“Aquí todos somos víctimas potenciales”: sobrevivientes y sectores critican fallo de la CC sobre suspender limitadores de velocidad

Comunitario

|

Suscriptores

“Son vidas humanas que no se deberían poner en juego con esa situación. En otras palabras, se les está diciendo: sigan corriendo, señores, no valen las vidas”, así reaccionó César Bol, portavoz de Guate para Guate y de la Unidad Nacional de las Víctimas de Tránsito, organización que acompaña a familiares de personas fallecidas y heridas en siniestros viales, al conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Bol calificó la resolución como un “retroceso“, y cuestionó que se privilegien intereses económicos sobre la protección de las personas. Aseguró que los reguladores inciden en el 15% de los accidentes, pero insistió en que pueden ayudar a proteger vidas.

Por otro lado, el diputado Orlando Blanco, quien ha fiscalizado el tema a lo largo del año, advirtió que la decisión puede costar vidas. “La CC fundamentalmente le está dando la espalda al ciudadano usuario del transporte y a la seguridad vial en las carreteras”, afirmó. Cuestionó la resistencia de los transportistas a instalar los dispositivos, y señaló que el exceso de velocidad y la falta de mantenimiento de sus unidades también inciden en los siniestros.

Edgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), consideró que la suspensión deja a los usuarios más vulnerables. “Con la suspensión de la norma para controlar la velocidad, los conductores podrán circular a velocidades superiores, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, operadores y usuarios de la vía pública”, advirtió. Planteó evaluar la tecnología y considerar alternativas como el GPS.

Mientras tres actores coinciden en que la CC no debió suspender la implementación del dispositivo, Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), respaldó la suspensión. Sostuvo que los limitadores representan un negocio por los costos de instalación y certificación, y no garantizan por sí solos la seguridad vial.

“Queremos que se regule la velocidad, que haya presencia policial, mecanismos de medición y que se sancione a los verdaderos infractores”, afirmó.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, también cuestionó los costos. Dijo que configurar un sistema puede costar entre Q300 y Q500, frente a cobros de Q15 mil a Q30 mil.

El empresario de transporte aseguró que la DGT no tiene capacidad de regulación porque tiene unos 10 inspectores para fiscalizar más de 250 mil unidades; también sostuvo que algunos pilotos temen denunciar presuntos cobros ilegales de parte de los inspectores de la DGT, por miedo a represalias.

Mendoza añadió que debe fiscalizarse la sobrecarga. “Nos obligan a llevar 800 quintales en camiones para 440, pero ahí nadie dice nada”, denunció. Añadió que de las tres básculas de camiones que hay en el país, solo funciona una, y propuso reforzar los controles de peso y utilizar radares.

Lea también: Sin seguro y sin apoyo: sobrevivientes de accidentes de tránsito se sienten olvidados

Qué resolvió la CC

La CC resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Fenatrexp) y suspendió provisionalmente dos literales del artículo 2, y otro del artículo 3 de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

Las disposiciones establecían obligaciones para instalar y certificar limitadores de hasta 80 kilómetros por hora. También quedaron suspendidas las sanciones por incumplirlas, incluidas multas y la suspensión del servicio durante seis meses. La decisión no es definitiva.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que acatará la resolución, pero presentará acciones legales ante la CC para defender el sistema.

Al 5 de noviembre, reportó 35 mil 871 vehículos con limitadores —4 mil 531 colectivos y 31 mil 340 de carga— y 229 sanciones desde marzo. La institución lamentó la suspensión y dijo que continuará los controles con las herramientas legales vigentes.

Lea también: DGT admite que no puede hacer cumplir ley de seguridad vial con solo 11 inspectores y 12 multas por limitadores de velocidad