Cámaras corporales para la PNC: la promesa del 2024 que vuelve a plantearse tras el crimen de Solórzano Foppa

Las cámaras corporales para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no es una propuesta nueva. Desde el 2024, la institución había anunciado que comenzaría a utilizar estos dispositivos para registrar los procedimientos policiales, aunque no estableció una fecha para poner en marcha el proyecto.

En Estados Unidos, donde las cámaras corporales son utilizadas por distintas instituciones policiales, las investigaciones registraron disminuciones en las quejas ciudadanas y en el uso de la fuerza, mientras que otros no encontraron cambios significativos.

Casi dos años después, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, volvió a referirse a la adquisición de cámaras tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y las investigaciones contra siete integrantes de la PNC por los procedimientos relacionados con la captura de los hermanos, Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, señalados inicialmente de estar vinculados con el crimen.

El 19 de octubre del 2026, Boteo informó que la PNC contempla adquirir unas tres mil cámaras corporales y estimó una inversión de Q25 millones para cubrir el departamento de Guatemala. También explicó que se realizan pruebas con cinco dispositivos y que se evalúa contratar un servicio que incluya soporte técnico y mantenimiento.

Los anuncios desde el 2024

23 de julio del 2024. La PNC dio a conocer estimaciones sobre el costo de incorporar cámaras corporales. Cada dispositivo tendría un precio aproximado de US$2 mil, unos Q16 mil.

Según los datos divulgados entonces, la institución contaba con 42 mil agentes, de los cuales 35 mil estaban activos en patrullajes y unidades de investigación. Equipar a estos últimos habría requerido una inversión de por lo menos Q560 millones.

26 de noviembre del 2024. Con 115 votos a favor, el Congreso aprobó la nueva Ley de la PNC, que contemplaron la implementación de cámaras corporales para los agentes policiales.

11 de diciembre del 2024. Boteo anunció que las cámaras comenzarían a implementarse en el distrito central mediante un plan piloto, debido a los índices de criminalidad registrados en esa área.

Explicó que la compra dependería de la asignación presupuestaria, pero no precisó cuándo comenzaría el proyecto.

“Será un respaldo para el buen policía, quien hace un procedimiento normal, así como una fiscalización si hace cosas fuera de la ley”, afirmó entonces.

19 de octubre del 2026. Tras el asesinato de Solórzano Foppa, Boteo volvió a plantear la adquisición de los dispositivos. Indicó que se efectúan pruebas con cinco cámaras y mencionó una inversión aproximada de Q25 millones para el departamento de Guatemala.

Le podría interesar: Reformas a Ley de PNC: director explica cómo avanzan para aplicar reglamento y habla del uso de arma

¿Qué resultados han tenido en Estados Unidos?

Las cámaras corporales se utilizan en distintas instituciones policiales de Estados Unidos para registrar los procedimientos de los agentes y sus interacciones con los ciudadanos. Las investigaciones sobre su efectividad muestran resultados diferentes.

Un informe del Instituto Nacional de Justicia (NIJ), publicado en enero del 2022, cita una revisión de 70 estudios que no encontró efectos consistentes o estadísticamente significativos en la mayoría de las investigaciones sobre el uso de estos dispositivos.

En Boston, Massachusetts, un estudio del 2020 registró disminuciones significativas en las quejas ciudadanas y en los informes sobre uso de la fuerza entre los agentes que portaban cámaras.

Una evaluación en Washington D. C., en el 2017, no encontró diferencias estadísticamente significativas en el uso de la fuerza ni en las quejas ciudadanas.

En Phoenix, Arizona, las investigaciones identificaron una disminución de las quejas, pero también un aumento significativo en el uso de la fuerza y una menor actividad preventiva de los agentes.

Costos y controles pendientes

La experiencia estadounidense también muestra que la inversión no se limita a comprar los dispositivos. Incluye el almacenamiento de las grabaciones y el mantenimiento de los sistemas.

Según datos del 2016, citados por el NIJ, aproximadamente el 86% de las instituciones policiales estadounidenses que habían adquirido cámaras corporales contaba con una política formal para regular su utilización.

Se consultó al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil sobre el reglamento que trabajan desde hace dos años, tras la nueva Ley de la PNC y que regularía el uso de las cámaras corporales, pero al cierre de esta nota, no respondieron.