Avanza la Renovación de la Corte de Constitucionalidad: Cuatro de Cinco Designaciones Previstas para el 3 de Marzo

El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala experimentará un avance significativo el próximo martes 3 de marzo, cuando se prevé que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) definan la designación de cuatro de los cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes que conformarán la nueva magistratura para el período 2026-2031.

Contexto y estructura de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad está integrada por un total de diez magistrados, divididos en cinco titulares y cinco suplentes. Su conformación actual está próxima a cambiar, dado que los mandatos de varios integrantes culminan y se deben elegir nuevos representantes. Este órgano judicial es fundamental para el sistema jurídico guatemalteco, ya que es el máximo intérprete de la Constitución y tiene atribuciones clave en la protección de derechos fundamentales y en la resolución de controversias constitucionales.

Designaciones previas y pendientes

Hasta la fecha, los órganos que ya han efectuado sus nominaciones son el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El CANG concretó la designación de Astrid Lemus como magistrada titular y Luis Bermejo como suplente, resultados que no fueron impugnados y por tanto quedaron firmes.

Por otro lado, el CSU designó a Julia Rivera y José Aguirre Pumay en los cargos correspondientes, aunque estas decisiones enfrentan impugnaciones que aún no han sido resueltas. La eventual aceptación de estas impugnaciones podría abrir nuevamente la puerta para que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien ha manifestado su interés en integrarse a la CC, sea considerada para la magistratura.

Próximas designaciones: Congreso y Corte Suprema de Justicia

Las designaciones pendientes corresponden a los poderes Legislativo y Judicial. El Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia realizarán sesiones plenarias el 3 de marzo para elegir, cada uno, un magistrado titular y un suplente. Para que estas designaciones sean válidas, en el Congreso se requiere la aprobación de al menos 107 de los 160 diputados, mientras que en la CSJ se necesitan al menos 7 de 13 magistrados para tomar una decisión.

Candidatos en el Congreso

Entre los nombres que circulan como posibles candidatos para la magistratura titular en el Congreso destacan dos figuras:

• Roberto Molina Barreto: Abogado con vínculos con grupos políticos conservadores, quien ha respaldado en la CC decisiones cruciales del 2023, incluyendo la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Fue el primer presidente de la actual Corte por ser el miembro de mayor edad y experiencia.
• Rony Eulalio López: Magistrado suplente actual de la CC, conocido por emitir votos discrepantes en algunas resoluciones constitucionales, lo que le otorga una posición diferenciada dentro del órgano.

Ambos candidatos parecen contar con un nivel similar de apoyo entre los diputados, según fuentes parlamentarias.

Para el cargo de magistrado suplente se perfila con fuerza el nombre de Ana Isabel Antillón, reconocida por su desempeño en la Dirección Legislativa y con antecedentes favorables en el ámbito jurídico.

Candidatos en la Corte Suprema de Justicia

En la CSJ la contienda se encuentra principalmente entre dos magistrados titulares de la CC que buscan renovar su período:

• Dina Ochoa: Actualmente magistrada titular, considerada favorita inicialmente para la designación.
• Héctor Hugo Pérez Aguilera: También magistrado titular y aspirante, quien presentó su expediente formalmente ante el Poder Judicial.

La elección de la CSJ será decisiva para definir parte fundamental de la nueva conformación de la Corte de Constitucionalidad.

Plazos y relevancia para el Ejecutivo

El presidente Bernardo Arévalo ha establecido como fecha límite el 14 de marzo para que se complete la designación tanto del magistrado titular como del suplente asignados a su competencia, lo que evidencia la importancia que tiene para el Ejecutivo contar con una Corte renovada y estable en el corto plazo.

Implicaciones políticas y judiciales

La renovación de la Corte de Constitucionalidad siempre ha sido un proceso sensible en Guatemala, dada la influencia que este órgano ejerce sobre el equilibrio de poderes y la vigencia del Estado de Derecho. Las designaciones dependen en gran medida de acuerdos políticos entre las distintas fuerzas parlamentarias y judiciales, lo que puede condicionar el perfil de los nuevos magistrados.

La posible inclusión de la fiscal general Consuelo Porras, en caso de que se resuelvan favorablemente las impugnaciones contra las designaciones del CSU, generaría un impacto significativo debido a su actual posición en el Ministerio Público y el papel que ha desempeñado en procesos judiciales de alto perfil.

Conclusión

La jornada del 3 de marzo será decisiva para la configuración de la Corte de Constitucionalidad en los próximos cinco años. Con cuatro de cinco magistrados titulares y suplentes en vías de ser definidos, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos la responsabilidad de seleccionar a quienes serán los guardianes de la constitucionalidad y los derechos fundamentales en Guatemala.

Este proceso es seguido con atención por actores políticos, sociales y judiciales, dado que la nueva composición de la CC determinará en gran medida el rumbo de la justicia constitucional y la estabilidad institucional en el país.