Aumentan denuncias por delitos contra la propiedad y proyecta un crecimiento del 11% en el 2026

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De los cinco delitos observados por el Observatorio de Derechos de Propiedad, tres muestran una alta incidencia y una tendencia de crecimiento durante el 2026, en comparación con el 2025.

El caso más reciente de usurpación ocurrió en la finca Yalcobé, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) y se encuentra en el juzgado correspondiente.

El documento Termómetro de Derechos de Propiedad, elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad, presenta las estadísticas de los delitos contra la propiedad comprendidas entre el 1 de enero del 2025 y el 26 de junio del 2026, así como las diligencias de desalojo. El informe registra 8,946 denuncias, proyecta un crecimiento del 11% durante el 2026 con relación al 2025 y reporta 52 diligencias de desalojo solicitadas al MP.

Falsedad y usurpación lideran las denuncias

Al desglosar las denuncias, se registran 5 mil 648 relacionadas con falsedad, de las cuales 2 mil 897 corresponden a falsedad ideológica y 2 mil 751 a falsedad material, delito que representa la principal amenaza por el fraude relacionado con títulos y registros.

Por usurpación se registran 3 mil 298 denuncias, de las cuales predominan las de usurpación agravada, con mil 904 casos; le siguen la usurpación simple, con mil 197, y la usurpación en áreas protegidas, con 197. Estas invasiones ocurren en un ambiente de violencia o intimidación.

Guatemala concentra más denuncias

El documento identifica los 10 departamentos con mayor incidencia de estos delitos. Guatemala concentra el 42.5% de las denuncias, equivalente a 3 mil 799 casos, es decir, cerca de cinco de cada 10 denuncias registradas. El 57.5% restante se distribuye en el resto del país.

Le siguen Petén, con 467 casos; Quetzaltenango, 461; Escuintla, 456; Alta Verapaz, 409; San Marcos, 389, y Huehuetenango, 379.

Falsedad documental facilita el despojo

Andrea Cáceres, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad, explicó que las estadísticas reflejan que las vulneraciones al derecho de propiedad continúan siendo un problema estructural en Guatemala y que, de mantenerse la tendencia observada durante el primer semestre del 2026, las denuncias crecerían aproximadamente un 11% con respecto al 2025.

“La relevancia de los delitos de falsedad radica en que evidencian que muchas invasiones no consisten únicamente en la ocupación física de un inmueble. Con frecuencia van acompañadas de escrituras falsas, protocolos notariales fraudulentos, alteración de documentos o suplantación de identidad para aparentar derechos sobre la propiedad, dificultar la investigación penal y retrasar la recuperación del inmueble por parte de su propietario legítimo. La falsedad documental se ha convertido en uno de los principales mecanismos para consolidar el despojo de la propiedad”, resaltó Cáceres.

Denuncias por usurpación y falsedad siguen al alza

La directora del Observatorio puntualizó tres hallazgos derivados del análisis de las estadísticas:

• Las denuncias mantienen una tendencia de crecimiento y todo apunta a que el 2026 cerrará por encima del 2025.
• La falsedad documental continúa siendo el delito de mayor incidencia y representa aproximadamente el 63% de todas las denuncias relacionadas con los derechos de propiedad, lo que confirma que las vulneraciones son cada vez más sofisticadas y trascienden la simple ocupación física de los inmuebles.
• La composición de los delitos prácticamente no cambia de un año a otro, lo que demuestra que existe un patrón estructural y no un fenómeno aislado.

Finalmente, consideró que preocupa la disminución en la ejecución de diligencias de desalojo. Mientras en el 2025 se ejecutó el 49% de las diligencias solicitadas, en el 2026 ese porcentaje ha descendido al 22%, lo que evidencia una brecha importante entre la resolución judicial y la restitución efectiva del derecho de propiedad.

Proyectan alza en delitos contra la propiedad

Cáceres enfatizó que, si el comportamiento observado hasta el 26 de junio se mantiene durante el resto del año, el 2026 podría cerrar con aproximadamente 6,448 denuncias por delitos relacionados con los derechos de propiedad, lo que representaría un incremento cercano al 11% con respecto al 2025.

“Si bien se trata de una proyección estadística basada en la tasa diaria de denuncias y deberá confirmarse al cierre del año, constituye una señal de alerta de que este tipo de delitos continúa en aumento y requiere respuestas institucionales oportunas y coordinadas”, aclaró.

Usurpaciones se vinculan con redes organizadas

En cuanto a los departamentos que concentran la mayor incidencia de estos delitos, la directora del Observatorio explicó que las estadísticas muestran una marcada concentración territorial, lo que evidencia que las afectaciones al derecho de propiedad tienen presencia en distintas regiones del país.

“Más allá de la distribución geográfica, el patrón que observamos es la creciente presencia de modalidades de usurpación ejecutadas por estructuras organizadas. Desde el Observatorio hemos identificado que las tipologías con mayor impacto en Guatemala son, por un lado, la apropiación con fines de lucro, en la que grupos organizados promueven invasiones para posteriormente vender o alquilar fraudulentamente los terrenos; y, por otro, la apropiación con fines de criminalidad organizada, donde grupos delictivos ocupan inmuebles estratégicos para desarrollar actividades ilícitas”, indicó.

Ambas modalidades suelen ir acompañadas de delitos de falsedad documental para aparentar derechos sobre los inmuebles y dificultar la recuperación de la propiedad por parte de sus legítimos titulares.

Piden agilizar acciones contra usurpaciones

Los acercamientos institucionales se han mantenido con las autoridades del Ministerio Público (MP).

Al respecto, el Observatorio destacó que las nuevas autoridades del MP han manifestado públicamente su compromiso de fortalecer la atención a las víctimas, mejorar la eficiencia de la investigación penal y modernizar la institución.

“Desde la perspectiva del Observatorio, una de las principales prioridades debe ser garantizar una actuación inmediata frente a los delitos que afectan el derecho de propiedad. En los casos de usurpación, la respuesta oportuna es fundamental para evitar que la ocupación ilegal se consolide y que los daños sean cada vez mayores”, expresó Cáceres.

“La pronta recuperación de la propiedad no solo protege los derechos de su legítimo titular, sino que también evita la paralización de proyectos productivos, la pérdida de inversiones, la suspensión de actividades económicas y la afectación de empleos que dependen de esos inmuebles”, agregó.

“Cuando una invasión permanece durante meses o años sin una respuesta efectiva, se deteriora la certeza jurídica y se envía un mensaje negativo a quienes invierten y generan empleo en el país”, añadió.

Por ello, indicó que será fundamental fortalecer la investigación de los delitos de usurpación y falsedad documental, así como la coordinación interinstitucional, para garantizar una justicia pronta y efectiva que permita la recuperación oportuna de la propiedad conforme a la ley.