CC exhorta a comunas a hacerse cargo de sus residuos

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) realiza el análisis legal del amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) que impide el cierre técnico del vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico, el cual estaba previsto para este 31 de agosto. Con esta resolución, la clausura operativa del lugar está suspendida hasta que se dicte sentencia.

La acción legal, emitida el pasado 13 de agosto, fue solicitada por las municipalidades de Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa, tres de las más de 30 comunas que trasladan los residuos al vertedero, administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa).

Además de frenar el cierre del lugar, el amparo también “exhorta” a todas las municipalidades que llevan allí su basura a coordinar políticas y planes para la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos, además de destinar lugares dentro de su circunscripción territorial para depositarlos.

Luis Rafael Valladares, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), consideró que el amparo provisional de la CC es una “contradicción”, pues el pasado 28 de agosto del 2025 suspendió el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, que obligaba a las comunas a separar la basura en tres grupos —orgánicos, reciclables y no reciclables—, al considerarlo inconstitucional por violar la autonomía municipal, y ahora frena la decisión del Marn de cerrar el vertedero, que está bajo control del Ejecutivo.

Por otro lado, lo ve como una oportunidad para que Amsa acepte los desechos de las comunas, pero bajo la condición de que los trasladen ya clasificados, lo que permitiría prolongar el tiempo de vida del vertedero, pero también aprovechar el material que llega al lugar.

“El 70% de los desechos sólidos son orgánicos. Hay un espacio grande en el vertedero, que ya es parte del relleno, en donde se puede tratar lo orgánico para generar compost y abono —ya se tienen las plataformas para hacerlo—, para luego distribuirlo en lugares donde es necesario reforestar. Entonces, se ocuparía menos espacio de basura, de lo que se tiene actualmente”, dijo Valladares.

Como solución, planteó que Amsa reciba un día los desechos orgánicos, otro día los reciclables y otro los no reciclables, tal como el Marn lo había previsto el año pasado.

“Se podría activar de nuevo el reglamento, y sería una condición del Ejecutivo para que sigan utilizando el vertedero, si lo que se quiere es darle un tiempo mayor de vida”, agregó el investigador.

Valladares indicó que, si las municipalidades no asumen la responsabilidad de definir los planes de manejo y disposición de la basura, extender el cierre sería en vano, pues llegará el momento en que el vertedero de Amsa ya no se dará abasto.

“El problema es el mal manejo de los desechos sólidos, cada municipalidad tiene que gestionar este tipo de servicio, y están obligando al Ejecutivo a hacer lo que ellas no hacen”, añadió, y mientras no haya una política adecuada, el problema seguirá latente.

Desde la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) se ha planteado en varias ocasiones la construcción de una planta de tratamiento que reciba la basura de los municipios que actualmente la trasladan al vertedero de Amsa y que se construya con fondos estatales. Sin embargo, el investigador del Ceur es crítico al decir que las comunas quieren el apoyo económico del Ejecutivo para proyectos de este tipo, pero no aceptan los lineamientos que las autoridades de gobierno establecen para un manejo apropiado de los desechos.

Iniciativa privada

Ante el cierre del vertedero, varias empresas privadas y extranjeras han tenido acercamientos con el Marn para desarrollar proyectos para el aprovechamiento de los residuos.

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, señaló que hay cuatro empresas extranjeras que han mostrado interés, entre ellas, la que propone la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala, que consiste en la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos que podría comenzar a funcionar 18 meses después de que se coloque la primera piedra.

Dicho proyecto tiene un costo de US$1 mil 200 millones, que sería financiado por una empresa extranjera. Para instalarla se necesita un terreno de 25 manzanas como mínimo, y se evalúan dos terrenos en Palencia y Amatitlán.

El viceministro ha indicado que es positivo que el sector empresarial se interese por invertir en el aprovechamiento de la basura para generar nuevos productos y energía, pero deberá realizar estudios y tramitar licencias para llevar a cabo los proyectos.

“Todas estas empresas deberán presentar los estudios respectivos para solicitar la licencia ambiental para operar. Será en ese momento cuando el Ministerio de Ambiente podrá hacer una evaluación formal de los diferentes proyectos que puedan desarrollarse”, recalcó el funcionario.

Agregó que, más allá de los aspectos técnicos de una planta de tratamiento, las empresas deben considerar aspectos de recolección y transporte de la basura, así como aspectos legales y financieros que deberán definir con las municipalidades para poder manejar la basura que legalmente le compete a cada comuna.