Cadena perpetua en Honduras: Las nuevas penas contra pandilleros que asesinen a policías y jueces

Durante la mañana de este 28 de octubre, el Parlamento de Honduras aprobó un paquete de reformas penales que endurecen las sanciones contra las pandillas y otras estructuras criminales, con penas de entre 30 y 40 años de prisión para sus integrantes y hasta cadena perpetua para los cabecillas de los principales grupos organizados.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, las principales pandillas que operan en Honduras son la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, presentes en el país desde hace más de tres décadas y con unos 40 mil integrantes, a quienes se atribuyen principalmente delitos como la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas y la violencia territorial.

Conforme a lo expuesto por las autoridades hondureñas, las dos organizaciones criminales y las pandillas transnacionales de mayor impacto en Honduras están vinculadas a la extorsión, el narcotráfico y la mayoría de los asesinatos, que, según las cifras oficiales, sumaron unos tres mil en el 2025 en ese país, de once millones de habitantes.

Por lo tanto, las reformas antiterroristas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que lidera el presidente Nasry Asfura, fueron aprobadas el 27 de octubre por 118 de los 128 diputados que integran el Parlamento y contemplan modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario.

Honduras establece penas más duras contra los pandilleros

Frente a este escenario, el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, dijo que la iniciativa del presidente Nasry Asfura busca fortalecer las herramientas legales para combatir las maras, pandillas y otras estructuras criminales declaradas “asociaciones terroristas“, así como recuperar la seguridad pública en todo el territorio nacional.

Por consiguiente, entre los principales cambios figura la reforma del artículo 587 del Código Procesal Penal de Honduras, que ahora establece penas de 30 a 40 años de prisión para los integrantes de estas organizaciones, mientras que sus cabecillas y quienes las financien podrían recibir penas de entre 40 años de prisión y prisión perpetua.

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Asimismo, se fijan sanciones de 10 años de prisión por atentados contra la autoridad y prisión perpetua en casos de asesinato de funcionarios de justicia o de seguridad por razón de sus cargos, junto con penas de 30 años para quienes elaboren o coloquen grafitis y mensajes relacionados con amenazas o intimidación de las organizaciones.

Ante esta situación, el paquete de reformas penales que endurecen las sanciones contra las pandillas también establece la prisión preventiva obligatoria para los imputados por asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para poner a disposición judicial a los detenidos por asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión.

Fuerza Especial Penitenciaria

De conformidad con HCH, medio de comunicación hondureño, las reformas penales que endurecen las sanciones contra las pandillas y otras estructuras criminales también prevén la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria para custodiar los módulos de máxima seguridad, realizar traslados de alto riesgo y responder ante motines y fugas.

En consecuencia, el paquete establece “la identificación biométrica obligatoria” en estos módulos y nuevas restricciones para los reclusos sometidos a regímenes especiales. Además, dispone que el Ejecutivo deberá adecuar los reglamentos penitenciarios a partir de la entrada en vigor de las reformas, el domingo 1 de noviembre.