CIEN alerta que solo 3.5% de expedientes del MP llegan a juicio pese a reducción de mora fiscal

En un contexto de expansión territorial y reformas administrativas del Ministerio Público (MP),el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un análisis que pone en evidencia los retos estructurales que persisten en el sistema de justicia guatemalteco. Aunque la mora fiscal acumulada se redujo drásticamente en los últimos años, sólo un 3.5% de los expedientes gestionados entre 2018 y 2025 logró avanzar hacia una etapa de juicio.

Reducción de mora fiscal y expansión territorial del MP

El MP ha ampliado su presencia a nivel nacional, alcanzando cobertura en los 340 municipios del país desde abril de 2021, frente a los 183 municipios atendidos en 2020. Esta expansión, acompañada por la implementación del modelo de gestión integral de casos, ha permitido disminuir la mora fiscal, que pasó de más de 2 millones de expedientes pendientes en 2014 a cerca de 198 mil en 2025.

Esta estrategia consistió en dividir las cargas de trabajo entre equipos que atienden casos nuevos y otros que gestionan expedientes antiguos, con el objetivo de agilizar procesos y reducir la acumulación histórica. El mayor descenso en mora se observó entre 2020 y 2023, periodo en que el número de casos pendientes se redujo a poco más de 400 mil.

Limitada judicialización: solo un 3.5% de casos llega a juicio

Pese a los avances en la reducción de mora, el CIEN advierte que la capacidad del MP para investigar y llevar casos ante los tribunales sigue siendo limitada. El análisis muestra que solamente un promedio del 3.5% de los expedientes gestionados durante el periodo 2018-2025 alcanzó una etapa de acusación penal o judicialización.

En términos prácticos, esto significa que cerca de 96 de cada 100 casos concluyen sin llegar a un proceso penal formal, ya sea porque se archivan, prescriben o no se cuenta con evidencia suficiente para continuar. Esta situación pone en cuestionamiento la efectividad del sistema en la investigación criminal y en la deducción de responsabilidades individuales.

Desafíos operativos y presupuestarios en la cobertura nacional

El análisis del CIEN también destaca que la expansión territorial del MP no garantiza una capacidad operativa homogénea en todo el país. El acompañamiento institucional, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif),la disponibilidad de vehículos, personal fiscal y la infraestructura mínima son factores clave para que las fiscalías funcionen eficientemente.

La dispersión geográfica delictiva en Guatemala es heterogénea, y abrir fiscalías en todos los municipios representa un reto operativo y presupuestario significativo, que debe evaluarse en función de la incidencia delictiva y las prioridades del sistema de justicia.

Persistencia de la baja denuncia ciudadana

Otro aspecto relevante es la baja proporción de víctimas que presentan denuncias. Según datos de una encuesta nacional elaborada por el CIEN, para 2025 solo el 44.3% de las personas afectadas por un delito decidió denunciar, mientras el 55.7% optó por no hacerlo. Esto indica que la ampliación de la cobertura no se ha traducido en un aumento significativo de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Además, se observa un cambio en el canal por el cual se presentan las denuncias. En 2016, cerca del 70% de las denuncias ingresaban a través de la Policía Nacional Civil (PNC),mientras para 2025 esta proporción bajó a un 50%. En contraste, el MP incrementó su recepción directa de denuncias, pasando del 20% al 44%, posiblemente influenciado por la digitalización de procesos y la apertura de fiscalías.

Casos de homicidio: baja judicialización pese a gravedad

El CIEN también analizó específicamente los resultados en casos de homicidio simple y calificado, delitos que por su gravedad requieren investigaciones más complejas. Aun así, la mayoría de estos casos termina con cierres en sedes fiscales y solo un promedio del 7% llega a acusaciones o sentencias.

Esto evidencia que, incluso en delitos de alto impacto, la capacidad investigativa y de persecución penal es insuficiente, lo que representa un área con amplio espacio para mejorar.

Indicadores internacionales y percepción de efectividad

El análisis incorpora datos del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que muestran que Guatemala mantiene una calificación baja y sin cambios significativos entre 2015 y 2025, a pesar de las reformas internas en el MP.

Esto indica que tanto el modelo anterior, con alta mora fiscal, como el actual, centrado en reducir expedientes pendientes, reflejan una percepción similar sobre la efectividad en la investigación criminal, señalando la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y operativa.

Recomendaciones para fortalecer el sistema de justicia

Como conclusión, el CIEN sugiere revisar el modelo de expansión territorial con un enfoque estratégico orientado a regiones con mayor incidencia delictiva y delitos priorizados. Asimismo, recomienda recuperar una visión integral del sistema de justicia, fortalecer la coordinación interinstitucional, avanzar en la digitalización e interoperabilidad de sistemas y evaluar rigurosamente el uso de los recursos públicos.

El análisis enfatiza que la implementación de un modelo de gestión integral de casos no implica un aumento automático en la capacidad investigativa, por lo que es fundamental realizar una revisión profunda para mejorar la calidad y efectividad de las investigaciones.

Perspectivas para la nueva gestión del Ministerio Público

El análisis del CIEN subraya que la nueva administración del fiscal general deberá afrontar estos desafíos estructurales para consolidar avances en el acceso a la justicia. Mejorar la investigación criminal y aumentar la confianza ciudadana para que más víctimas denuncien son pasos esenciales para fortalecer el sistema judicial guatemalteco.

En definitiva, aunque la reducción de mora fiscal es un avance importante, la baja proporción de casos que llega a juicio y la persistente desconfianza en el sistema evidencian que la justicia en Guatemala enfrenta retos que requieren atención prioritaria y sostenida.