Avalan 120 proyectos para tratar aguas residuales en distintos puntos del país

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La creciente contaminación de los cuerpos de agua, que se ha visto agravada en los últimos años por el vertido de aguas residuales sin tratamiento en ríos, lagos y otros mantos acuíferos en el país, representa uno de los mayores problemas y desafíos ambientales y sanitarios no solo en Guatemala, sino también a escala global.

Este fenómeno no solo afecta la calidad del agua superficial y subterránea, sino que también compromete la salud de los ecosistemas y de las poblaciones que dependen de ellos. En este contexto, las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) constituyen una solución técnica indispensable, ya que, mediante procesos físicos, biológicos y químicos, transforman la carga contaminante, devuelven el agua en condiciones seguras al medioambiente y permiten su reutilización en riego, actividades industriales y usos urbanos, siempre con estrictos controles de desinfección.

Según datos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), hasta el 21 de agosto último se habían recibido 151 solicitudes relacionadas con la construcción de plantas de tratamiento de aguas en distintos puntos del país.

Los datos proporcionados indican que, del total de solicitudes recibidas, 120 proyectos han sido aprobados, lo que convierte en prioridad la depuración de las aguas residuales en distintos departamentos.

Adicionalmente, cinco proyectos se encuentran en fase de análisis, dos han sido rechazados, 13 están registrados, cuatro aún no han sido recibidos y ocho se hallan en proceso de corrección.

La información detalla la distribución departamental de los proyectos para la construcción de estas plantas de tratamiento de aguas que han sido aprobados hasta la fecha.

Según se indica, Suchitepéquez encabeza la lista con 32 proyectos, seguido de Jutiapa y Sacatepéquez, con 14 cada uno; Guatemala cuenta con 12; El Progreso aparece con 10; Zacapa con siete; Retalhuleu con seis; Escuintla, con cinco; Jalapa, con cuatro; Chimaltenango, Chiquimula y Totonicapán, con tres cada uno; Quiché e Izabal con 2; y, finalmente, San Marcos, Huehuetenango y Santa Rosa, con un proyecto cada uno.

El principal objetivo de los proyectos es reducir la contaminación de ríos, lagos y acuíferos y mejorar la calidad de vida de las comunidades, explicó la Scep. En el 2025 se aprobaron un total de 87 proyectos de este tipo, mostrando un crecimiento del 37.93% hasta dicha fecha de agosto según indica la entidad.

Cumplimiento de la normativa ambiental

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que la construcción de estas estructuras no solo contribuye a cumplir con la normativa ambiental vigente —acuerdo gubernativo 19-2021, que contiene las disposiciones para promover la protección y conservación de cuencas hidrográficas de la República de Guatemala—, sino que también genera beneficios ecológicos, económicos y sociales.

“Se protegen los ecosistemas acuáticos, se disminuyen riesgos para la salud humana, se fomenta la reutilización responsable del agua y se avanza hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Son vitales porque permiten a las municipalidades cumplir con el saneamiento ambiental, frenar la contaminación de ríos y lagos, y prevenir enfermedades en las comunidades locales”, explicó el Marn.

La cartera también indicó que se han llevado a cabo varias evaluaciones sobre la implementación de las plantas de tratamiento de aguas en el interior del país, en las que se ha podido evidenciar que hay comunas que han implementado adecuadamente sus plantas de tratamiento de aguas, mientras que otras han presentado deficiencias.

Un ejemplo de los controles implementados en estas verificaciones fueron las sanciones impuestas por la cartera a finales del 2025 a 15 municipalidades de Sololá por el manejo inadecuado de sus aguas residuales que desembocan en el lago de Atitlán.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Ambiente, 10 de las 15 municipalidades sancionadas en esa ocasión cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales se ubican en:

Sololá (tres plantas), Panajachel (una), Concepción (una), Santa Cruz La Laguna (una), San Andrés Semetabaj (una), San José Chacayá (una), Santa Lucía Utatlán (una), San Marcos La Laguna (una) y Santa Catarina Palopó (dos).

Como acciones adicionales, el Viceministerio del Agua también está trabajando en la creación de planes y manejo de 38 cuencas en distintos puntos del país, bajo el amparo del acuerdo gubernativo 19-2021.

Asimismo, la cartera espera que, por medio de la aprobación de la Ley de Aguas, que ya fue remitida al Congreso, también se puedan tomar medidas adicionales para el buen manejo de las aguas residuales en el país.

Crecimiento urbano y falta de regulación

Selvin García, exalcalde de Pachalum, Quiché, y expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam), consideró que la implementación de plantas de tratamiento de agua en todos los municipios del país debe ser una prioridad, debido al crecimiento urbano y a la contaminación, que se han incrementado en los últimos años.

Según explicó, muchos municipios vierten sus aguas residuales sin tratar en las cuencas de los ríos y lagos o las acumulan en tanques, lo que ocasiona malos olores y contaminación.

“Generalmente en algunos lugares lo que hacen es que el agua no se trata, simplemente cae a un río o generan tanques donde el mal olor y la contaminación es bastante grande. Entonces, hoy creo que ya las municipalidades, los alcaldes con visión están comprendiendo que, para la conservación del ambiente, tanto los desechos sólidos, como la contaminación de agua es imperativo empezarlo a resolver”, afirmó.

El exjefe edil también recalcó que la expansión de áreas urbanas y la construcción —viviendas, edificios e industrias— agravan el problema, ya que “no hay una regulación estricta que exija a estas construcciones planes de saneamiento” para el buen manejo de desechos y conservación del recurso hídrico.

“Hay municipalidades que también carecen de ordenamientos jurídicos, tanto de urbanización para entes privados, como reglamentarios para poder obligar a empresas, a condominios, a residenciales y áreas industriales para que también puedan ser parte de la solución de este problema”, aseguró García.

Otro aspecto que señaló es que más del 80% de las municipalidades del país no cuenta con una capacidad económica considerable para construir plantas de este tipo.

“El costo elevado y la poca rentabilidad electoral hacen muchas veces que este tema no sea una prioridad”, añadió.

Ante esta situación, García consideró que debe haber una coordinación entre el Gobierno Central y las municipalidades para la creación de políticas públicas estatales que puedan estar acompañadas de incentivos económicos —presupuesto, préstamos con garantía estatal— para que los municipios puedan llevar a cabo la implementación de estos proyectos y así contribuir al buen manejo de las aguas residuales en el país.