Avanza elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, CSJ aún pendiente

Avanza elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, CSJ aún pendiente

Cuatro de los cinco entes electores han iniciado la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad 2026-2031, mientras la Corte Suprema de Justicia aún no comienza su proceso.

13 febrero 2026
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El proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) correspondiente al período 2026-2031 ha comenzado en cuatro de los cinco órganos encargados de esta designación, con excepción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),que permanece rezagada en el inicio de su procedimiento.

Entes responsables de la elección de magistrados

De acuerdo con el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la designación de magistrados de la CC corresponde a cinco entes electores: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los artículos 154 y 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen los procedimientos específicos para la convocatoria y elección que cada órgano debe seguir para designar a sus representantes ante la alta corte.

Proceso de elección por entidad

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

El Colegio de Abogados y Notarios fue el primero en iniciar su proceso, publicando la convocatoria el 30 de diciembre de 2025 para que sus agremiados votaran por los candidatos a magistrados titular y suplente. La elección se llevó a cabo el 4 de febrero, resultando en una segunda vuelta programada para el 12 de febrero, donde se disputan la magistratura titular Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios, mientras que para la suplencia compiten Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo.

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos

El CSU convocó a postulaciones el 26 de enero. La recepción de expedientes tuvo lugar el 5 y 6 de febrero, con la presentación de 14 profesionales. Entre los candidatos destacan la actual magistrada presidenta de la CC, Leyla Susana Lemus Arriaga, quien busca la reelección, y la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, quien se postula a ambas magistraturas. La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado preocupación sobre cómo la posible designación de Porras podría afectar la legitimidad del proceso.

El CSU tiene previsto elegir a sus magistrados titular y suplente el 16 de febrero.

Congreso de la República

El Congreso aprobó el 19 de enero la convocatoria para la elección de magistrados titular y suplente. La recepción de expedientes comenzó el 2 de febrero y concluirá el 20 de febrero. Hasta la fecha, solo cuatro profesionales han presentado documentación. La revisión de expedientes se realizará entre el 23 de febrero y el 13 de marzo, a cargo de una comisión mixta integrada por diputados de la Junta Directiva y jefes de bloque. La elección está programada para el 14 de marzo, 30 días antes de la toma de posesión de los magistrados.

Organismo Ejecutivo

El 9 de febrero, el Ejecutivo lanzó una convocatoria abierta con el objetivo de transparentar el proceso de elección para magistrados de la CC. La recepción de documentos se realizará del 16 al 20 de febrero, con revisión del 23 de febrero al 6 de marzo. Entre el 11 y 13 de marzo, el Consejo de Ministros se reunirá para que el presidente decida a los candidatos designados. El anuncio oficial se espera entre el 13 y 14 de marzo.

Corte Suprema de Justicia

La CSJ es el único ente que no ha iniciado el proceso para designar a sus magistrados ante la CC. Esto se debe a que los magistrados del Organismo Judicial aún no han elegido a su presidente, proceso que acumula un retraso de aproximadamente cuatro meses.

Transparencia y desafíos en el proceso de elección

Expertos en el ámbito judicial han señalado la importancia de que los procesos de elección de magistrados se desarrollen con plena transparencia y apertura hacia la sociedad civil para garantizar la legitimidad y evitar dudas sobre la imparcialidad de las designaciones.

Se advierte preocupación ante la posibilidad de que algunas etapas del proceso se realicen a puerta cerrada o sin el suficiente escrutinio público, lo que podría representar un retroceso respecto a experiencias anteriores en las que se aplicaron principios de publicidad y acceso a la información.

En particular, se espera que el Congreso y la Presidencia de la República mantengan espacios abiertos a la participación ciudadana durante la elección. Asimismo, se observa con atención cómo la CSJ abordará su proceso de selección, dado el retraso actual y la falta de fechas concretas.

Implicaciones legales y posibles impugnaciones

La Ley de Amparo establece que únicamente los procesos del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados y Notarios pueden ser impugnados ante instancias judiciales. Las designaciones realizadas por el presidente en Consejo de Ministros, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia son inimpugnables.

En caso de que alguno de los entes no concluya sus designaciones antes del 14 de abril, el actual magistrado titular o suplente continuará en funciones hasta que se nombre a su sucesor, evitando vacíos en la integración de la CC.

Contexto nacional y relevancia

La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala y juega un papel clave en la interpretación y defensa de la Constitución Política. La renovación de sus magistrados para el período 2026-2031 es un proceso de alta relevancia para el sistema judicial y la gobernabilidad del país.

La participación activa y transparente de los entes electores es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que la CC mantenga su independencia y capacidad para resolver conflictos constitucionales de manera imparcial.

El desarrollo de estos procesos será monitoreado de cerca por sectores jurídicos, organizaciones civiles y la comunidad internacional, dada la incidencia que tienen las decisiones de la CC en la estabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Guatemala.

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