APG declara tres días de duelo por asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y exige justicia junto con el CANG

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) exigieron este lunes 19 de octubre a las autoridades esclarecer el ataque armado en el que murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre pasado, así como identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

Durante el funeral de Solórzano Foppa, representantes de ambas organizaciones condenaron el hecho y expresaron su preocupación por la violencia y sus consecuencias para la sociedad guatemalteca.

La presidenta del CANG, Patricia Gámez, pidió al Ministerio Público (MP) una investigación que permita establecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Exigimos verdad, justicia, exigimos paz, exigimos diálogo, exigimos consenso, exigimos sentarnos a platicar como país, las balas no hablan, las palabras resuelven todo”, expresó Gámez.

La presidenta del CANG calificó el ataque como un acto cobarde y condenable, y manifestó que la muerte de Solórzano Foppa debe llevar a una reflexión sobre la violencia que afecta al país.

Gámez también pidió que el MP ejerza la persecución penal contra los responsables y que las autoridades encargadas de las pesquisas desarrollen una investigación exhaustiva.

“Definitivamente el Ministerio Público tiene que aplicar contundentemente la ley, hacer certera la persecución penal cuando corresponda en contra de los responsables”, afirmó.

La abogada agregó que las autoridades deben efectuar una investigación “efectiva, exhaustiva, profunda, que llegue a la raíz de todo esto”.

APG considera el crimen un atentado contra la libertad de expresión

Mario Resinos, miembro de la APG, manifestó durante el funeral que la organización está preocupada por el asesinato de Solórzano Foppa, a quien describió como una voz crítica que denunciaba la corrupción, el crimen organizado y los problemas del sistema de justicia.

Resinos consideró que el ataque representa una amenaza para la democracia y la libertad de expresión, debido a las denuncias públicas que efectuaba Solórzano Foppa.

“Creemos que es un atentado a la democracia, pero también a la libertad de expresión”, expresó el representante de la APG.

Resinos explicó que la asociación acordó declarar tres días de duelo por la muerte de Solórzano Foppa, como muestra de solidaridad con su familia y de rechazo a la violencia.

También recordó que Mario Solórzano Foppa fue integrante de la APG, por lo que destacó los vínculos de la familia con el periodismo guatemalteco.

El representante de la asociación hizo un llamado a los distintos sectores del país para que promuevan el respeto a las ideas y la dignidad humana, especialmente ante los riesgos de violencia durante el proceso electoral.

La APG también expresó sus condolencias a la familia del profesor de yudo que murió en el mismo ataque armado.

Resinos insistió en que las investigaciones deben permitir identificar a quienes participaron en el crimen y evitar que el caso quede sin castigo.

“La APG precisamente está haciendo un llamado a las autoridades para que este hecho se esclarezca, no quede en la impunidad y, sobre todo, que los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados a la justicia”, manifestó.

Capturas bajo investigación

El ataque armado en el que murieron Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro ocurrió el 17 de octubre.

Después del hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente de su presunta participación en el ataque.

Durante las detenciones, las autoridades incautaron una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador, municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico.

Los dos hermanos quedaron en libertad por falta de mérito, debido a que no se comprobaron los indicios en su contra.

Rigoberto y Daniel Choc Toz sostuvieron que eran inocentes y afirmaron que se dedicaban a entregar comida a domicilio.

Este lunes 19 de octubre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que ordenó a la Inspectoría de la PNC investigar las circunstancias de las capturas, ante los señalamientos de posibles irregularidades en el procedimiento policial.

Villeda aseguró que habrá destituciones si las investigaciones comprueban que los agentes involucrados actuaron de manera ilegal.

Las exigencias de la APG y del CANG se centran en el esclarecimiento del ataque y en que las autoridades establezcan las responsabilidades correspondientes.

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