Asesinato de Solórzano Foppa: el reto del MP para esclarecer un posible crimen político
Analistas examinan las hipótesis sobre el asesinato del exfiscal, las primeras capturas y los desafíos para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro plantea al Ministerio Público (MP) el desafío de identificar a los responsables materiales e intelectuales, establecer el móvil del ataque y determinar si existieron intereses políticos o estructuras criminales detrás del crimen.
El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre, aproximadamente a las 9.40 horas, en una cancha sintética de Campo Marte, zona 5 capitalina, donde murieron el exfiscal y el trabajador de la Federación Deportiva Nacional de Judo.
Los analistas Marco Antonio Canteo, Carmen Rosa de León Escribano y Stu Velasco examinan las características del asesinato y las capacidades institucionales para esclarecerlo. Sus interpretaciones abarcan desde un posible crimen político hasta una operación planificada por estructuras criminales.
El caso adquirió otra dimensión el domingo 18 de octubre, cuando una jueza dejó en libertad por falta de mérito a los dos primeros sospechosos capturados por la Policía Nacional Civil (PNC).
¿Fue un crimen político?
Marco Antonio Canteo, analista independiente en temas de seguridad y justicia, considera que el asesinato constituye un crimen de alto impacto, pero advierte que todavía no puede establecerse su motivación.
Explica que para determinar si se trató de un crimen político deben examinarse tres elementos: la intención de los responsables, el perfil de la víctima y el contexto del ataque.
El primero supone identificar una motivación política o ideológica; el segundo, establecer la relevancia pública de la víctima; y el tercero, examinar las condiciones políticas y sociales en que ocurrió.
Canteo señala que el asesinato de Solórzano Foppa ocurrió en un contexto de polarización política y a pocos meses del inicio del proceso electoral del 2027. A ello suma la participación del exfuncionario en investigaciones de alto impacto, asuntos gremiales y debates públicos.
Sin embargo, insiste en que describir esas características no significa que el asesinato pueda clasificarse como político. El analista considera que deben mantenerse abiertas las hipótesis relacionadas con corrupción, crimen organizado y posibles intereses políticos.
También sostiene que la investigación no puede limitarse a identificar a los ejecutores.
“Más importante [es] dar con los actores intelectuales”, afirma al explicar las dificultades que históricamente ha enfrentado Guatemala para esclarecer quién ordena crímenes de alto impacto.
Una operación planificada por fases
Stu Velasco, ex subdirector de Investigación Criminal de la PNC y analista en seguridad, considera que el asesinato presenta características de una operación planificada, posiblemente ejecutada por estructuras del crimen organizado.
“Desde el punto de vista criminológico y criminalístico, se observa a través del análisis del modus operandi que el asesinato del licenciado Solórzano Foppa conllevó una planificación que tuvo una arquitectura criminal propia de alguna o algunas estructuras del crimen organizado”, sostiene.
Velasco plantea tres posibles fases.
La primera habría consistido en labores de inteligencia criminal para obtener información sobre Solórzano Foppa, posiblemente mediante la colaboración de alguien de su entorno laboral, deportivo o personal.
La segunda habría comprendido el seguimiento de sus desplazamientos, hábitos y actividades para identificar momentos de vulnerabilidad.
La tercera correspondería a la ejecución del ataque, cuya eficacia atribuye a un posible conocimiento anticipado de los movimientos del exfiscal y las condiciones del lugar.
El exjefe policial considera necesario investigar si hubo personas que proporcionaron información para organizar el atentado.
Carmen Rosa de León Escribano, analista e investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), también interpreta el ataque como una acción coordinada.
“Es una operación muy coordinada”, afirma, aunque reconoce que todavía falta información para establecer quiénes participaron.
A su criterio, las circunstancias hacen menos probable una acción individual o una discusión surgida en el complejo deportivo.
¿Quiénes pudieron beneficiarse?
Velasco considera fundamental identificar a las personas u organizaciones cuyos intereses pudieron resultar afectados por las denuncias de Solórzano Foppa.
