Aprobación de ley contra el lavado de dinero fortalece transparencia y confianza en Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el pasado 2 de junio la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa que actualiza y unifica la legislación vigente en esta materia, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la legalidad y la competitividad del país en el ámbito financiero y económico.

La nueva ley, respaldada por 147 diputados, sustituye un marco normativo que permanecía vigente por más de 25 años, integrando por primera vez en un solo cuerpo legal las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta actualización responde a la necesidad de adecuar la legislación guatemalteca a los estándares internacionales y a los retos que enfrentará el país en la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027.

Reacciones del sector empresarial y financiero

La aprobación de esta ley ha sido ampliamente reconocida por diversas organizaciones empresariales, entidades financieras y autoridades económicas, que consideran que la normativa representa un avance significativo para fortalecer la institucionalidad y mejorar la imagen internacional de Guatemala.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) calificó la aprobación como una decisión trascendental para mantener la estabilidad financiera y la confianza en el país. Según este sector, la ley contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos internacionales, al tiempo que fortalece las capacidades del Estado para prevenir y combatir estructuras criminales que intentan infiltrarse en la economía formal.

Asimismo, Cacif destacó que esta legislación envía una señal clara sobre el compromiso de Guatemala con el Estado de Derecho y la certeza jurídica, elementos fundamentales para propiciar condiciones favorables para la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible.

Apoyo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport)

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó que la aprobación de la ley es un paso estratégico para mejorar la competitividad del país en el mercado internacional. La organización resaltó que la nueva normativa fortalece la institucionalidad y contribuye a mantener la confianza de inversionistas y socios comerciales, aspectos esenciales para consolidar a Guatemala como un destino seguro y atractivo para los negocios.

Agexport hizo énfasis en que el próximo desafío será garantizar una implementación efectiva, técnica y transparente de la ley, para alcanzar los objetivos planteados y mejorar la reputación internacional del país.

Superintendencia de Bancos destaca modernización y compromiso

La Superintendencia de Bancos (SIB) señaló que la nueva legislación representa un hito, pues integra por primera vez en un solo cuerpo normativo la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, actualizando un marco regulatorio que no había sido revisado durante más de dos décadas.

La SIB reiteró su compromiso de colaborar en la implementación y aplicación de la ley, con el fin de fortalecer la integridad, transparencia y resiliencia del sistema financiero nacional.

Cámara del Agro resalta impacto en la inversión y desarrollo económico

La Cámara del Agro también manifestó su respaldo a la aprobación del Decreto 15-2026. La entidad valoró la ley como un avance en la modernización del marco legal y en la consolidación de mecanismos efectivos para prevenir delitos financieros.

Además, destacó que una adecuada implementación de la normativa contribuirá a preservar la confianza internacional en Guatemala, fortalecer el sistema financiero y crear condiciones más favorables para la inversión, el comercio y el desarrollo económico del país.

Contexto y relevancia de la nueva ley

La aprobación de la ley integral contra el lavado de dinero fue resultado de meses de análisis y debate en el Congreso, impulsada por la presión de sectores públicos y privados, así como de organismos internacionales. Entre los actores que respaldaron la iniciativa figuran la Junta Monetaria, la Asociación Bancaria de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, cámaras empresariales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Embajada de Estados Unidos.

Una de las principales motivaciones para actualizar el marco legal fue la evaluación que el país enfrentará en 2027 por parte de Gafilat, organismo encargado de verificar la efectividad de los mecanismos nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La falta de adecuación podría haber derivado en sanciones o en la inclusión de Guatemala en listas de observación internacionales, con impactos negativos en la reputación financiera, la inversión extranjera, el comercio exterior y las operaciones relacionadas con las remesas.

Con la aprobación de esta ley, las autoridades y sectores económicos consideran que Guatemala avanza hacia una regulación más robusta y alineada con las recomendaciones internacionales, lo que contribuirá a fortalecer el sistema financiero, mejorar la confianza de inversionistas y socios comerciales, y proteger la economía nacional contra actividades ilícitas.

Perspectivas de implementación

Si bien la ley representa un avance normativo importante, los sectores involucrados coinciden en que el verdadero reto radica en su implementación efectiva. Se espera que las instituciones responsables, en coordinación con el sector privado, desarrollen mecanismos técnicos y transparentes que permitan cumplir con los objetivos de prevención y control establecidos en la normativa.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de capacitar a los actores del sector financiero y empresarial para fortalecer la cultura de cumplimiento y promover prácticas que eviten la infiltración del crimen organizado en la economía formal.

Este proceso, aseguran expertos y organizaciones involucradas, será clave para consolidar la reputación internacional de Guatemala y fomentar un clima de negocios seguro, atractivo y competitivo.

En síntesis, la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo marca un hito en la política legislativa guatemalteca, al brindar un marco legal actualizado y adecuado a las necesidades actuales, que busca proteger el sistema financiero, promover la transparencia y fortalecer la institucionalidad para un desarrollo económico sostenible.