Cámara de Industria pide certeza jurídica para los proyectos de generación y transmisión eléctrica

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) señaló que algunos proyectos de transmisión y generación eléctrica enfrentan retrasos por decisiones que califica como “al margen de la ley”, tomadas por algunas autoridades locales. La Cámara hizo un llamado para que se mantengan reglas claras y se garantice la certeza jurídica.

El pronunciamiento del sector industrial sucede en el marco de las declaraciones de directores de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE),que ofrecieron durante una citación en el Congreso. Ahí se expuso que los atrasos en el desarrollo de la red de transmisión eléctrica se derivan de decisiones de alcaldes que, basándose en la autonomía municipal, vulneran la certeza jurídica. Agregaron durante esa citación que también se afecta a empresas de generación de energía que, después de contar con todos los estudios, ya no pueden concretar sus proyectos porque el alcalde solicita pagos no regulados.

La Cámara expone en un comunicado que la Constitución Política de la República reconoce la electrificación como “una prioridad nacional que debe impulsarse mediante la coordinación entre el Estado, las municipalidades y la iniciativa privada”; pero señaló que tanto los proyectos de transmisión como los de generación de electricidad enfrentan retrasos por decisiones de alcaldes.

La CIG indica en su publicación que la alteración o cancelación injustificada de proyectos con licencias vigentes genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza de los inversionistas y pone en riesgo el desarrollo de infraestructura energética que es clave para el país.

“Esta falta de certeza no solo retrasa el crecimiento del sistema eléctrico, sino que también expone al Estado a litigios internacionales cuyos costos terminan siendo pagados por los guatemaltecos”, agregó la entidad en el comunicado. También expresa su rechazo a cualquier acción o presión de municipalidades que interfiera con proyectos legalmente autorizados.

Este tipo de acciones no solo afecta el estado de Derecho y la reputación de Guatemala como destino de inversión, sino que la paralización de proyectos de nueva infraestructura energética encarece el servicio eléctrico, limita el acceso a fuentes de energía más eficientes y aumenta los riesgos para la estabilidad del sistema, lo cual repercute en la competitividad del país y en el desarrollo de los municipios y las comunidades, expone la CIG.

“La autonomía municipal debe ejercerse en armonía con la planificación nacional. No constituye un mecanismo para bloquear proyectos de interés público que contribuyen al desarrollo económico y social de Guatemala”, señala la cámara empresarial, por lo que hizo un llamado a las autoridades locales para que garanticen reglas claras, certeza jurídica y condiciones que permitan el desarrollo de la infraestructura eléctrica.

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Sector industrial hace un llamado a garantizar certeza jurídica y reglas claras para el desarrollo de proyectos energéticos. La infraestructura eléctrica es clave para la competitividad, la inversión, el empleo y el bienestar de los guatemaltecos.

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— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) June 17, 2026

El pronunciamiento de la CIG se produjo tan solo días después de que la Municipalidad de Mazatenango suspendiera los trabajos de la autopista Xochi, con el argumento de que no contaban con las renovaciones de las licencias de construcción. Finalmente representantes del Corredor Xochi y de la comuna alcanzaron acuerdos sobre la prórroga de la licencia y el proyecto pudo ser inaugurado.