Caso contra funcionarios por cobros de “talacha” en Quiché suma retrasos y recusación contra jueza
La investigación por presuntos cobros de “talacha” a reclusos involucra a policías, guardias penitenciarios y un delegado de la PGN. La primera declaración sigue pendiente.
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Quiché, recusó a la jueza Audy Yaneli Arana González, quien conoce el proceso contra seis personas sindicadas de integrar una estructura dedicada al presunto cobro de “talacha” en la cárcel de Quiché. La audiencia de primera declaración aún no concluye.
La Fiscalía argumentó que duda de la imparcialidad de la juzgadora debido a su presunta cercanía con uno de los sindicados y porque habría emitido opinión durante una de las audiencias de primera declaración.
Arana González sostuvo que los argumentos del MP carecen de sustento. Sin embargo, elevó la recusación a la Sala Mixta de Quiché, que deberá resolver si la jueza continúa conociendo el expediente o si el caso se traslada a otro órgano jurisdiccional.
Un proceso marcado por aplazamientos
El caso involucra a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dos guardias del Sistema Penitenciario (SP), un delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y un privado de libertad, señalados de participar en una estructura dedicada al presunto cobro de “talacha” en la cárcel de Quiché.
Según las pesquisas, los cobros investigados se remontan al 2019. La audiencia de primera declaración, en la que debe determinarse la situación jurídica inicial de los sindicados, ha sido aplazada en varias ocasiones.
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Otro juez ya se había excusado
Antes de que Arana González asumiera el conocimiento del expediente, el juez de Quiché que tenía a su cargo el proceso se había excusado.
Arana González había sido separada del cargo con goce de sueldo cuando ejercía en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Según una publicación de Prensa Libre del 18 de noviembre del 2024, desde ese despacho otorgó amparos con los que se validaban más de 31 candidaturas de distintos partidos políticos durante las elecciones del 2019.
En ese momento, la Corte de Constitucionalidad ordenó al sistema disciplinario del Organismo Judicial investigar a Arana González, debido a que no tenía competencia para conocer asuntos fuera de su jurisdicción.
Posteriormente, Arana González fue trasladada a Nebaj, Quiché.
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