Bernardo Arévalo designa a Annabella Morfin y María Magdalena Jocholá como magistradas de la Corte de Constitucionalidad

El pasado 11 de marzo de 2026, el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, realizó la designación oficial de las magistradas que integrarán la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. En un anuncio difundido a través de sus redes sociales y las del Gobierno, el mandatario indicó que Gladys Annabella Morfin Mansilla ocupará el cargo de magistrada titular, mientras que María Magdalena Jocholá Tujal fue designada como magistrada suplente.

La elección de ambas profesionales se llevó a cabo en el Consejo de Ministros, en el marco del proceso de renovación del sistema de justicia que corresponde a las elecciones de segundo grado. Las designaciones forman parte de una estrategia gubernamental orientada a fortalecer la institucionalidad y garantizar el respeto al Estado de derecho en Guatemala.

Compromiso con la transparencia y la justicia

El presidente Arévalo manifestó que tanto Morfin como Jocholá reúnen los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que la Constitución Política de Guatemala exige para integrar el máximo tribunal constitucional del país. El mandatario destacó que estas designaciones responden a un mandato popular para impulsar una transformación profunda en la administración de justicia.

“He designado a dos grandes profesionales para transformar la justicia de nuestro país”, afirmó el gobernante, enfatizando su confianza en que ambas magistradas estarán a la altura de los retos que enfrenta Guatemala y contribuirán decididamente a la protección de la Constitución.

Perfil profesional de Gladys Annabella Morfin Mansilla

Gladys Annabella Morfin Mansilla es una reconocida profesional del derecho con una extensa trayectoria en el sector público, académico y jurídico. Su experiencia abarca diversas áreas, incluyendo derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Entre los cargos más destacados en su carrera se encuentran su gestión como ministra de Trabajo y Previsión Social entre 1993 y 1996, así como su desempeño como procuradora general de la Nación durante el período 2016-2018. Además, ha sido docente en universidades tanto nacionales como extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica especializada en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.

Morfin es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). También cuenta con estudios de posgrado realizados en la Universidad Rafael Landívar. Su compromiso con el fortalecimiento institucional se refleja en su labor como fundadora de organizaciones jurídicas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad, tales como el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon),entidad que presidió en distintos periodos.

Trayectoria y aporte de María Magdalena Jocholá Tujal

Por su parte, María Magdalena Jocholá Tujal es una abogada y notaria originaria del pueblo maya kaqchikel, con más de dos décadas de experiencia profesional en el ámbito jurídico y la función pública. Su carrera se ha centrado en el fortalecimiento del sistema de justicia y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Jocholá ha desempeñado funciones docentes en la Escuela de Estudios de Posgrado de la USAC y en las unidades de capacitación del Organismo Judicial. Asimismo, ha trabajado en instituciones como el Congreso de la República, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público.

Durante su trayectoria, también ha colaborado como especialista en pueblos indígenas y asesora en derechos humanos para la American Bar Association Rule of Law Initiative. Posee una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho otorgados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su labor se ha enfocado en promover el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos en comunidades indígenas.

Contexto y relevancia institucional

La Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad judicial en materia constitucional en Guatemala y juega un papel clave en la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. La renovación de sus magistraturas es un proceso de relevancia nacional, ya que influye directamente en la impartición de justicia y en la garantía del marco constitucional del país.

En este contexto, el proceso de selección y designación de magistrados ha sido objeto de atención pública y políticas de transparencia debido a la importancia de fortalecer la independencia judicial y erradicar prácticas de corrupción en el sistema de justicia guatemalteco.

La designación de Annabella Morfin y María Magdalena Jocholá se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Bernardo Arévalo para promover reformas y fortalecer las instituciones democráticas, con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, la inclusión de sectores históricamente marginados y el combate a la impunidad.

Expectativas y desafíos futuros

El nombramiento de ambas magistradas ha generado expectativas en distintos sectores sobre una posible transformación en la Corte de Constitucionalidad, con mayor énfasis en la ética, la transparencia y la defensa irrestricta de la Constitución. Se espera que su gestión contribuya a consolidar un sistema judicial más justo, inclusivo y eficiente.

La comunidad jurídica y la sociedad civil vigilarán de cerca el desarrollo de sus funciones, a fin de garantizar que las decisiones que emitan desde la CC estén alineadas con los principios constitucionales y los derechos fundamentales.

En suma, el Gobierno de Guatemala apuesta por un cambio en la administración de justicia a través de la designación de perfiles profesionales, con experiencia y compromiso social, que respondan a las demandas ciudadanas y fortalezcan la institucionalidad democrática del país.