
Asíes solicita a magistrada Rivera abstenerse de conocer amparos vinculados a la Usac
La Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) pidió a la magistrada Julia Rivera abstenerse de conocer amparos relacionados con la elección del rector de la Usac, debido a posibles conflictos éticos y para proteger la credibilidad de la...
La Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) emitió un comunicado este 5 de junio en el que solicita a la magistrada Julia Marisol Rivera, integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC),que se aparte de conocer los amparos vinculados al proceso electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Esta petición surge en el contexto de la controversia sobre la reelección del actual rector Walter Mazariegos y busca resguardar la ética profesional y la confianza ciudadana en las resoluciones del máximo tribunal constitucional.
Contexto de la controversia en la Usac
Walter Mazariegos fue declarado ganador de las elecciones para la rectoría de la Usac, en un proceso celebrado en abril de 2026 que ha sido cuestionado por diversos sectores estudiantiles y académicos. Denuncias de supuestas irregularidades, exclusión de cuerpos electorales opositores y la falta de renovación legítima de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) —el órgano que dirige la universidad y que validó la elección— han generado un clima de descontento y movilizaciones.
En particular, el CSU que dirigió la elección no permitió la acreditación de varios cuerpos electorales de oposición ni de otros candidatos, lo que ha motivado múltiples acciones legales cuyo objetivo es impugnar la continuidad de Mazariegos como rector. Pese a esto, el CSU ratificó oficialmente los resultados el 17 de abril y Mazariegos mantiene el control de la universidad.
Rol de la magistrada Julia Rivera en la Corte de Constitucionalidad
Julia Marisol Rivera fue designada magistrada titular de la CC por el mismo CSU que dirige Mazariegos. Su participación en las deliberaciones vinculadas a los amparos sobre la elección ha sido cuestionada por sectores como Asíes, que consideran que su vinculación con el órgano sancarlista podría representar un conflicto de interés y afectar la percepción de imparcialidad del tribunal.
Hasta el momento, no existe una disposición legal que obligue a un magistrado constitucional a excusarse automáticamente de conocer un caso por posibles conflictos éticos o de interés. Sin embargo, Asíes argumenta que la voluntad voluntaria de apartarse en estos escenarios fortalece la credibilidad institucional y protege la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
Acciones legales y decisiones judiciales
Desde la elección del 8 de abril, se han presentado al menos 12 acciones legales ante diferentes instancias, incluyendo juzgados, cortes de apelaciones y la propia CC, con el fin de impugnar el proceso y los resultados electorales. La Corte de Constitucionalidad aún tiene pendiente firmar dos resoluciones clave que podrían validar la continuidad de Mazariegos como rector.
En estas decisiones ha participado la magistrada Rivera, quien incluso votó a favor en un amparo que cuestionaba su propio nombramiento, presentado por un académico que señalaba irregularidades en el proceso de designación de los representantes del CSU ante la CC.
Petición formal de Asíes a la magistrada Rivera
La nota pública emitida por Asíes destaca que “la confianza pública en los tribunales constitucionales descansa no solamente en la calidad técnica de sus decisiones, sino también en la certeza de que estas son adoptadas bajo condiciones que garanticen la más amplia independencia e imparcialidad posible”. En este sentido, la asociación enfatiza que la disposición a apartarse voluntariamente de asuntos que puedan generar dudas razonables sobre la imparcialidad del juzgador es fundamental para preservar la credibilidad de las resoluciones y la confianza ciudadana.
Asíes advierte que la permanencia de la magistrada en los casos relacionados con la elección podría “depredar esa necesaria confianza” y pone en riesgo la ética profesional del órgano constitucional.
Hasta la publicación de este artículo, el Departamento de Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad no ha emitido declaraciones oficiales sobre la petición ni se conoce alguna postura de la magistrada Rivera al respecto.
Manifestaciones estudiantiles frente a la Corte de Constitucionalidad
Paralelamente, un grupo de estudiantes de la Usac realizó una protesta pacífica frente al edificio de la CC la mañana del 5 de junio. Tres jóvenes optaron por encadenarse simbólicamente en el acceso al tribunal para manifestar su rechazo a la reelección de Mazariegos y llamar la atención sobre la importancia de que las acciones legales pendientes sean resueltas con transparencia y justicia.
Los estudiantes expresaron que la protesta busca alertar sobre el posible fraude electoral denunciado y la falta de legitimidad en el proceso, que consideran afecta a la universidad pública más antigua y emblemática de Guatemala.
Situación actual y falta de comunicación oficial
Hasta la fecha, ni Walter Mazariegos ni la Usac han emitido pronunciamientos públicos sobre las críticas y denuncias que pesan en torno a la elección y las acciones legales en curso. El Departamento de Comunicación de la Usac no ha habilitado canales abiertos para la prensa que permitan solicitar información o respuestas oficiales sobre el tema.
La situación mantiene en vilo a la comunidad universitaria y a la opinión pública, mientras la Corte de Constitucionalidad continúa con su proceso deliberativo y la expectativa de una resolución definitiva sobre el caso de la rectoría en la Usac.
Implicaciones para la institucionalidad guatemalteca
Este caso trasciende el ámbito universitario y plantea importantes cuestionamientos sobre el respeto a la autonomía institucional, la transparencia electoral y la integridad de los órganos constitucionales en Guatemala. La defensa de la ética judicial y la independencia de los magistrados son elementos clave para fortalecer el Estado de Derecho y evitar la erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El seguimiento y la atención a este proceso serán determinantes para la estabilidad y credibilidad de la universidad pública y de las instituciones democráticas en el país.
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