididas en diferentes bloques. Trece de ellas corresponden a cuerpos electorales que, según DIRE, fueron excluidos o anulados arbitrariamente por el CSU. Entre estos cuerpos se encuentran representantes estudiantiles, docentes y colegios profesionales.

Además, hay tres amparos relacionados con recursos de revocatoria que, a juicio de DIRE, no procedían en materia electoral universitaria y fueron utilizados para impedir la participación de ciertos cuerpos electorales.

También se mencionan acciones específicas relacionadas con los cuerpos electorales de las facultades de Humanidades y Arquitectura, cuya participación fue avalada a pesar de que existían resoluciones pendientes o suspensiones.

Los abogados señalaron diferencias en la forma en que distintos tribunales están conociendo el caso, indicando que los jueces de primera instancia muestran mayor imparcialidad, en contraste con las salas de apelación, donde el criterio parece verse influenciado por factores externos.

Aspectos sobre la validez de la elección

Otro elemento clave en la disputa es la reducción del cuerpo electoral que participó en la elección del 8 de abril. De los 171 electores inicialmente previstos, solo 75 participaron debido a exclusiones previas.

De acuerdo con la normativa universitaria, para la reelección se requieren dos terceras partes de los votos válidos, por lo que Mazariegos necesitaba al menos 50 votos para ser reelegido. Sin embargo, según el análisis de DIRE, la participación de ciertos cuerpos electorales como Arquitectura, Humanidades e Ingenieros Químicos no debió ser considerada debido a resoluciones pendientes, lo que habría reducido los votos válidos para Mazariegos a 35, insuficientes para la reelección.

Respuesta institucional y postura universitaria

Ante las consultas sobre el proceso, la Universidad de San Carlos ha emitido pronunciamientos a través de sus canales oficiales. La subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Usac confirmó la recepción de una resolución provisional que suspende actos vinculados a la elección, pero denunció irregularidades en el proceso judicial.

Se ha señalado que el Consejo Superior Universitario no ha sido notificado ni forma parte del proceso de amparo, lo que ha impedido ejercer el derecho de defensa. Además, se cuestionó la competencia del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil para conocer el caso.

La universidad ha presentado recursos legales y denuncias contra las resoluciones emitidas, argumentando la defensa de la autonomía universitaria. Por su parte, Walter Mazariegos no ha emitido declaraciones públicas directas respecto a los señalamientos y procesos judiciales.

Impacto académico y situación social en la Usac

La crisis institucional ha generado repercusiones en la comunidad universitaria, incluyendo el cierre del campus central y la transición a clases virtuales. El doctor Rodolfo Chang, candidato impulsado por DIRE, manifestó su preocupación por la afectación académica y denunció la criminalización de estudiantes y docentes que han expresado oposición al proceso electoral.

Asimismo, advirtió sobre medidas disciplinarias contra quienes participan en manifestaciones o críticas, lo que ha generado un clima de coacción y presión dentro de la universidad.

Perspectivas y próximos pasos

El equipo legal de DIRE-USAC manifestó su expectativa de que el panorama institucional podría modificarse con la llegada del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, cuya toma de posesión está prevista para el 17 de mayo de 2026. Se espera que esta nueva administración pueda influir en los procesos legales relacionados con la Usac y en la resolución del conflicto.

En síntesis, la situación de la rectoría en la Usac permanece en un estado de incertidumbre jurídica y política, con múltiples acciones legales en curso que podrían definir el rumbo institucional en las próximas semanas, justo antes de la fecha de toma de posesión prevista para el nuevo período rectoral.