Apelan beneficio otorgado a Benedicto Lucas, acusado de la muerte de más de mil 200 indígenas ixiles

El Ministerio Público (MP) y la organización civil Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) apelaron este miércoles 22 de julio la excarcelación concedida al exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, procesado por crímenes de lesa humanidad.

La AJR, querellante en el caso por el genocidio contra el pueblo maya ixil en Guatemala, informó que interpuso el recurso ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, en respuesta a la concesión, el pasado 15 de julio, de casa por cárcel para el militar en situación de retiro, de 91 años.

La asociación de víctimas argumenta que los delitos de genocidio son imprescriptibles y no admiten beneficios carcelarios, según el derecho nacional e internacional.

En la acusación, junto con la Fiscalía, considera que las medidas otorgadas representan un retroceso en el acceso a la justicia, en un proceso penal que, además, permanece suspendido por un recurso promovido por la defensa del acusado.

“No podemos considerar que un delito de genocidio se puede equiparar con un homicidio culposo. Atrás de los crímenes cometidos hubo una planificación, una ejecución y una obstaculización, en virtud de que pasaron muchos años sin tener acceso a justicia”, declaró Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), entidad asesora del querellante.

Lucas García está acusado de la matanza de más de mil 200 indígenas mayas ixiles, pueblo asentado en las remotas montañas del noroeste de Guatemala, así como de violencia sexual y desaparición forzada en más de mil 500 casos cometidos entre 1981 y 1982, en pleno conflicto armado interno (1960-1996).

Por este caso, la Fiscalía solicitó en noviembre del 2024 una condena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García, quien permanece ingresado en un hospital militar debido a su estado de salud y porque cumple otras condenas por violaciones a los derechos humanos.

El exjefe militar es investigado por su rol en las atrocidades cometidas durante el mandato de su hermano, el expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), quien falleció exiliado en Venezuela en el 2006.

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron indígenas, mientras que la mayor parte de las atrocidades documentadas las cometieron fuerzas armadas estatales.

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