“Quieres saber quién lo asesinó, pregúntate quién se benefició”, plantea como premisa para orientar las hipótesis.
El exfiscal denunció públicamente la fuga de integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II, antes de su confirmación oficial, y divulgó señalamientos sobre pandillas, narcotráfico, corrupción y presuntas vinculaciones entre estructuras criminales y actores políticos.
También abordó asuntos relacionados con la Mara Salvatrucha, los denominados Huistas y la narcopolítica.
Velasco considera que la fuga de los 20 integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II debe investigarse como una de las posibles líneas relacionadas con el asesinato de Solórzano Foppa, para confirmarla o descartarla.
A su juicio, aquella evasión constituyó uno de los primeros golpes del crimen organizado contra el Gobierno y puso de manifiesto posibles vínculos de estructuras criminales con funcionarios estatales.
El especialista atribuye especial importancia a que Solórzano Foppa advirtiera públicamente sobre la fuga antes de su confirmación oficial. Según su interpretación, esa denuncia pudo afectar los intereses de quienes participaron en la evasión y alterar sus planes.
La fuga también tuvo consecuencias judiciales. El Ministerio Público promovió órdenes de captura contra exautoridades de Gobernación y del Sistema Penitenciario, entre ellas el exministro Francisco Jiménez y la exviceministra Claudia Palencia, por su presunta vinculación con el caso.
El 15 de octubre, dos días antes de su asesinato, difundió un video con su interpretación sobre los hechos violentos ocurridos en Huité, Zacapa.
Velasco considera que esos señalamientos pudieron afectar intereses criminales y económicos, provocar investigaciones o generar conflictos entre organizaciones.
No descarta que una estructura actuara individualmente, que varias se coordinaran o que existieran responsables ajenos a las organizaciones mencionadas. El especialista también plantea investigar posibles relaciones entre grupos criminales y personas vinculadas con instituciones estatales.
De León Escribano considera particularmente importante examinar las denuncias sobre Fraijanes II.
“Creo que están estrechamente vinculados”, responde al ser consultada sobre esos antecedentes y los riesgos que enfrentaba Solórzano Foppa.
La investigadora señala que las pandillas mantienen capacidad para ejercer control dentro del sistema penitenciario y articular acciones fuera de las cárceles.
También plantea que un asesinato de estas características podría buscar intimidar a quienes denuncian actividades criminales.
“Creo que lo que va causar es que haya menos personas que quieran denunciar”, expresa.
En su interpretación, el ataque podría contribuir a generar temor e incertidumbre sobre la capacidad estatal para garantizar la seguridad.
Los disparos y una posible venganza
El especialista plantea que las denuncias de Solórzano Foppa pudieron ocasionar pérdidas económicas, afectar operaciones criminales o comprometer relaciones entre estructuras y posibles colaboradores dentro de instituciones públicas.
Por ello, considera necesario investigar si el volumen de fuego respondió únicamente a la intención de asegurar la muerte de la víctima o si existieron otras motivaciones.
De León Escribano también llama la atención sobre las características públicas del ataque.
Considera necesario establecer si los responsables pretendían transmitir un mensaje, generar inseguridad o influir en el contexto político.
Relaciona esa posibilidad con otros episodios de violencia, entre ellos los hechos de Huité, y recuerda ataques contra personas vinculadas con la participación pública durante las negociaciones de paz, como el asesinato de Myrna Mack.
Las capturas que no prosperaron
Los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, originarios de Senahú, Alta Verapaz, fueron capturados aproximadamente diez minutos después del ataque, cuando circulaban por el bulevar San Isidro, zona 16.
La PNC reportó la incautación de un arma y la consignación de una motocicleta.
Los hermanos negaron su participación. Rigoberto afirmó que trabajaban como repartidores de comida y denunció que los agentes los interceptaron dos veces y colocaron un arma en su mochila.
Su defensor, Karlos de León, cuestionó las diferencias entre las prendas descritas inicialmente y las que vestían los capturados. También señaló presuntas irregularidades en la revisión de sus pertenencias y la ausencia de pruebas para detectar residuos de disparos.
