Analistas cuestionan señalamientos y respaldos de candidatos a contralor general de Cuentas

La elección de los seis candidatos a contralor general de Cuentas dejó una nómina en la que tres aspirantes avanzaron pese a tener señalamientos que no fueron desvanecidos y recibieron el respaldo de comisionados que previamente habían votado contra aceptar sus descargos.

Luis Antonio Marroquín Pimentel, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel y Élfego Odair Castañón González llegaron a la votación final con objeciones pendientes.

La situación plantea interrogantes sobre el efecto que tiene una tacha no desvanecida, la posibilidad de que un comisionado rechace el descargo de un aspirante y después vote por incluirlo en la nómina, y el margen de discrecionalidad que permite la legislación.

Luis Fernández Molina, abogado constitucionalista, explica que rechazar un descargo y posteriormente votar por el mismo candidato puede resultar incongruente desde el punto de vista lógico, pero no existe una prohibición jurídica que lo impida.

“Desde el punto de vista jurídico no hay contradicción en esa incongruencia, que sí desde el punto de vista lógico hay una marcada incongruencia”, afirmó.

Una tacha no excluye al aspirante

La permanencia de Marroquín, Castellanos y Castañón en el proceso se explica porque una tacha no desvanecida no constituye automáticamente una causa de exclusión.

Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación, lo señaló después de que quedó integrada la nómina.

“La tacha es un elemento a considerar, pero como ustedes saben, el impedimento de tacha no excluye al candidato. La ley no permite que lo excluyamos y por eso se mantiene en el proceso”, afirmó.

Cortés agregó que también debe valorarse la naturaleza de cada señalamiento, pues, según dijo, existen tachas de forma y otras de fondo.

Fernández Molina coincide en que una tacha no desvanecida queda como antecedente, pero no limita por sí misma la elegibilidad del aspirante.

El abogado añadió que los hechos señalados podrían seguir un curso independiente si existieran elementos para determinar una posible irregularidad. Mencionó como ejemplos los señalamientos relacionados con nombramientos de familiares o inconsistencias en documentos, que eventualmente tendrían que analizarse fuera del ámbito de la Comisión de Postulación.

Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, considera que las tachas no desvanecidas de los tres aspirantes no tienen el mismo peso.

En el caso de Marroquín, señala que la objeción se originó por un traslape de horarios consignados en una declaración jurada. Ibarra hace una valoración distinta de los señalamientos contra Castellanos y Castañón, entre los cuales menciona cuestionamientos relacionados con posibles actos de nepotismo y, en el caso del primero, objeciones sobre aspectos de su trayectoria académica.

Para Ibarra, estos antecedentes deben formar parte de la valoración sobre las garantías de independencia, autonomía, objetividad e imparcialidad de quienes aspiran a dirigir la Contraloría General de Cuentas.

Rechazaron descargos y después dieron su voto

Las votaciones también evidenciaron cambios entre la decisión sobre las tachas y la selección definitiva.

Como documentó Prensa Libre al concluir el proceso, algunos de los comisionados que votaron contra aceptar los descargos de Marroquín, Castellanos y Castañón posteriormente respaldaron a esos mismos aspirantes para integrar la nómina.

Fernández Molina explica que la legislación no condiciona el voto final de un comisionado a la posición que haya asumido previamente sobre una tacha.

Para el abogado, el cuestionamiento se encuentra entonces en la coherencia de ambas decisiones y no en su legalidad.

“No hay parámetros para señalar esa incongruencia, porque ya lo dije, desde el punto de vista lógico es incongruente. Como si no aceptaste, una objeción, ahorita vas a votar por esa persona, ese postulante”, expresó.

La Ley de Comisiones de Postulación tampoco obliga, según Fernández Molina, a que cada integrante motive individualmente el voto con el que apoya o rechaza a un candidato.

A su juicio, la normativa vigente es “muy genérica y muy flexible”, por lo que deja un margen considerable a quienes integran las postuladoras.

Al preguntársele hasta dónde llega esa discrecionalidad cuando deben ponderar méritos, tachas, descargos y honorabilidad, respondió:

Los consensos en la selección

La selección necesitó cuatro rondas de votación. En la primera fue elegido un candidato; en la segunda ninguno alcanzó los votos necesarios; tres fueron seleccionados en la tercera y los dos restantes, en la cuarta.

