Cambios en Banguat y SIB: CIG pide continuidad institucional para preservar la confianza empresarial

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Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), conversó con Prensa Libre sobre varios temas de la coyuntura económica. Entre ellos, destacó los nombramientos de las nuevas autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB), que ejercerán durante un período de cuatro años.

El representante empresarial también se refirió a las estimaciones de crecimiento económico y las perspectivas para 2027, así como al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que discute la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

¿Cuáles son las expectativas del sector industrial ante los recientes cambios en las autoridades del Banguat y la SIB, con José Alfredo Blanco Valdés como presidente en funciones del banco central y el nombramiento de Juan Carlos Catalán Herrera al frente de la SIB?

Esperamos que los cambios de autoridades preserven la estabilidad económica y la confianza en el sistema financiero, mediante una gestión técnica, independiente y apegada a la ley.

Para el sector industrial es fundamental mantener la autonomía del Banco de Guatemala y la continuidad de políticas que contribuyan a la estabilidad del país. El ejercicio temporal de la presidencia por el vicepresidente José Alfredo Blanco Valdés, conforme a la ley, permite preservar la continuidad institucional y el Estado de Derecho.

En cuanto a la SIB, esperamos que la gestión de Juan Carlos Catalán Herrera mantenga una supervisión técnica, imparcial y preventiva que resguarde la solidez del sistema financiero y la confianza de los depositantes.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos que deberán enfrentar las autoridades monetarias y de supervisión financiera para garantizar la estabilidad macroeconómica?

Guatemala cuenta con una base de estabilidad macroeconómica que favorece la confianza y la inversión. En el contexto actual, un desafío inmediato para el Banguat y la Junta Monetaria es asegurar que la transición de autoridades mantenga la capacidad de tomar decisiones oportunas, sustentadas en criterios técnicos.

Esto requiere continuidad de los equipos especializados, coordinación y acciones que doten de certeza la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia.

En cuanto a la SIB, un desafío concreto es implementar de manera efectiva la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de cara a la evaluación de Gafilat prevista para el 2027.

Esto exige fortalecer las capacidades de supervisión, coordinar a las autoridades competentes y facilitar que las personas y entidades obligadas conozcan, comprendan y cumplan las nuevas disposiciones. Todo lo anterior debe desarrollarse con criterios técnicos, reglas claras, controles proporcionales a los riesgos y pleno respeto al debido proceso, para que su aplicación contribuya a proteger la integridad del sistema financiero y la confianza de los depositantes e inversionistas.

¿Considera que la incertidumbre jurídica generada por los recientes cambios en el Banguat podría afectar la confianza empresarial?

Guatemala cuenta con fortalezas macroeconómicas y un sistema financiero sólido. Por ello, consideramos que la posibilidad de un impacto de esta situación dependerá de cómo evolucione el proceso y de que se mantenga la continuidad técnica e institucional del Banco de Guatemala. Lo contrario podría generar cautela en las decisiones de inversión y financiamiento.

¿Cómo ven el cierre de la economía para este año y las perspectivas para 2027?

Consideramos que el crecimiento económico del 2026 podría cerrar en torno al 4.3%, un resultado acorde con lo previsto durante el año.

Indicadores como el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae) han mantenido variaciones interanuales superiores al 4%, lo cual permite anticipar que este dinamismo podría continuar durante el último trimestre.

Para 2027 prevemos una moderación gradual del crecimiento, explicada por factores externos e internos. Entre ellos destaca la política monetaria de Estados Unidos, debido a su importante influencia sobre la economía guatemalteca. Un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal podría desacelerar progresivamente la actividad económica estadounidense y, como consecuencia, reducir la demanda de algunos productos guatemaltecos.

Asimismo, las remesas familiares están creciendo a un ritmo más moderado que en años anteriores, con una variación acumulada de un solo dígito. Esta tendencia podría limitar el crecimiento del consumo interno durante el 2027.

Por el momento, no es posible determinar con precisión la magnitud de estos efectos sin conocer también la postura que adoptará la Junta Monetaria respecto de la tasa líder de interés. Sin embargo, considerando las condiciones internas y externas, estimamos que la economía guatemalteca podría crecer alrededor del 4% en 2027.

¿Qué tanto impactará en las finanzas del Estado la exención temporal del IVA y el IDP?

Para determinar este impacto habría que hacer estimaciones considerando que el precio responde, en buena medida, a factores internacionales que trascienden el ámbito guatemalteco.

Independientemente de ello, el impacto podría darse directamente en los destinos que la ley establece para los fondos recaudados mediante esos impuestos, entre ellos el mantenimiento de la red vial, los recursos asignados a la DIPP y las municipalidades.

¿Cuál es la posición de la CIG sobre el proyecto de presupuesto 2027 frente a la recaudación y la deuda?

La propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2027, por cerca de Q192 mil millones, sería la más alta presentada en la historia de Guatemala, con incrementos importantes en los últimos años.

Preocupa su composición: cerca del 67.1% se destinaría a funcionamiento y solamente el 20.1% a inversión. Guatemala debe cambiar esta tendencia y aumentar la inversión en infraestructura, conectividad y energía para impulsar la productividad y competitividad del país.

La baja ejecución de 2026 refuerza esta preocupación.

A julio de 2026, el presupuesto registraba una ejecución del 50.2%, mientras que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) apenas alcanzaba el 31.9%.

Es alarmante la reducción propuesta para el Ministerio de Energía y Minas cuando Guatemala necesita modernizar su sistema eléctrico.

Respecto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), la ejecución a agosto de 2026 apenas alcanzaba el 18.5%. De esa cuenta, el saldo disponible para ejecución supera los Q12 mil millones.

En CIG consideramos que antes de recurrir a mayor endeudamiento público debe evaluarse el uso eficiente de los recursos disponibles y de los saldos legalmente utilizables. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor, con un plan eficiente y resultados medibles.

Debe haber indicadores que reflejen mejoras en educación, seguridad y salud para los guatemaltecos.

¿Qué necesita el país para crecer económicamente y no continuar siempre en “modo resiliencia”?

Guatemala debe adoptar una política de Estado de largo plazo orientada a la industrialización, capaz de atender los problemas estructurales que limitan su capacidad de crecimiento.

El país debe fortalecer su industria para no tener que actuar de forma reactiva. La resiliencia es una buena característica para afrontar los retos. Desde la teoría económica, el crecimiento potencial depende, entre otros factores, de la acumulación de capital, la calidad del talento humano y la productividad. Por ello, los rezagos en formación técnica, logística, conectividad e infraestructura energética restringen la capacidad del país para producir bienes de mayor valor agregado.

La política debe priorizar la formación bruta de capital público en puertos, aeropuertos, generación y transmisión eléctrica, así como en infraestructura que favorezca el desarrollo, entre este el turístico. A la vez, debe crear condiciones e incentivos para la inversión privada y promover la expansión de la actividad productiva hacia los distintos territorios del país.

Finalmente, es necesario fortalecer las cadenas de valor regionales, desarrollar productos con mayor valor agregado para los mercados interno y externo y elevar la productividad laboral.

Esto requiere capacitación, adopción tecnológica y modalidades de trabajo flexibles, con reglas claras que faciliten la formalización.