Apelan exclusión de profesionales afines en votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

El proceso electoral para elegir a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra atravesando una controversia jurídica luego de que profesionales de ciencias afines fueran excluidos de la votación por una resolución judicial provisional.

Este martes 3 de febrero, representantes de la sociedad civil y profesionales colegiados en disciplinas afines, como sociología, ciencias jurídicas, relaciones internacionales y criminología, presentaron una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. La acción impugna la resolución de la Sala Sexta de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que ordena excluir a estos profesionales de participar en el proceso electoral del CANG.

Contexto de la controversia

La Sala Sexta otorgó un amparo provisional a favor de dos abogados, quienes solicitaron que únicamente los abogados con colegiatura activa puedan votar para elegir representantes ante la CC. Esta medida implica la exclusión de politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas que están debidamente colegiados y cumplen con sus obligaciones ante el CANG.

La resolución provisional ordena al CANG modificar el padrón electoral para la votación prevista para el 4 de febrero, limitando la participación a abogados exclusivamente. La orden fue emitida con un plazo muy breve para su cumplimiento, lo cual ha generado preocupación entre los actores afectados.

Reacción de profesionales y sociedad civil

Los afectados argumentan que la exclusión vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a elegir y ser elegido, así como el principio de igualdad ante la ley. Además, denuncian que esta medida atenta contra la institucionalidad y la cultura democrática del país.

En representación del grupo apelante, se señaló que negar el derecho a voto a profesionales de ciencias afines que cumplen con sus obligaciones colegiadas es una acción ilegal que afecta el desarrollo democrático dentro del Colegio de Abogados.

Asimismo, se hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que emita una resolución conforme a la ley y sancione a quienes promovieron esta medida, catalogada como una aberración jurídica que afecta el Estado de Derecho en Guatemala.

Posición del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

El CANG ha defendido la inclusión de profesionales de ciencias afines en el proceso electoral argumentando que todos los agremiados tienen derecho a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General. En un comunicado oficial emitido el fin de semana anterior, la entidad enfatizó que el derecho de participación está garantizado para todos los profesionales colegiados, sin distinción.

Implicaciones jurídicas y proceso en curso

La apelación presentada ante la Corte de Constitucionalidad busca revertir la decisión de la Sala Sexta y restablecer el derecho de voto de los profesionales afines. Mientras tanto, el proceso electoral continúa bajo la incertidumbre generada por las diversas acciones legales interpuestas.

Además de la apelación, el CANG interpuso dos acciones de amparo contra la resolución que limita la votación, las cuales fueron remitidas a otras salas de apelaciones competentes para su análisis. Estas instancias deberán resolver para brindar certeza jurídica al proceso de elección.

El magistrado Roberto Molina ha señalado que los casos no fueron acumulados debido a que fueron presentados de forma tardía, y se trabaja en su resolución preventiva para aportar claridad al proceso electoral.

Contexto institucional y político

La controversia se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos y acciones legales que han marcado la renovación de representantes ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. Este proceso ha estado acompañado por debates sobre la legitimidad y transparencia en la selección de candidatos, así como por denuncias sobre interferencias políticas.

La resolución de la Sala Sexta fue firmada por la presidenta Irma Yolanda Sosa Flores y otros integrantes, entre ellos una vocal vinculada a una agrupación política relacionada con un magistrado en busca de reelección, lo que añade una dimensión política a la disputa judicial.

Importancia para el Estado de Derecho en Guatemala

El caso representa un desafío para la institucionalidad guatemalteca y pone en evidencia tensiones sobre la representatividad y participación en organismos colegiados que tienen incidencia directa en la administración de justicia. La participación de profesionales de ciencias afines en el Colegio de Abogados y Notarios refleja una visión integradora que busca enriquecer las deliberaciones y decisiones en materia jurídica y constitucional.

El desenlace de este proceso judicial tendrá repercusiones importantes para la configuración del CANG y su papel en la selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, un órgano clave en la protección de la Constitución y los derechos fundamentales en Guatemala.

Próximos pasos

La Corte de Constitucionalidad deberá emitir un fallo definitivo sobre la apelación presentada por los profesionales y representantes de sociedad civil. Mientras tanto, la votación programada para el 4 de febrero permanece en un estado de incertidumbre jurídica, con la posibilidad de que se suspenda o modifique conforme a la decisión que adopte la máxima corte.

Este caso subraya la importancia de garantizar procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos constitucionales, para fortalecer la institucionalidad y la confianza en las entidades que forman parte del sistema de justicia guatemalteco.