CC pide al Congreso reformar la aceptación de cargos para garantizar apelación sobre la reparación a víctimas

La Corte de Constitucionalidad (CC) determinó que existe un vacío legal que deja a las víctimas sin la posibilidad de presentar una apelación cuando no están de acuerdo con la reparación digna fijada en una sentencia emitida mediante aceptación de cargos.

La decisión de la Corte surgió de una acción planteada por la Procuraduría General de la Nación (PGN),que argumentó que actualmente las víctimas solo pueden acudir al amparo para intentar cuestionar estas resoluciones, pero no cuentan con un recurso ordinario de apelación para que la decisión sea revisada por una instancia superior.

Ante esta situación, la CC exhortó al Congreso de la República a realizar las reformas necesarias al Código Procesal Penal para incorporar la posibilidad de presentar una apelación en estos casos.

La PGN señaló que la falta de este recurso afecta las garantías del debido proceso y limita el acceso de las víctimas y agraviados a una justicia reparadora. “No se puede plantear el recurso de apelación, solo el amparo, lo que vulnera derechos que deben garantizarse dentro del debido proceso y el acceso a una justicia reparadora”, explicó la institución en respuesta a una consulta de este medio.

Qué cambia tras el fallo

Aunque la CC concluyó que el Código Procesal Penal presenta una omisión, la sentencia no modifica de forma inmediata el procedimiento vigente.

Mientras el Congreso no apruebe una reforma legal, las víctimas continuarán sin contar con un recurso ordinario de apelación para cuestionar la reparación digna fijada dentro de una sentencia por aceptación de cargos. En esos casos, la única vía disponible seguirá siendo la acción constitucional de amparo cuando se considere que hubo vulneración de derechos.

La decisión, además, traslada al Organismo Legislativo la responsabilidad de adecuar la normativa para garantizar ese mecanismo de impugnación.

El procedimiento especial de aceptación de cargos fue incorporado al Código Procesal Penal mediante una reforma de 2019 y permite que una persona procesada obtenga una reducción de la pena al admitir los hechos que se le atribuyen.

Actualmente, en el Congreso también existe una iniciativa de ley que propone modificar este procedimiento y restringir su aplicación para determinados delitos de mayor gravedad. La propuesta continúa pendiente de discusión y no ha mostrado avances en la Comisión de Reformas al sector Justicia.

Advierte efectos en el sistema

Para Javier Monterroso, abogado y exsecretario privado del Ministerio Público, la resolución de la CC confirma una de las principales limitaciones que, a su criterio, ha generado la Ley de Aceptación de Cargos.“La ley vino a afectar profundamente el sistema de justicia penal guatemalteco”, afirmó.

Monterroso señaló que, aunque el objetivo era agilizar los procesos, en la práctica el mecanismo permite que los sindicados obtengan reducciones de pena con solo aceptar los cargos, sin aportar información sobre otros responsables.

“Ya no hay beneficios por colaboración eficaz, sino todos prefieren la aceptación y no hay obligación de delatar al resto de la estructura”, explicó.

También cuestionó el impacto en la reparación digna y citó casos de corrupción como ejemplo. Mencionó el proceso contra Gustavo Alejos y señaló que “por medio de sus redes de corrupción afectó al Estado de Guatemala por millones de quetzales y que le dieron una pena de un par de miles de quetzales”, al considerar que la reparación no sería proporcional al daño ocasionado.

El impacto para las víctimas

El abogado añadió que los efectos también alcanzan delitos que afectan directamente a ciudadanos, como extorsión, violencia contra la mujer y robos.

“Hace un par de días fue noticia que dos miembros de una banda habían sido beneficiados por aceptación de cargos y estaban acusados del delito de extorsión. ¿Y cómo quedan las víctimas?“, cuestionó.

“La aceptación de cargos se está manejando como un derecho del sindicado y ese es el gran problema de la ley, pero no debería ser así; también debe considerarse a la víctima”, señaló.

Según datos del Ministerio Público, siete de cada 10 sentencias por este delito se resolvieron casi en todo el 2024 mediante el procedimiento de aceptación de cargos. De enero a octubre se registraron 4 mil 116 condenas, de las cuales 2 mil 989 fueron por aceptación de cargos, casi un 73%.

Organizaciones señalaron desde entonces que el mecanismo puede convertirse en una salida favorable para los agresores, al permitir reducciones de pena y reparaciones que, a su criterio, no siempre son proporcionales al daño causado a las víctimas.

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