Annabella Morfín asume presidencia de la CC y promete un tribunal guiado por la Constitución

Gladys Annabella Morfín Mansilla, designada magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el presidente Bernardo Arévalo, asumirá la primera presidencia de la nueva magistratura para el período 2026-2031. En declaraciones recientes, Morfín destacó que su gestión estará enfocada en garantizar la prevalencia del orden constitucional, la independencia institucional y el ejercicio ético de la función judicial.

La abogada, con amplia trayectoria en el servicio público, manifestó que la designación representa la culminación de una carrera dedicada a la defensa del derecho y la legalidad. Señaló que la Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad fundamental de asegurar que las actuaciones del Estado se ajusten a los principios y valores establecidos en la Constitución Política de la República.

Compromiso con la independencia y la Constitución

Durante una entrevista concedida a un medio nacional, Morfín aclaró que su nombramiento no estuvo condicionado a compromisos o solicitudes por parte del Ejecutivo. Subrayó que ni el presidente Arévalo le planteó alguna petición específica para ejercer el cargo, ni ella permitiría interferencias que atentaran contra la autonomía del tribunal.

“Absolutamente ninguna. Creo que conocemos perfectamente al presidente y ni él lo pidió ni yo lo habría permitido”, afirmó la magistrada. Afirmó que la agenda de la Corte debe centrarse exclusivamente en la observancia estricta de la Constitución y evitar cualquier tipo de interferencia indebida en las competencias de otros órganos estatales.

Visión sobre la integración y la función judicial

Respecto a las interpretaciones políticas que algunos sectores han hecho sobre la nueva integración de la Corte, Morfín consideró prematuro anticipar el comportamiento de los magistrados en la resolución de casos. Indicó que cada expediente debe analizarse de manera independiente y que no es posible asumir una alineación automática de votos.

“Cada caso es distinto. No podemos tener un cuadrante en el cual se establezca cuál va a ser el comportamiento de los magistrados”, enfatizó.

Postura sobre el conflicto electoral de 2023

En relación con la crisis institucional que rodeó el proceso electoral de 2023, la magistrada manifestó una posición crítica. Señaló que se debió respetar plenamente la autoridad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como órgano constitucional encargado de la materia electoral.

“Lo que tenía que haberse hecho era respetar lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral, que es la institución a la que corresponde resolver los asuntos en materia electoral”, dijo Morfín. Añadió que, durante ese período, se produjeron intervenciones de instituciones que, a su juicio, no contaban con competencia constitucional para involucrarse en el proceso electoral.

Desafíos como presidenta de la Corte

Como futura presidenta del tribunal constitucional durante el primer año del período, Morfín indicó que uno de los principales retos será conocer la dinámica interna de la institución y atender la mora judicial acumulada. Entre sus prioridades figura revisar los mecanismos de asignación de expedientes y evaluar el trabajo de los letrados que apoyan a los magistrados para agilizar la resolución de casos.

“Habrá que establecer cuáles son los mecanismos para la distribución de los casos y que se tenga claridad de que no habrá urgencias ni emergencias que favorezcan casos específicos”, señaló.

Límites en la función constitucional

La magistrada enfatizó que la Corte debe actuar con cautela para no intervenir en áreas que corresponden a otras instancias constitucionales. Citó como ejemplo los procesos de selección de funcionarios que están a cargo de las comisiones de postulación, órganos con mandato constitucional para evaluar y seleccionar candidatos.

En ese sentido, indicó que la Corte no debería sustituir decisiones de estas comisiones salvo que exista una controversia estrictamente constitucional que amerite su intervención.

Ética e integridad en la función judicial

En cuanto a la integridad en el ejercicio judicial, tema que el presidente Arévalo destacó al anunciar su designación, Morfín dijo que un magistrado debe apartarse de cualquier caso en el que exista conflicto de interés.

“No puede uno ser juez y parte de un asunto. Por ética y por integridad, uno debe dejar de conocer en el caso cuando tiene interés en el fondo”, afirmó.

Trayectoria profesional y académica

Annabella Morfín es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito público, académico y profesional, con especialización en derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Entre los cargos más destacados que ha ocupado figuran el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018),durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales. Asimismo, ha ejercido la docencia en universidades nacionales e internacionales y ha brindado asesoría jurídica en diversas áreas del derecho.

Además, ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon),entidad que presidió en diferentes períodos. También se desempeñó como vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y presidenta del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, además de asesora del Procurador de los Derechos Humanos.

Expectativas para la nueva magistratura

Morfin considera que la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad debe actuar siempre con base estricta en el derecho constitucional, especialmente en el marco de futuros procesos electorales, para evitar conflictos institucionales.

Reiteró que el papel de la Corte no es político, sino jurídico, y que la observancia de la Constitución debe realizarse de manera absoluta e indiscriminada.

“La observancia de la ley debe hacerse en forma absoluta e indiscriminada”, concluyó Morfín, apuntando hacia una gestión caracterizada por el respeto a la legalidad y la independencia judicial.