Cacif pide investigar trabas municipales a proyectos de infraestructura vial, de electricidad y construcción

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Carlos Arias, presidente Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expone, en el extracto de esta entrevista, que se desincentiva la inversión y pide a las autoridades investigar casos de arbitrariedades municipales por cobros y decisiones hacia proyectos de diferente índole.

Según Arias, la falta de certeza jurídica, derivada de decisiones municipales que imponen requisitos o cobros sin sustento legal, genera distorsiones en las condiciones de inversión y envía un mensaje negativo a inversionistas locales y extranjeros.

Ante ello, insiste en que el Ministerio Público (MP) y otras instancias competentes deben investigar posibles irregularidades, ya que la autonomía municipal no debe permitir acciones al margen de la ley.

En las últimas semanas han surgido públicamente casos de proyectos que enfrentan problemas por decisiones municipales. ¿Qué efecto tienen en la inversión este tipo de prácticas?

Aquí hay un tema de certeza jurídica. Las inversiones en proyectos grandes como infraestructura eléctrica o infraestructura vial, por ejemplo, son proyectos que normalmente son prioridades nacionales, buscando inversión extranjera o inversionistas que se arriesguen a invertir a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero, cuando tenemos arbitrariedad en las municipalidades, en donde los requisitos que la ley marca no son respetados, el derecho a emitir licencias no es respetado, porque hay requisitos adicionales económicos que no tienen fundamento legal, lo que causan es una distorsión de las condiciones de inversión y eso lo que manda es un mensaje negativo a los inversionistas de que en Guatemala no se puede confiar en el sistema legal.

Como lo decía la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) en el Congreso, hay casos que nosotros creemos que deben ser investigados por las autoridades, en donde todos los requisitos se llenaron, todos los estudios, todas las discusiones con comunidades, todo se llevó a cabalidad y después se vuelve un capricho municipal en donde esto se detiene, se para, en donde puede haber hasta, según lo que decían ellos, indicios de corrupción.

Para nosotros el mensaje desincentiva la inversión en Guatemala al no haber certeza jurídica.

Aparte de Xochi o los proyectos de electricidad que se han mencionado en los últimos días, ¿han identificado otros proyectos de otros sectores con este tipo de problemas?

Sí, del sector de la construcción nos viven contando que operar en algunos municipios del país es como operar en un país distinto, en donde las reglas para emisión de licencias de construcción, los plazos y el cumplimiento legal es muy difícil, porque al final la arbitrariedad es lo que priva en algunos municipios.

¿Qué autoridades deberían investigar, porque muchos hablan de la autonomía municipal?

La autonomía municipal no es un reinado municipal que no se tenga que circunscribir a la legislación nacional. La propia Constitución defiende esa autonomía, pero también defiende a los proyectos que son nacionales, en donde el bien común debe prevalecer sobre el bien particular, y la corrupción no se puede negar a nivel nacional.

Es decir, si hay corrupción en una municipalidad, es el Ministerio Público a quien le tocará investigar. El alcalde, como representante del Concejo Municipal, no tiene derecho, por ser alcalde, a ser corrupto. Ese derecho no lo tiene nadie. Entonces, al final, la autonomía municipal no blinda a las corporaciones municipales de exigir coimas o cualquier tipo de sobrecosto que no está en la ley. Vale la pena señalar que las autoridades nacionales tienen una responsabilidad por investigar.

¿Hay alguna denuncia de empresa o sector en particular por este tipo de casos, que ya la hayan presentado ante las autoridades?

Los detalles de los casos en particular no los tengo, pero si una autoridad como es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica claramente lo menciona en el Congreso de la República, partamos por ahí, debiera haber ya una investigación sobre esta situación.

En Guatemala lo que necesitamos es más infraestructura, más inversión y esta forma arbitraria de actuar lo que hace es que ahuyenta la inversión de Guatemala, porque se percibe que las licencias municipales no solo cuestan que las den en condiciones normales, sino que pueden ser revocadas. Eso es verdaderamente inaudito en un Estado de Derecho.

