
Auditoría revela faltantes en ingresos y regalías de la autopista Palín-Escuintla y abandono en obras viales
La Contraloría General de Cuentas detectó irregularidades en el reporte de ingresos y regalías por peajes en la autopista Palín-Escuintla y denunció abandono en obras viales en Quiché, presentando denuncias penales contra exfuncionarios del Ministerio...
La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó esta semana ante el Congreso de la República un informe que revela irregularidades significativas relacionadas con el manejo de ingresos y regalías en la autopista Palín-Escuintla, además de evidenciar el abandono de obras viales en Quiché. Estas situaciones motivaron la interposición de denuncias penales y sanciones económicas contra funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Irregularidades en ingresos y regalías de la autopista Palín-Escuintla
El informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2025 detectó que la empresa concesionaria de la autopista Palín-Escuintla, Constructora Marhnos Sociedad Anónima, no reportó de manera completa los ingresos generados por el cobro de peajes. La investigación abarcó la operación y mantenimiento desde el 1 de septiembre de 1997 hasta el 31 de agosto de 2024, concluyendo en julio de 2025.
Según el documento "Resumen de Pagos del 1% al Gobierno de Guatemala", incluido en el informe de aforos e ingresos de abril de 2023, Marhnos reportó ingresos superiores a Q2 mil 200 millones, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, desde el 1 de enero del 2000 hasta el 30 de abril de 2023. En concepto de regalías, la empresa retribuyó aproximadamente Q22 millones al Estado.
Sin embargo, la auditoría reveló que cinco de las 17 garitas de peaje instaladas en la autopista no reportaron ingresos durante casi un año, debido a que operaron sin estar conectadas al sistema informático centralizado de control de aforos e ingresos. Esta situación fue conocida por la coordinadora de la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones, sin que se tomaran medidas correctivas para exigir el cumplimiento del contrato y reglamento vigentes.
El reglamento de operación de la autopista, establecido por el acuerdo ministerial 1161-97, exige que todas las transacciones se registren en un sistema que garantice la transparencia y certeza en el control de ingresos. La falta de conexión de las casetas auxiliares al sistema informático afectó la integridad de los reportes y generó dudas sobre la correcta retribución del 1% de ingresos al Estado.
Ante estos hallazgos, la CGC presentó denuncias penales en contra del representante legal de Marhnos y de la coordinadora responsable dentro del Ministerio de Comunicaciones. En sus descargos, ambos defendieron la legalidad de sus acciones, destacando la utilización de facturación electrónica y la necesidad de carriles auxiliares para evitar congestiones. No obstante, la Contraloría aclaró que el sistema de facturación electrónica es exclusivamente tributario y no sustituye el control de aforos exigido contractualmente.
Abandono y deficiencias en obras viales en Quiché
Además de los hallazgos en la autopista Palín-Escuintla, la CGC auditó contratos para la construcción y mejoramiento de la carretera RD-QUI-21, específicamente en los tramos 3 y 4 en Quiché, donde identificó un abandono notorio de las obras y deficiencias técnicas importantes.
El examen especial abarcó el período del 8 de marzo de 2018 al 25 de abril de 2025 e incluyó la revisión del área técnica y la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones. Se constató que ambas obras presentan fisuras en puentes, deformaciones en la carpeta asfáltica, hundimientos, falta de drenajes y señalización, así como acumulación de sedimentos que afectan la funcionalidad de las alcantarillas.
El contrato del tramo 3, denominado "Mejoramiento carretera La Libertad-San Juan Chactelá", con una longitud de 32.34 kilómetros, tenía un monto original de Q217.8 millones, que luego se incrementó a Q304 millones, y un plazo vencido el 31 de mayo de 2023. No obstante, siete años después de adjudicado, el avance físico era inferior al 50%, mientras que los pagos realizados superaban el 80%, generando una diferencia de Q98.3 millones entre monto pagado y obra ejecutada.
Por su parte, el tramo 4, "Construcción carretera San Juan Chactelá-Ixcán", de 45.78 kilómetros, tenía un monto actualizado de Q282.1 millones y plazo vencido también en mayo de 2023. En este caso, el avance físico era del 67%, pero los pagos alcanzaban el 93%, dejando una diferencia de Q77.6 millones entre monto pagado y trabajo realizado.
Responsabilidades y sanciones
Ante estos hallazgos, la CGC presentó denuncias penales contra el exdirector general de Caminos y el coordinador de la División de Supervisión de Construcciones, señalándolos por abandono de obra y pagos irregulares por un monto total que supera los Q539 millones.
En sus descargos, los involucrados atribuyeron la responsabilidad a la empresa supervisora contratada para el proyecto y negaron recibir reportes o advertencias para tomar acciones. Sin embargo, la auditoría confirmó que existían actas y registros que evidencian la falta de gestión para resolver la situación contractual y técnica de las obras.
Asimismo, la Contraloría impuso sanciones económicas al exministro de Comunicaciones y al exdirector general de Caminos por incumplimiento contractual y por realizar pagos sin la debida recepción de obra. El exministro no presentó documentación de descargo ni participó en la discusión de hallazgos, por lo que la CGC confirmó los cargos y las multas.
Recomendaciones y perspectivas
El informe final de la Contraloría recomienda reforzar la vigilancia sobre futuras concesiones y garantizar que los sistemas de cobro en autopistas y otros proyectos estén integrados a plataformas informáticas auditables y transparentes. Además, enfatiza la necesidad de una gestión eficiente y responsable de los contratos de obra pública para evitar la pérdida de recursos y la mala ejecución de proyectos vitales para el desarrollo vial del país.
Estos hallazgos reflejan desafíos persistentes en la administración de infraestructura en Guatemala, donde la supervisión y el control efectivo son fundamentales para asegurar la correcta inversión de fondos públicos y la prestación de servicios de calidad a la población.
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