Así se componen los salarios de los 15 alcaldes mejor pagados de Guatemala y por qué varían tanto

En Guatemala, el servicio público local se ha convertido para un grupo de alcaldes en un espacio de ingresos extraordinarios que desafían la realidad económica de sus propias comunidades, según un estudio presentado por Acción Ciudadana (AC) este lunes 10 de agosto.

Mientras se debate la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), el informe revela que los 15 alcaldes con mayores remuneraciones del país le cuestan al erario Q1 millón 215 mil 225 mensuales, en promedio. La cifra incluye sueldos base, dietas y gastos de representación, rubros que se manejan con discrecionalidad, explicó Edie Cux, asesor de la organización.

El análisis se centra en la remuneración total devengada por los alcaldes durante junio del 2026, sin incorporar registros de meses anteriores, y se basa en la información que las propias municipalidades están obligadas a publicar de oficio, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). No se trata de una auditoría financiera, sino de un ejercicio de transparencia activa efectuado entre el 20 y el 29 de julio, indicó Cux.

El hallazgo no solo expone brechas salariales que multiplican por ocho los ingresos del alcalde con la remuneración más baja, sino también un muro de opacidad: el 59.1% de las 340 municipalidades incumple la ley al ocultar o mantener desactualizada la información sobre cuánto perciben sus autoridades.

Qué incluye el salario de los alcaldes

El grueso de los ingresos de los alcaldes mejor pagados no proviene del sueldo base, sino de rubros adicionales, como las dietas por asistir a sesiones del concejo, los gastos de representación que eluden cualquier tope y otras bonificaciones que conforman el total devengado.

La lista nacional elaborada por AC la encabeza Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango, quien en junio del 2026 percibió Q110 mil 196.88. Esta cifra es casi tres veces superior al promedio nacional de los alcaldes que han transparentado y publicado sus informes (Q44,032) y ocho veces mayor que el salario más bajo registrado, de Q13 mil 750, en Santiago Atitlán.

También resalta el caso de San Benito, Petén, que, según el informe, ilustra de forma drástica ese sistema. El alcalde Carlos Antonio Kuylen Morales reportó un salario base de apenas Q6 mil 014.65, pero su remuneración total ascendió a Q58 mil 514.65, lo que significa que devengó 9.7 veces su sueldo nominal.

El 89.7% de sus ingresos provino de pagos adicionales, incluidos Q34 mil 750 bajo el concepto de “otras remuneraciones”, sin desglose detallado.

La distribución de las mayores remuneraciones también muestra una concentración. Escuintla reúne cuatro de los 15 casos; Guatemala, tres, y Quetzaltenango, Chiquimula y Alta Verapaz, dos cada uno.

En general, la composición varía. En algunos casos, el salario fijo representa la mayor parte del sueldo total, mientras que en otros las dietas o los gastos de representación elevan considerablemente el total devengado.

Esa diversidad, según AC, dificulta la comparación y evidencia la necesidad de analizar no solo el monto total, sino el peso de cada componente. Estos montos no implican por sí mismos una ilegalidad, pero justifican revisar su composición.

Cux señaló que esta situación responde a la inexistencia de un estándar nacional. “Hay una alta discrecionalidad en definir sus propios ingresos personales porque no existe un sistema estandarizado del servicio civil”, explicó.

Según el informe, el artículo 44 del Código Municipal faculta al concejo municipal para fijar el sueldo, los gastos de representación y las dietas del alcalde, mediante acuerdos que requieren mayoría calificada y deben ser compatibles con las finanzas de cada comuna. Sin embargo, la norma no establece un límite nacional para la remuneración total, lo que deja margen de discrecionalidad y explica las diferencias entre municipalidades.

Para el experto, Guatemala carece de parámetros que definan cuánto debe ganar un funcionario de alto nivel según la capacidad financiera de su municipio, lo que permite que concejos municipales “se receten” aumentos y bonificaciones de forma arbitraria.

No todas las municipalidades transparentan cuánto ganan sus alcaldes

La elaboración del informe enfrentó la falta de información que las propias municipalidades están obligadas a publicar de oficio, según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se indicó durante su presentación a los medios.

El ejercicio de transparencia también permitió establecer que, a junio del 2026, solo 138 municipalidades (40.9%) tenían información actualizada. Otras 126 publicaron datos desactualizados y 75 no cuentan con portales funcionales o eliminaron deliberadamente el nombre del alcalde de sus planillas.