El domingo 18 de octubre, una jueza dictó falta de mérito y ordenó su libertad.
Canteo considera que esa resolución plantea interrogantes sobre las primeras actuaciones policiales y la calidad de los indicios.
Recuerda que las primeras horas son determinantes para proteger, procesar y analizar la escena del crimen. También explica que la falta de mérito no impide nuevas imputaciones si posteriormente se reúnen pruebas suficientes.
De León Escribano cuestiona las inconsistencias denunciadas y considera indispensable reconstruir los recorridos mediante cámaras de vigilancia. Señala que Campo Marte tiene varias salidas, lo que puede dificultar la identificación inmediata de quienes abandonaron el lugar.
Velasco considera que la liberación de los dos capturados representa un golpe a la credibilidad del Ministerio de Gobernación y de la PNC, por lo que exige esclarecer las circunstancias de las detenciones y establecer si existieron responsabilidades institucionales.
El ex subdirector de Investigación Criminal sostiene que, si se comprueba alguna actuación ilegal o irregular, deberá investigarse hasta qué nivel de la estructura policial pudo existir responsabilidad.
Según su análisis, una irregularidad de esa naturaleza podría interpretarse como un intento de desviar las investigaciones o incluso de proteger a los verdaderos responsables del asesinato.
El especialista considera indispensable establecer qué ocurrió durante el procedimiento policial y determinar si las actuaciones de los agentes respondieron a errores operativos o a otras circunstancias.
Las lecciones de otros crímenes
Los casos Gerardi, Rosenberg y Parlacen constituyen antecedentes de investigaciones que exigieron esclarecer crímenes de alto impacto. El asesinato de monseñor Juan José Gerardi, en 1998, derivó en condenas contra militares y un sacerdote.
En el caso Rosenberg, ocurrido en 2009, una investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que el propio abogado había organizado su asesinato.
El crimen de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su conductor, en 2007, derivó en investigaciones y condenas contra integrantes de una estructura criminal.
Canteo considera que esos antecedentes demuestran que Guatemala puede desarrollar investigaciones complejas, pero también evidencian la importancia de preservar las capacidades institucionales.
El analista recuerda los avances alcanzados durante distintas administraciones del MP y el apoyo de la cooperación internacional, particularmente de la Cicig. Según su valoración, esas capacidades fueron debilitadas posteriormente y ahora deben recuperarse.
Stu Velasco, quien asegura contar con más de 24 años de experiencia en seguridad e investigación criminal, considera que las pesquisas deben sustentarse en la aplicación rigurosa de los procedimientos criminalísticos.
“No hay crimen perfecto, solo malas investigaciones”, afirma al referirse a las lecciones que, según su experiencia, dejaron los casos de mayor impacto investigados en Guatemala.
El especialista insiste en la necesidad de conservar y asegurar toda evidencia susceptible de manipulación, sustracción, destrucción o alteración, para evitar que las diligencias se vean comprometidas.
El reto para el nuevo fiscal general
Canteo identifica dos condiciones fundamentales: confianza institucional y capacidad investigativa.
Considera indispensable asignar fiscales experimentados, reunir pruebas suficientes y garantizar que las investigaciones puedan llegar hasta sus últimas consecuencias. También reclama mayor coordinación de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De León Escribano expresa confianza en la capacidad de la actual administración del MP para identificar al menos a los ejecutores materiales.
“Yo confío mucho en el nuevo Ministerio Público que está haciendo profesionalmente las investigaciones”, afirma.
Sin embargo, reconoce que establecer quiénes pudieron ordenar el ataque representa otro desafío.
Velasco advierte sobre el riesgo de eventuales infiltraciones criminales dentro de instituciones estatales y considera indispensable investigar sin interferencias políticas.
“Esto es un reto para el nuevo fiscal general que lo pone a prueba en cuanto a su capacidad de dirección y sobre todo a la autonomía que posee para esclarecer cualquier crimen”, sostiene.
El MP informó que ha remitido indicios para análisis técnicos y científicos y que cuenta con acompañamiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), , según se confió a Prensa Libre.
La investigación está bajo reserva judicial.
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