Cacif exige combatir el crimen organizado y evitar su infiltración en las elecciones del 2027

Cacif exige combatir el crimen organizado y evitar su infiltración en las elecciones del 2027

El Cacif pidió fortalecer la seguridad y la justicia, recuperar el control de las cárceles y combatir las finanzas del crimen organizado. También advirtió sobre el riesgo de infiltración criminal en las elecciones del 2027.

8 octubre 2026
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El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Arias, advirtió este jueves 8 de octubre sobre el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en los partidos políticos, las candidaturas y el financiamiento de las campañas para las elecciones generales del 2027.

Durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026, Arias pidió a las autoridades electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía vigilar el proceso para impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas encuentren espacios en la política nacional.

El dirigente empresarial sostuvo que los candidatos deben contar con trayectoria, capacidad y honorabilidad, debido a que las decisiones que se adopten en las próximas elecciones tendrán consecuencias para el desarrollo institucional del país.

Arias también exigió recuperar el control de las cárceles, combatir las extorsiones y fortalecer la persecución financiera de las organizaciones criminales, al advertir que la inseguridad afecta la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Según los datos expuestos durante el encuentro, cuatro de cada 10 empresas en Guatemala han sido víctimas de extorsión, mientras que el impacto económico de la inseguridad equivale aproximadamente al 7.7% del producto interno bruto (PIB).

El presidente del Cacif señaló que las estructuras criminales operan dentro y fuera de los centros penitenciarios, por lo que pidió impedir que las cárceles continúen utilizándose como centros de operación de redes dedicadas a la extorsión.

También solicitó fortalecer las investigaciones financieras y reglamentar cuanto antes la legislación contra el lavado de dinero, conforme a estándares internacionales, para combatir los recursos económicos que sostienen al crimen organizado.

Arias planteó cuatro prioridades: mejorar la coordinación institucional, perseguir los recursos financieros de las organizaciones criminales, recuperar el control de los centros penitenciarios y fortalecer la independencia y capacidad del sistema de justicia.

Además, pidió que el presupuesto nacional del 2027 priorice la seguridad y la justicia, con énfasis en el uso eficiente de los recursos disponibles.

El dirigente destacó el convenio de cooperación entre instituciones de seguridad y justicia anunciado durante Enade 2026, aunque advirtió que su efectividad dependerá de resultados verificables, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas.

Proponen reducir los homicidios

Durante Enade 2026 también se presentó una propuesta para reducir la tasa de homicidios a menos de ocho por cada 100 mil habitantes para el 2036, mediante el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la recuperación del control de las cárceles y una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.

Según los datos presentados, Guatemala registraba una tasa de 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2009, mientras que en junio del 2026 el indicador se situaba en 16.3, una reducción superior al 65%.

La presentación señaló que el país registra aproximadamente ocho homicidios diarios, equivalentes a una muerte violenta cada tres horas. Además, nueve de cada diez víctimas son hombres, siete de cada diez tienen entre 15 y 39 años y el 85% de los homicidios se comete con armas de fuego.

Los datos también indican que Escuintla y Guatemala registran tasas cercanas a 39 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Totonicapán, Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango presentan indicadores inferiores a dos.

La propuesta busca reducir nuevamente a la mitad la tasa de homicidios durante los próximos diez años, mediante una estrategia que involucre a las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

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Fuente original: Prensa Libre

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