California busca limitar empleos públicos a los exagentes de ICE: ¿Cuáles quedarían vedados?

Durante la noche del pasado domingo 6 de septiembre, California completó el trámite legislativo del proyecto de ley AB-1896, que establece restricciones para todas las personas que hayan participado en la aplicación de las leyes federales de inmigración en EE. UU. y luego busquen trabajar en algún organismo público del Estado Dorado.

La iniciativa completó su aprobación legislativa y pasó al proceso de inscripción, previo a ser remitida al gobernador de California, Gavin Newsom, ya que la prohibición contemplada alcanzaría a quienes trabajaron como agentes bajo juramento o como contratistas individuales e intervinieron en las tareas de control migratorio federal.

Además, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la medida apunta a impedir que esas personas accedan a determinados cargos en las estructuras públicas del Estado Dorado, de manera que la prohibición propuesta por Gavin Newsom abarcaría los distintos niveles de la administración pública de California.

Asimismo, entre sus disposiciones, el proyecto establece que quienes aspiren a convertirse en oficiales de paz deberán informar, bajo declaración sujeta a las consecuencias del perjurio, si tuvieron empleos anteriores relacionados con los organismos federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Qué puestos públicos quedarían restringidos?

De conformidad con el periódico estadounidense Los Angeles Times, la prohibición propuesta en el proyecto de ley AB-1896 abarcaría los distintos niveles de la administración pública de California, incluidos empleos en el Gobierno estatal, los condados, las ciudades con estatuto propio, los distritos escolares y los distritos especiales.

Ante esta situación, la norma impediría la contratación de las personas comprendidas por sus disposiciones y la restricción alcanzaría a los cuerpos policiales estatales, de condados, municipales y de otras jurisdicciones, así como a cualquier otro puesto público que otorgue las facultades y obligaciones correspondientes a un oficial de paz.

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Dadas las circunstancias, la restricción también alcanzaría al servicio civil estatal y el Departamento de Recursos Humanos de California o las autoridades responsables de seleccionar personal podrían rechazar la evaluación de un postulante, impedir que sea declarado elegible después de los exámenes o retirarlo de una lista de candidatos.

Frente a este escenario, el proyecto incluye una vía de excepción vinculada con la formación policial, ya que un exagente relacionado con tareas migratorias no quedaría automáticamente excluido si una agencia contratante determina, después de una investigación de antecedentes, que puede ingresar al curso básico de capacitación.

Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz

Para que la vía de excepción sea válida, la Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz (POST) deberá completar una revisión exhaustiva y establecer que el candidato es apto. Por lo tanto, no permitirá su inscripción automática al curso, sino que necesitará recibir una comunicación formal que confirme esa evaluación favorable.

Sin embargo, aunque la iniciativa fue aprobada inicialmente por la Asamblea y luego fue modificada durante su recorrido legislativo para que el Senado la aprobara el pasado domingo 30 de agosto, el siguiente paso corresponde al gobernador Gavin Newsom, quien deberá decidir si promulga el proyecto o ejerce su facultad de veto.