Cortés reconoció después de la votación que durante el proceso hubo consensos entre los integrantes de la comisión.

“Hemos llegado a algunos consensos, en los recesos es importante, porque tenemos que llegar a consensos. No podemos mantener posturas inflexibles, no se avanza y eso es la democracia también, cómo generamos consensos en la toma de decisiones”, afirmó.

El presidente de la postuladora defendió que la decisión también tomó en cuenta los puntajes obtenidos, las pruebas psicométricas, las revisiones de expedientes y las entrevistas.

Fernández Molina tiene una lectura crítica sobre el papel de esos acuerdos. Considera que los consensos pueden hacer que la selección se aparte de la evaluación individual de méritos, formación y antecedentes, particularmente cuando la falta de votos amenaza con impedir que se complete la nómina.

Ibarra también interpreta el resultado como producto de los respaldos que los aspirantes lograron reunir dentro de la postuladora. A su criterio, algunos candidatos contaban con apoyos de representantes gremiales o de sectores políticos, mientras otros no lograron consolidar una base suficiente de votos.

Como ejemplo menciona a Nora Segura, quien comenzó sin apoyos y posteriormente alcanzó cinco votos, pero no consiguió avanzar. Ibarra contrapone ese resultado con el de aspirantes que, según su análisis, sí lograron sumar respaldos de distintos grupos representados en la comisión.

Experiencia concentrada en la CGC y la SAT

La procedencia institucional es otra característica de los seis seleccionados.

Marroquín, Castellanos y Castañón ocupan cargos en la Contraloría General de Cuentas; Marco Antonio Vélez González presta servicios como asesor de esa institución; Julio Otoniel Roca Morales integra el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y Óscar Alberto Hernández Romero desarrolló buena parte de su carrera en esa superintendencia.

Mynor Lorenzo, de Guatemala Visible, considera que la presencia de funcionarios de la propia Contraloría reconoce la experiencia adquirida dentro de la institución. También destacó la relación de los perfiles procedentes de la SAT con ámbitos vinculados a la fiscalización.

Ibarra reconoce la experiencia y capacidad de los candidatos, pero considera que el análisis debe extenderse a las garantías de independencia que ofrecen los perfiles.

Sobre Vélez, específicamente, afirma que no tiene elementos suficientes para vincularlo con los grupos de interés que identifica alrededor del proceso y considera que presenta un perfil más técnico.

Ibarra sí plantea posibles cercanías políticas o institucionales de otros integrantes de la nómina. Esas relaciones forman parte de su análisis del proceso y de los respaldos que, a su criterio, se configuraron dentro de la postuladora.

La decisión pasa al Congreso

Con la nómina integrada, corresponde al Congreso elegir con al menos 81 votos al próximo contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.

Ibarra advierte que la elección llegará al Legislativo en un período en el que coincidirán otras decisiones de interés para los bloques, entre ellas la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y la elección de la Junta Directiva del Congreso para el 2027.

A partir de esa coincidencia, considera que la elección del contralor podría formar parte de las negociaciones entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.

Ibarra relaciona particularmente ese escenario con el interés de los diputados en el presupuesto y en los recursos destinados a obras en departamentos y municipios. Según su análisis, el Gobierno también tendrá interés en varias de las decisiones que deberá adoptar el Congreso durante ese período.

La directora de Movimiento Pro Justicia anticipa, por ello, una etapa intensa de negociaciones alrededor del presupuesto, la Contraloría, la Junta Directiva y otras iniciativas legislativas.

Fernández Molina, por su parte, considera que lo ocurrido durante la selección vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar la Ley de Comisiones de Postulación.

El abogado califica esa revisión como “impostergable” y sostiene que hace falta una mayor responsabilidad de quienes votan. Entre las posibilidades menciona que cada comisionado manifieste de viva voz a qué candidato respalda.

La nómina dejó así candidatos con tachas no desvanecidas, variaciones entre el voto sobre los descargos y la selección final, y consensos reconocidos por la propia presidencia de la postuladora. La decisión pasa ahora al Congreso, donde los seis candidatos necesitarán reunir los apoyos para que uno de ellos alcance los 81 votos requeridos.