Ciudades de EE. UU. rechazan plan federal para convertir almacenes en centros de detención migratoria

El plan del Gobierno federal de Estados Unidos para transformar almacenes industriales en centros de detención migratoria ha generado un rechazo significativo por parte de gobiernos locales, fiscales y organizaciones civiles en distintas ciudades del país. Esta iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la denominada Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI),contempla la compra y adaptación de 34 instalaciones, con el objetivo de agilizar los procesos de detención y deportación de migrantes.

El proyecto, financiado con 38,300 millones de dólares, busca convertir depósitos industriales en centros de detención, sitios de procesamiento y otras instalaciones “llave en mano”. Sin embargo, el plan ha generado preocupación en varios estados y municipios, que cuestionan tanto la viabilidad como las repercusiones sociales y humanitarias de la medida.

Rechazo en ciudades clave y preocupaciones locales

En Surprise, Arizona, donde el DHS pretende habilitar un almacén de casi 39,000 metros cuadrados con capacidad para 1,500 migrantes, el alcalde Kevin Sartor ha expresado el descontento de la comunidad. Según Sartor, cientos de residentes acudieron al Concejo municipal para manifestar su preocupación por la seguridad escolar, el impacto en los servicios públicos y la posible depreciación del valor inmobiliario. “No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro centro más en Arizona”, declaró el funcionario.

Similar rechazo se ha manifestado en otros estados. En New Hampshire, la gobernadora Kelly Ayotte ha divulgado documentos del DHS que proyectan la implementación de la DRI a partir de septiembre, incluyendo la compra de un almacén en Merrimack. Sin embargo, la fiscal estatal Kris Mayes y la congresista Adelita Grijalva han exigido mayor transparencia en el proceso y solicitaron información detallada sobre las adquisiciones, en particular sobre la instalación propuesta en Surprise.

En Orlando, Florida, la revelación de planes para adquirir un depósito cercano al aeropuerto ha generado oposición política y social. El alcalde Buddy Dyer señaló que, aunque no puede intervenir directamente debido a que se trata de un asunto federal, congresistas como Maxwell Frost y Darren Soto han enviado cartas al DHS para expresar su rechazo al proyecto. Además, se han denunciado antecedentes de abusos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE),citando el caso del centro de detención denominado “Alligator Alcatraz”, abierto en 2025 en las afueras de Miami.

Denuncias sobre condiciones y derechos humanos

Organizaciones civiles y activistas han cuestionado las condiciones en las que podrían operar estos centros de detención. La Coalición de los Derechos Humanos de Arizona ha criticado que algunos de estos depósitos podrían replicar situaciones similares a las del Centro de Detenciones de Eloy, donde en años recientes han muerto más de una docena de migrantes. La activista Isabel García afirmó que la administración actual está privando de libertad a personas sin información clara sobre su paradero o estado, lo que representa una violación a los derechos humanos fundamentales.

Estas denuncias se suman a un amplio debate sobre el uso de espacios industriales para fines de detención migratoria, un modelo que numerosos expertos y defensores de derechos humanos consideran inadecuado y peligroso.

Impacto político y cancelaciones de compra

En Texas, la presión pública llevó a la cancelación de la venta de un almacén en las afueras de Dallas que el Gobierno federal pretendía adquirir para este propósito. Sin embargo, según medios locales, el Gobierno concretó la compra de otro centro en El Paso con capacidad para detener a 8,500 personas, lo que mantiene vigente el plan en esa región fronteriza.

La reacción de gobiernos estatales y locales refleja la complejidad y controversia que rodea la Iniciativa de Reingeniería de la Detención. Mientras el Gobierno federal defiende la medida como parte de su estrategia para agilizar los procesos migratorios y fortalecer la seguridad fronteriza, autoridades y comunidades locales insisten en la necesidad de mayor diálogo, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Contexto en Guatemala y la región

El aumento en la detención y deportación de migrantes en Estados Unidos repercute directamente en Guatemala y otros países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde miles de personas intentan migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. Las políticas migratorias estadounidenses, especialmente las que implican detenciones masivas, generan preocupación entre organizaciones guatemaltecas, que han expresado la necesidad de enfoques más humanos y cooperativos que permitan brindar protección y garantías legales a los migrantes.

La resistencia en varios estados de EE. UU. frente a la transformación de almacenes en centros de detención representa un capítulo más en la compleja relación entre políticas migratorias, derechos humanos y seguridad nacional, temas que mantienen su relevancia tanto en Estados Unidos como en países de origen de migrantes como Guatemala.