Bukele defiende juicios masivos a pandilleros y los compara con los procesos de Núremberg

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha salido en defensa de los juicios masivos que se llevan a cabo contra un grupo de 486 supuestos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13),estableciendo una comparación directa con los emblemáticos procesos judiciales de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes del régimen nazi tras la Segunda Guerra Mundial.

A través de sus redes sociales, Bukele respondió a críticas emitidas por activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes han cuestionado la legitimidad y la justicia de estos procesos colectivos, realizados bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.

Contexto del juicio masivo

El juicio masivo en El Salvador involucra a 486 personas acusadas de pertenecer a la estructura criminal de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas del país y de la región. Según la Fiscalía General de la República, 413 de los procesados se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT),una prisión de máxima seguridad creada como parte de la estrategia gubernamental para combatir la violencia generada por estas organizaciones delictivas. Para los restantes 73, se han emitido órdenes de captura.

El proceso judicial se basa en un modelo de audiencia única implementado tras reformas al Código Penal impulsadas por la administración Bukele. Esta modalidad permite juzgar colectivamente a un gran número de acusados y mantener el proceso abierto para incluir futuros imputados, en un intento por acelerar y consolidar la ofensiva contra las pandillas.

Defensa presidencial y comparación con Núremberg

El mandatario salvadoreño calificó a los imputados como “terroristas” y “cabecillas de pandillas bien conocidos”, subrayando que la mayoría ya han sido condenados por crímenes graves que incluyen asesinato, violación seguida de asesinato, extorsión y secuestro. Bukele enfatizó que el juicio masivo aborda las órdenes de más de 47 mil crímenes atribuidos a estas organizaciones, entre ellos más de 29 mil asesinatos probados más allá de toda duda razonable.

En su defensa, Bukele resaltó que el principio legal aplicado no es una invención del gobierno salvadoreño, sino la figura de la responsabilidad de mando, utilizada internacionalmente para hacer responsables a los líderes por los crímenes cometidos por sus subordinados. Este concepto fue fundamental en los juicios de Núremberg, realizados entre 1945 y 1949 para juzgar a funcionarios y colaboradores del régimen nazi por crímenes de guerra y contra la humanidad.

“¿Injustamente injusto? Estos terroristas no son delincuentes menores”, afirmó Bukele en su cuenta de X, instando a cuestionar si las críticas a los juicios también se extienden a los procesos históricos contra el nazismo o si, por el contrario, aplican una lógica selectiva.

Críticas internacionales y respuesta gubernamental

Uno de los principales cuestionamientos provino de Kenneth Roth, exdirector de una reconocida organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos, quien calificó el juicio colectivo como “lamentablemente injusto” y expresó preocupación por el uso de poderes de emergencia «controvertidos» para realizar estos procesos. Roth destacó que El Salvador permanece bajo un régimen de excepción desde 2022, lo que ha generado un marco legal excepcional para la persecución de pandilleros.

Ante estas críticas, Bukele replicó con un cuestionamiento directo a los críticos, sugiriendo una posible doble moral al oponerse a estos juicios mientras se aceptan otros procesos judiciales en diferentes contextos.

Amnistía Internacional también ha emitido observaciones sobre el caso, reconociendo la importancia histórica del principio de responsabilidad penal en el derecho internacional, pero advirtiendo sobre la necesidad de garantizar procesos justos y respetuosos de los derechos humanos.

Implicaciones para Guatemala y la región

La situación en El Salvador tiene resonancia en Guatemala y otros países centroamericanos, donde la violencia de pandillas representa un desafío constante para la seguridad y la justicia. Las estrategias adoptadas por Bukele, aunque controversiales, han sido observadas de cerca por gobiernos vecinos que enfrentan problemas similares.

En Guatemala, las autoridades también han impulsado reformas y operativos para combatir la criminalidad organizada, pero con un enfoque que busca equilibrar la eficacia con el respeto a los derechos fundamentales. La experiencia salvadoreña abre el debate sobre la viabilidad y los riesgos de los juicios masivos y el uso de estados de excepción para enfrentar amenazas complejas.

Conclusión

El respaldo del presidente Bukele a los juicios masivos contra los supuestos cabecillas de la MS-13, comparándolos con los procesos históricos de Núremberg, ha generado un debate intenso sobre la justicia, la seguridad y los derechos humanos en contextos de violencia extrema. Mientras el gobierno salvadoreño sostiene que estos mecanismos son necesarios para combatir el crimen organizado y hacer responsables a los líderes criminales, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos advierten sobre los posibles excesos y la necesidad de garantizar procesos legales justos y transparentes.

El caso continúa siendo un punto crítico para la región, cuyos países buscan estrategias efectivas para enfrentar la violencia sin comprometer los principios fundamentales del Estado de derecho.