Astrid Lemus denuncia ante la OEA presiones para impedir su toma de posesión en la CC

La magistrada titular electa de la Corte de Constitucionalidad (CC),Astrid Lemus, presentó este miércoles 18 de febrero ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia formal sobre presiones y actos que buscan impedir su toma de posesión programada para el próximo 14 de abril.

En una videoconferencia sostenida con los integrantes del organismo hemisférico, Lemus detalló los eventos ocurridos durante la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) el 12 y 13 de febrero, subrayando la intervención del Ministerio Público (MP) en los centros de votación, acción que calificó como una intromisión ilegal y una amenaza al Estado de derecho.

Interrupción de la elección y contexto constitucional

De acuerdo con la magistrada electa, la interrupción de la votación por parte de fiscales del MP no fue un incidente aislado, sino un intento deliberado de obstaculizar un proceso constitucionalmente establecido para la renovación de la máxima corte del país.

“Al pretender interrumpir la elección, se está violentando el orden constitucional y atentando contra el marco legal que rige la renovación de la Corte de Constitucionalidad”, declaró durante su intervención ante la OEA.

Este señalamiento cobra especial relevancia considerando que la elección de magistrados por parte del CANG es un mandato de la Constitución Política de Guatemala, pieza fundamental del sistema jurídico nacional y garante de la estabilidad institucional.

Actuación del Ministerio Público y cuestionamientos legales

Astrid Lemus describió la actuación del Ministerio Público como “grotesca e intimidante”, enfatizando que la intervención no contó con fundamentos legales claros y se basó en una denuncia anónima en un proceso que se mantiene bajo reserva, lo que generó incertidumbre jurídica.

La magistrada destacó que la falta de transparencia en el accionar del MP ha debilitado la seguridad jurídica y la certeza en la institucionalidad guatemalteca, afectando la confianza en la renovación ordenada de la Corte.

“Estos acontecimientos han debilitado nuestro Estado de derecho, al evitar que haya certeza jurídica y seguridad para una transición ordenada en la Corte de Constitucionalidad”, añadió.

Reacciones en el ámbito jurídico y político

El CANG y diversas entidades profesionales han rechazado públicamente las acciones del Ministerio Público durante el proceso electoral interno, defendiendo la legalidad y legitimidad de la elección de magistrados.

Asimismo, se han condenado los allanamientos y registros efectuados incluso a la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, quienes consideran que estas acciones representan una intromisión inapropiada en la autonomía y funciones del gremio.

Implicaciones para el Estado de derecho en Guatemala

En su exposición ante la OEA, Lemus afirmó estar consciente de que su elección y el proceso que la rodea constituyen un punto de inflexión para el país. Subrayó que este episodio puede marcar la recuperación del Estado de derecho o, por el contrario, profundizar la crisis institucional que enfrenta Guatemala.

“O se recupera el Estado de derecho o se profundiza la crisis”, puntualizó, haciendo un llamado implícito a la comunidad internacional y a las autoridades nacionales para que se garantice un proceso transparente y constitucional.

Contexto nacional y desafíos institucionales

La Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad en materia constitucional en Guatemala y su renovación periódica es fundamental para mantener el equilibrio y la independencia judicial. Sin embargo, en los últimos años, el sistema judicial ha enfrentado múltiples desafíos relacionados con la politización, presiones institucionales y cuestionamientos sobre la independencia del MP y otras entidades.

El proceso electoral interno del Colegio de Abogados para elegir a los nuevos magistrados ha sido observado con atención tanto a nivel nacional como internacional, debido a la trascendencia que tiene para el futuro del sistema judicial guatemalteco.

La denuncia presentada ante la OEA refleja la preocupación por preservar la autonomía y la independencia judicial en un contexto donde las instituciones parecen estar bajo presión, afectando la estabilidad democrática y el respeto a la Constitución.

Conclusión

La denuncia de Astrid Lemus ante el Consejo Permanente de la OEA pone en evidencia una situación de tensión institucional en Guatemala, donde la participación del Ministerio Público en el proceso electoral interno del Colegio de Abogados ha sido cuestionada por su posible carácter intimidatorio y violatorio del orden constitucional.

Este caso subraya la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar procesos transparentes que respeten la legalidad, para evitar mayores fracturas en el sistema democrático y asegurar la continuidad en la renovación de la Corte de Constitucionalidad, órgano clave para la defensa de los derechos constitucionales en Guatemala.