Zunil y El Palmar, Quetzaltenango, llegaron al extremo de emitir cartas oficiales en las que se negaron expresamente a publicar los salarios. Según Acción Ciudadana, esto constituye un uso abusivo de la autonomía municipal para eludir la fiscalización social y viola la Ley de Acceso a la Información Pública.

“El que se publique esto ya pone un límite a la corrupción”, afirmó Cux. Sin embargo, la falta de datos de municipios con antecedentes de sueldos altos, como Mixco o Villa Nueva, que no tienen disponible esa información y por esa razón no aparecen en el listado, sugiere que el costo real de las remuneraciones municipales podría ser aún mayor que el proyectado en el informe.

Existe un “Top 15 en la sombra”, en el cual alcaldes como el de Lívingston percibían más de Q97 mil en meses previos, pero no actualizaron sus cifras para el periodo del estudio.

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuestionó el porcentaje señalado en el informe. “La información que nosotros hemos podido ver es que son pocos los alcaldes que no tienen publicada su información. […] Veo muy poco factible que solo el 40.9% de las municipalidades tenga publicada su información”, afirmó. Siero indicó que solicitará una revisión de los datos.

Al cierre de esta nota, Siero únicamente se pronunció sobre el porcentaje de municipalidades con información publicada. Sin respuesta a las consultas sobre la justificación de las remuneraciones y los controles para estos pagos.

La erosión de la confianza de los ciudadanos

La relevancia de estos hallazgos trasciende lo numérico e impacta directamente en la confianza ciudadana y la cultura tributaria del país. El monitoreo coincide con un momento de tensión política tras la aprobación de la abolición del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para vivienda. Según Edie Cux, la alegría con la que la población recibe la eliminación de impuestos es un síntoma de una profunda ruptura, debido a que los vecinos no ven los impuestos reflejados en servicios básicos.

“En otros países, las personas manifiestan cuando quitan impuestos porque saben que eso afectará sus servicios. Aquí, una parte de los guatemaltecos está contenta de que se quiten porque interpretan que los impuestos son una ‘caja chica’ para los alcaldes”, advirtió Cux.

Para Acción Ciudadana, el hecho de que un alcalde perciba salarios millonarios mientras los vecinos deben pagar el agua, la luz y el transporte por aparte destruye la legitimidad fiscal de las comunas. “Es corrupción y abuso lo que incide en la gente”, sentenció el asesor.

La desigualdad no solo es nacional, sino que también se manifiesta dentro de los departamentos. En Quetzaltenango, por ejemplo, existe una brecha de Q84,201 entre el alcalde de la cabecera (Q110,196) y el de Colomba Costa Cuca (Q25,995), a pesar de estar en el mismo departamento. Esta falta de coherencia técnica refuerza la percepción de que los sueldos se fijan por intereses políticos y no por criterios de gestión, se añadió.

Proponen cambios para regular los salarios

El informe concluye que la defensa de la autonomía municipal debe ir acompañada de responsabilidad fiscal y no de secretismo. La solución, según los analistas, no es solo administrativa, sino también legislativa y punitiva.

La hoja de ruta planteada exige al Congreso de la República una reforma urgente al Código Municipal para establecer límites y criterios objetivos vinculados con la capacidad financiera real de cada municipio.

Asimismo, se insta a la Contraloría General de Cuentas a ser “novedosa” e incluir auditorías específicas sobre dietas y bonos en su plan anual, para verificar los acuerdos municipales que respaldan estos pagos. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos debe actuar jurídicamente contra las negativas a proporcionar información, y el Ministerio Público debe iniciar investigaciones penales cuando se identifique una obstrucción arbitraria para ocultar estos sueldos.

Como advirtió Cux, no se trata solo de salarios, sino de la calidad de la democracia. Ante la proximidad de los procesos electorales, conocer estas decisiones y el uso de los recursos públicos es clave para que los votantes formen un criterio informado.

Mientras el sistema permita que los funcionarios “hagan lo que quieran” con los ingresos ya legalizados, según explicó, la fiscalización ciudadana y el monitoreo permanente de las organizaciones civiles seguirán siendo una barrera contra el uso del presupuesto municipal como patrimonio personal.

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