Aumenta presión política y empresarial para aprobar ley antilavado en Guatemala

En las últimas semanas, Guatemala ha visto un incremento significativo en la presión política y empresarial para que el Congreso apruebe la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT). Esta demanda surge en un contexto crucial, a menos de ocho meses de que el país enfrente la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),previstas para febrero de 2027.

La necesidad de modernizar el marco legal en materia antilavado es respaldada por diversas instancias nacionales e internacionales. La Junta Monetaria, máxima autoridad económica del país, ha reiterado desde 2025 la urgencia de aprobar la normativa que permita fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas prácticas ilícitas. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su apoyo y ha instado a las autoridades guatemaltecas a avanzar en la implementación de reformas que garanticen la alineación con estándares internacionales.

Compromiso de autoridades y sector privado

El presidente de la República hizo un llamado directo al Congreso para que no se dilate más la aprobación de la ley antilavado. Durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, enfatizó que la legislación es indispensable para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris del GAFI y Gafilat, lo que podría perjudicar seriamente la economía nacional.

El mandatario señaló que la inclusión en esta lista no es un riesgo hipotético, sino una amenaza concreta que podría afectar las remesas, la inversión extranjera y la reputación del país en los mercados internacionales. Subrayó que la ley cuenta con el apoyo de múltiples sectores ciudadanos y que corresponde a los legisladores actuar con responsabilidad para garantizar el avance del país.

Impacto económico y reputacional

Las remesas, principal fuente de divisas para Guatemala y sustento vital para miles de familias, podrían verse afectadas en caso de que la ley no sea aprobada oportunamente. La Junta Monetaria alertó que la ausencia de un marco legal robusto contra el lavado de dinero podría traducirse en un aumento de comisiones y obstáculos operativos para el envío de estos recursos.

Adicionalmente, el sector financiero nacional podría enfrentar restricciones y mayores costos para mantener relaciones con bancos corresponsales internacionales. La falta de adecuación a las normas internacionales también podría limitar el acceso a flujos de capital extranjero y mercados financieros, impactando la estabilidad y crecimiento económico del país.

Pronunciamiento unánime del sector empresarial

La preocupación por la situación también fue expresada por más de 57 organizaciones empresariales que integran el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). En una conferencia de prensa, representantes del sector privado hicieron un llamado público a los diputados para que aprueben la ley integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, conocida como iniciativa 6593.

El presidente del Cacif destacó que la aprobación de esta legislación es fundamental para fortalecer la institucionalidad del país y proteger su estabilidad económica. Además, enfatizó que la actualización normativa es un paso técnico y estratégico que Guatemala debe asumir con responsabilidad para evitar sanciones y preservar la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Respaldo internacional

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también se ha sumado a los llamados para la aprobación de la ley. En una publicación oficial en redes sociales, la sede diplomática instó a las autoridades legislativas a adoptar una normativa que cumpla con los estándares internacionales del GAFI. Destacaron que esta medida contribuirá a cerrar espacios para actividades ilícitas que afectan tanto a Guatemala como a Estados Unidos, promoviendo así la prosperidad y seguridad bilateral.

Contexto y próximos pasos

Guatemala será evaluada desde enero de 2027 por Gafilat en la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas, proceso que revisa la efectividad del sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El resultado de esta auditoría determinará si el país cumple con los estándares internacionales y ofrecerá recomendaciones para fortalecer el sistema.

De no obtener una calificación favorable, el país podría ingresar a la lista gris, una categoría que identifica a naciones con deficiencias en la prevención de estos delitos. Esta situación conllevaría sanciones, restricciones financieras y un deterioro en la percepción internacional, afectando la inversión y las relaciones comerciales.

Los jefes de bloque legislativos han señalado que trabajan para alcanzar consensos y se prevé que la ley podría ser aprobada en sesión plenaria a principios de junio. Sin embargo, algunos diputados han propuesto modificaciones a la iniciativa, lo que ha generado demoras en el proceso.

Relevancia para Guatemala

La aprobación de la ley antilavado es considerada un elemento clave para fortalecer la institucionalidad financiera del país y mejorar su posicionamiento internacional. La normativa actualizará y ampliará las disposiciones vigentes para incorporar recomendaciones técnicas internacionales, garantizando una mayor transparencia y control en las operaciones financieras.

Además, la ley contribuirá a combatir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aspectos que forman parte de los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

Conclusión

La convergencia de voces provenientes del Ejecutivo, sector privado, organismos internacionales y aliados estratégicos refleja la urgencia de que Guatemala modernice su legislación para enfrentar los retos vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La aprobación pronta y efectiva de la ley antilavado será fundamental para preservar la estabilidad económica, proteger el flujo de remesas y mantener la confianza de la comunidad financiera internacional.

El país se encuentra en un momento decisivo que requiere de un compromiso conjunto para evitar consecuencias negativas que podrían impactar a diversos sectores y frenar el desarrollo nacional.