Autoridades indígenas de Totonicapán exigen a la CC resolver acción contra delito de terrorismo presentada en 2025

La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán emitió una solicitud formal a la nueva integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para que retome y resuelva una acción de inconstitucionalidad contra la tipificación del delito de terrorismo, presentada en septiembre de 2025 y que permanece sin resolución hasta la fecha.

Según el comunicado oficial emitido por las autoridades indígenas, la acción fue conocida en una vista pública el 27 de noviembre de 2025; sin embargo, el proceso fue aplazado y no se ha emitido ninguna sentencia definitiva.

Ante esta situación, el 14 de abril de 2026 las autoridades comunales presentaron una nueva solicitud para que la Corte de Constitucionalidad, en su nueva conformación, conozca el caso y emita un fallo conforme a derecho, respetando el debido proceso y garantizando el acceso a la justicia. Esta petición responde a la preocupación por la demora y la necesidad de brindar seguridad jurídica a las comunidades indígenas.

Argumentos contra la tipificación del delito de terrorismo

En su pronunciamiento, los representantes indígenas expresan que la actual tipificación del delito de terrorismo vulnera el principio de legalidad, uno de los pilares fundamentales del derecho penal. Señalan que la redacción de esta figura legal es amplia y ambigua, lo que podría generar interpretaciones arbitrarias y afectar derechos fundamentales.

Las autoridades argumentan que este tipo penal ha sido utilizado en ocasiones contra líderes y autoridades indígenas, lo que califican como un intento de criminalizar la protesta social y limitar la defensa de los derechos humanos de sus comunidades.

Contexto internacional y recomendaciones

El comunicado cita además el amicus curiae presentado por el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, quien ha resaltado la importancia de que las leyes penales respeten el principio de legalidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos. El experto reconoce los desafíos que representa la lucha contra el terrorismo, pero enfatiza que la protección de los derechos humanos debe ser prioritaria.

Este pronunciamiento internacional refuerza la demanda de las autoridades indígenas guatemaltecas para que la Corte de Constitucionalidad emita un fallo que evite la aplicación arbitraria de esta figura penal, garantizando que no se utilice como herramienta para reprimir acciones legítimas de defensa de derechos.

Implicaciones para Guatemala y el sistema judicial

La solicitud realizada por las autoridades comunales de Totonicapán se inscribe en un contexto más amplio de defensa de los derechos indígenas y la lucha contra la criminalización de la protesta social en Guatemala. La demora en la resolución de esta acción de inconstitucionalidad genera incertidumbre jurídica y potenciales riesgos para los líderes comunitarios que participan en procesos sociales y políticos.

El respeto al principio de legalidad y a los derechos fundamentales es un requisito indispensable para fortalecer el Estado de derecho en el país. La Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal constitucional, juega un papel clave en la garantía de estos derechos y en la supervisión de la constitucionalidad de las leyes penales.

Las autoridades indígenas instan a la nueva Corte a resolver esta acción dentro de los plazos establecidos por la ley, evitando que la figura del delito de terrorismo sea utilizada de forma arbitraria. Asimismo, llaman a que se respete el derecho de las personas a la defensa y a la protesta pacífica, elementos esenciales para la convivencia democrática y el respeto a la diversidad cultural en Guatemala.

Conclusiones

La petición presentada por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán pone en relieve un debate vigente sobre la tipificación penal del terrorismo y su impacto en los derechos humanos en Guatemala. La resolución que emita la Corte de Constitucionalidad tendrá implicaciones importantes para la protección de las garantías constitucionales y la promoción de un sistema judicial más justo y equitativo.

En este contexto, es fundamental que las instancias judiciales actúen con diligencia y apego a la ley, tomando en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y la realidad social de las comunidades indígenas, que históricamente han enfrentado múltiples desafíos para ejercer plenamente sus derechos.

La sociedad guatemalteca y los organismos internacionales estarán atentos al desarrollo de este proceso, que podría sentar precedentes relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal en el país.