Aplazan sin fecha el juicio contra señalados por asesinato del alcalde de Chuarrancho

Aplazan sin fecha el juicio contra señalados por asesinato del alcalde de Chuarrancho

El Tribunal Segundo de Sentencia aplazó sin fecha el inicio del juicio contra dos pandilleros señalados por el asesinato del alcalde de Chuarrancho, debido a la destrucción de la sala de videoconferencias y dificultades logísticas.

18 mayo 2026
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El inicio del juicio contra dos integrantes de la pandilla Barrio 18, señalados por el asesinato de Gerson Ajcúc, alcalde de Chuarrancho, fue aplazado sin fecha definida por el Tribunal Segundo de Sentencia. La audiencia estaba programada para el 18 de mayo de 2026 y se tenía previsto realizarla mediante videoconferencia, sin embargo, diversos factores impidieron su realización.

Los sindicados, Erick Solórzano Pirir, conocido con el alias "Chino", y Óscar Alfredo Martínez, alias "Guanaco", enfrentan cargos por el delito de asesinato en relación con el homicidio de Ajcúc, quien falleció baleado el 26 de febrero de 2025 en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico.

Motivos del aplazamiento

La audiencia fue suspendida debido a que la sala designada para videoconferencias en la cárcel Renovación 1, donde ambos reos se encuentran recluidos, fue destruida durante los disturbios y motines ocurridos entre el 17 y 18 de enero de 2026. Esta situación imposibilitó realizar la diligencia de forma remota.

Ante esta circunstancia, el Tribunal solicitó que los acusados fueran trasladados a la Torre de Tribunales para llevar a cabo la audiencia de forma presencial. Sin embargo, el Sistema Penitenciario no autorizó el traslado, argumentando razones de seguridad.

Estas dificultades logísticas y de seguridad llevaron a que el Tribunal decidiera aplazar la audiencia sin definir una nueva fecha, citando además problemas de agenda dentro del órgano judicial. Fuentes judiciales indicaron que el juicio podría reprogramarse entre septiembre y octubre de 2026.

Detalles del caso

El 26 de febrero de 2025, el alcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcúc, fue atacado por sujetos que se desplazaban en motocicleta en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico. El funcionario recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.

La investigación policial identificó a dos individuos en motocicleta implicados en el hecho. Según las pesquisas, alias "Chino" habría sido quien realizó los disparos, mientras que alias "Guanaco" habría conducido la motocicleta. Además, las autoridades señalaron que ambos habrían recibido una suma aproximada de 10 mil quetzales por ejecutar el crimen.

Contexto y repercusiones

Este caso ha generado una gran expectativa en la población de Chuarrancho, un municipio del departamento de Guatemala que ha enfrentado desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad local. El asesinato de un alcalde representa un golpe significativo para la administración pública y la confianza ciudadana en las instituciones.

El aplazamiento del juicio evidencia las dificultades que enfrenta el sistema judicial y penitenciario para garantizar el desarrollo adecuado de procesos judiciales en un contexto de alta vulnerabilidad y violencia dentro de los centros de detención.

En los últimos años, Guatemala ha registrado diversos incidentes en cárceles que han afectado la infraestructura y el normal desarrollo de audiencias por videoconferencia, modalidad que se ha impulsado como parte de la modernización judicial pero que depende de condiciones técnicas y de seguridad para su correcta implementación.

Procedimientos legales y próximos pasos

El Tribunal Segundo de Sentencia continuará con la evaluación del caso y determinará próximamente la fecha para reanudar el debate oral y público contra los acusados. Mientras tanto, ambos permanecen en prisión preventiva en la cárcel Renovación 1, bajo estrictas medidas de seguridad.

El proceso judicial es clave para esclarecer responsabilidades en el asesinato del edil y para enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la impunidad en casos de violencia política y criminal en Guatemala.

Las autoridades instan a mantener el seguimiento a este caso y a otros relacionados con la seguridad en los municipios del país, dado que la violencia contra funcionarios públicos representa un desafío para la estabilidad democrática y el desarrollo local.

La población y sectores interesados en la justicia guatemalteca aguardarán la reprogramación del juicio para conocer el avance del proceso y la posible sanción a los responsables.

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