Bukele mantiene respaldo por seguridad, pero enfrenta críticas por deuda y derechos humanos

El 1 de junio de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple dos años de su segundo mandato consecutivo, periodo marcado por un fuerte respaldo ciudadano basado principalmente en sus políticas de seguridad, pero también por un creciente escrutinio debido a la situación económica y denuncias en materia de derechos humanos.

Durante la inauguración de las nuevas oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) en Antiguo Cuscatlán el 19 de mayo, Bukele reafirmó la aspiración de convertir a El Salvador en un país con el máximo respeto por la ley y el orden en el mundo. Este discurso coincide con uno de los principales factores que han impulsado su popularidad: la significativa reducción de la violencia y homicidios en el país.

Seguridad, principal factor de apoyo

Desde que asumió la Presidencia en 2019, Bukele ha implementado un régimen de excepción que ha suspendido ciertas garantías constitucionales con el objetivo de combatir las pandillas, un problema que históricamente ha afectado a El Salvador. La tasa de homicidios, que llegó a superar los 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2015, ha disminuido a 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2025, según datos oficiales.

Esta estrategia, aunque controvertida, ha sido percibida por gran parte de la población como efectiva. Encuestas realizadas al cierre de 2025 reflejan una aprobación presidencial que alcanza el 91.9%, un nivel récord en la historia reciente del país. La reducción de la violencia ha sido un factor clave para este respaldo, especialmente tras episodios críticos como la masacre de marzo de 2022, donde más de 80 personas fueron asesinadas en tres días.

Críticas y denuncias por derechos humanos

No obstante, el régimen de excepción también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales. Más de 6,400 denuncias documentadas señalan detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado sobre posibles violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y ha instado al Gobierno a poner fin a estas medidas excepcionales.

Según cifras oficiales, más de 92 mil personas han sido detenidas durante este régimen, y el propio Bukele ha reconocido que al menos 8 mil de ellas podrían ser inocentes. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías y la posible afectación a activistas y críticos del Gobierno.

Expertos en derechos humanos señalan que, a corto plazo, es poco probable que se implementen mejoras significativas en esta materia. Además, algunas fuentes independientes reportan un número de muertes violentas que no coincide con las cifras oficiales, lo que refuerza la inquietud por la situación de seguridad y justicia en el país.

Economía y deuda pública: desafíos crecientes

Si bien la seguridad sigue siendo uno de los logros más destacados del Gobierno de Bukele, la preocupación económica ha desplazado a la violencia como tema prioritario para los ciudadanos. A inicios de su segundo mandato, el presidente prometió impulsar la recuperación económica tras la reducción de la violencia, pero los resultados han sido limitados según analistas.

El crecimiento económico promedio durante la administración Bukele se sitúa en torno al 2.8%, una cifra similar a la registrada en la década anterior. Aunque en 2025 se reportó un crecimiento de 3.9%, este desempeño no se traduce en mejoras significativas en sectores fundamentales como educación y salud.

Un aspecto especialmente preocupante es el aumento de la deuda pública. Datos oficiales indican que a noviembre de 2025 la deuda del sector público no financiero alcanzó los 32,613 millones de dólares, equivalente al 89.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Este incremento representa un endeudamiento histórico para El Salvador, con un aumento de más de 9,000 millones de dólares desde el inicio del Gobierno de Bukele.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de 1,400 millones de dólares al país, reflejando las dificultades en las finanzas públicas. Expertos económicos advierten que una deuda elevada puede limitar la capacidad del Estado para invertir en desarrollo social y enfrentar posibles crisis económicas.

El Foro Económico Mundial ha incluido el endeudamiento estatal dentro de los principales riesgos para El Salvador, junto con una posible desaceleración económica y problemas en el acceso a alimentos. La sostenibilidad de la deuda es un tema que preocupa tanto a especialistas como a la ciudadanía en general.

Reforma constitucional y contexto político

El actual período presidencial, que originalmente iba de 2024 a 2029, fue modificado tras una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Esta reforma adelantó las próximas elecciones presidenciales para 2027 y habilitó la reelección indefinida con períodos de seis años.

Durante los comicios que permitieron la reelección de Bukele, observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron inquietudes sobre la equidad electoral, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de campañas y el uso de recursos públicos, generando cuestionamientos respecto a la transparencia del proceso.

Hasta la fecha, el mandatario no ha confirmado si buscará un nuevo mandato en 2027, aunque en 2025 manifestó su interés por continuar gobernando más allá del período actual.

Perspectivas para la segunda mitad del mandato

El presidente Bukele enfrenta un escenario complejo en la segunda mitad de su gobierno. Por un lado, mantiene un sólido respaldo basado en la percepción de seguridad y orden público. Por otro, deberá responder a las crecientes demandas económicas y sociales, así como a las críticas por la situación de derechos humanos.

El equilibrio entre mantener el control de la violencia y garantizar el respeto a las garantías fundamentales será un desafío clave para el futuro político y social de El Salvador. Asimismo, el manejo responsable de la deuda pública y la promoción de un crecimiento económico inclusivo serán determinantes para consolidar un desarrollo sostenible en el país.

En este contexto, la atención de la comunidad internacional y la sociedad salvadoreña se mantiene alerta ante la evolución de estas dinámicas, que definirán el rumbo del país en los próximos años.