El sector de electricidad menciona más de 41 proyectos que tienen con esas dificultades y en carreteras, el caso público más reciente fue Xochi. ¿Hay algunos otros proyectos que están enfrentando estos problemas?

Los casos específicos dejaré a las autoridades que los procesen conforme se les vayan presentando, nosotros no debiéramos ser quienes emitamos opinión sobre un caso u otro, lo que sabemos es que hay un grupo importante de casos que están sobre la mesa. Entonces, el Ministerio Público debería tomar esto en serio y buscar que en Guatemala se respete la ley a todos los niveles, y la autonomía municipal no es algo que permita la violación de la ley. La autonomía municipal tiene sus límites, que es en el cumplimiento legal.

¿Cuál es el llamado o postura de Cacif?

El llamado de Cacif es a todos los alcaldes del país a que sean conscientes de que el desarrollo del país nos corresponde a todos, que los proyectos nacionales de interconexión, ya sea eléctrica o de infraestructura vial, nos corresponde a todos apoyarlos y hacer las cosas en base a derecho, cumpliendo con lo que la ley manda y permitiendo que ese desarrollo se dé.

El llamado es a evitar que caigamos en casos en donde lo que haya es un abuso de autoridad o arbitrariedad, porque así no vamos a lograr que venga la inversión a Guatemala.

¿Cuál es la propuesta de Cacif?

Deben comenzar por cumplir la ley, no se necesita una propuesta para decir, “cumplan la ley”. El colmo sería que haya que hacer un plan para cumplir la ley, con la situación que estamos pasando en el país, en donde cada municipalidad tiene una obligación de cumplir la ley. Entonces, no es un tema de un proyecto, no es un tema de que nosotros como sector privado tengamos que organizar algo en particular.

¿Han tenido acercamiento con la ANAM o con el Organismo Ejecutivo para ver qué se puede hacer al respecto?

Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con dirigentes, ya sea del Ejecutivo, alcaldes, siempre va a escuchar de nosotros la misma forma de hablar, que es: queremos un país que se desarrolle de una manera que alcance ese desarrollo a todos los rincones del país. Queremos que ese desarrollo sea en base a un Estado de Derecho que pueda contar con instituciones confiables y que esas instituciones hagan su trabajo dentro de la ley, para que la inversión encuentre en Guatemala una forma de desarrollar el país a una velocidad mayor.

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En el Congreso hay una propuesta de ley para declarar de urgencia las obras de transmisión de electricidad con la que se busca unificar criterios para las autorizaciones o permisos. ¿La han analizado o la apoyan?

Sí, conocemos el proyecto de ley, creemos que es importante declarar proyectos prioritarios en transmisión eléctrica, porque al final de nada nos va a servir que venga más generación eléctrica si no lo tenemos cómo transmitirla. Desde el sector privado estaremos trabajando con el Congreso de la República para impulsar una ley que permita que esas inversiones en transmisión se den en Guatemala.

¿Alguna otra propuesta similar para otro sector o que haya surgido de parte del sector privado?

Venimos pidiendo desde hace meses que se ponga a trabajar la DIPP (Dirección de Proyectos Viales Prioritarios) en el tema de la infraestructura vial prioritaria. Insistimos en que el cumplimiento legal se tiene que dar, que los ministros de Estado que se sientan en esa junta directiva tienen que accionar y que de nada sirve tener leyes que no cumplimos, peor todavía que el propio gobierno de la República decida no cumplir.

¿Han tenido algún acercamiento con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para expresarle estas preocupaciones del sector?, ¿qué le han planteado y qué respuesta han recibido?

No, no nos hemos acercado con la ANAM, hemos hablado y hemos tratado de ir moviendo los proyectos con los alcaldes en particular, y esperamos que la ANAM, como coordinador, haga su parte en fomentar el cumplimiento legal en Guatemala.