CIV adjudica Q1,300 millones en 22 proyectos bajo Ley de Infraestructura sin operatividad plena de la DIPP

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha adjudicado contratos por un monto superior a Q1,300 millones para 22 proyectos viales, utilizando la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP),pese a que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP),entidad creada para supervisar y mantener los principales tramos carreteros del país, aún no está operativa.

La LIVP contempla que la DIPP, como órgano técnico especializado, debe estar funcionando plenamente a partir de julio de 2026. Sin embargo, diversos procedimientos fundamentales, como la aprobación de su reglamento, la definición de estructuras presupuestarias y la evaluación de la red vial prioritaria, continúan pendientes, lo que ha generado retrasos y cuestionamientos sobre la institucionalidad de la entidad.

Adjudicaciones bajo modalidad excepcional

Durante un foro organizado por Fundesa que reunió a autoridades y representantes del sector privado, se expuso que, aunque la DIPP no está funcionando, el CIV ha utilizado el artículo 95 de la LIVP para adjudicar proyectos bajo la modalidad de excepción. Esta herramienta legal permite contratar sin los procesos habituales para atender de manera urgente las necesidades de infraestructura vial.

Según datos oficiales al 17 de abril de 2026, se han adjudicado 22 procesos por un total de Q1,338 millones, principalmente para mantenimiento vial y construcción de infraestructura. Sin embargo, la directora de la DIPP ha señalado que existe una contradicción en el manejo de la ley: mientras se emplea para adjudicaciones excepcionales, la dirección técnica y administrativa avanza con lentitud.

“La ley no debe ser un mecanismo exclusivo para adquisiciones por excepción, sino que debe impulsar la institucionalidad técnica y especializada que representa la DIPP”, afirmó la directora, quien además destacó que el uso del artículo 95 es legítimo pero insuficiente para consolidar la entidad.

Retrasos en la aprobación del reglamento y estructuras presupuestarias

El reglamento de la DIPP, fundamental para su operatividad, fue aprobado en su directorio desde octubre de 2025, pero enfrenta demoras debido a observaciones y revisiones entre distintas instituciones del Estado. La respuesta de la Procuraduría General de la Nación (PGN) llegó con retraso, lo que ha impactado negativamente en la agilización del proceso.

La gerente general de la DIPP indicó que esta lentitud limita la ejecución de otros procesos esenciales para la entidad, como la contratación de personal y la asignación presupuestaria, necesarios para poner en marcha la evaluación de la red vial prioritaria y gestionar proyectos con personal especializado.

Se espera que en los próximos 15 a 21 días el reglamento pueda ser aprobado definitivamente, lo que permitiría avanzar en la contratación de la gerencia y otros puestos clave, así como en la definición de un cronograma para recuperar los plazos vencidos.

Propuestas para fortalecer la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

Desde el Ministerio de Finanzas Públicas se ha planteado la necesidad de impulsar reformas a la LIVP para optimizar el funcionamiento de la DIPP. Entre las propuestas figura transformar la naturaleza jurídica de la entidad, pasando de ser un órgano desconcentrado a una entidad descentralizada, lo que facilitaría su autonomía y operatividad.

Además, se busca implementar una programación presupuestaria multianual que garantice la continuidad financiera de los proyectos en ejecución. Otro aspecto en consideración es establecer un régimen propio para el recurso humano de la DIPP, con condiciones salariales acordes a la especialización requerida, incluyendo la posibilidad de que el gerente tenga una remuneración superior a la de ministros.

También se evalúa fortalecer la gestión contractual y la precalificación de empresas, así como reorganizar el respaldo financiero para que la DIPP pueda asumir compromisos contractuales de forma directa, reduciendo la dependencia del CIV.

Plazos vencidos y necesidad de un cronograma de recuperación

La directora de la DIPP ha señalado que varios plazos establecidos por la ley ya están vencidos y que es indispensable reconocer esta situación para avanzar. La LIVP establece responsabilidades y tiempos específicos para distintas instituciones, incluidos ministerios y la Presidencia de la República, los cuales no se han cumplido cabalmente.

Por ello, se propone elaborar un cronograma con metas claras para los próximos 30 y 60 días, que incluya responsables, acciones específicas y seguimiento público transparente. Esta estrategia busca alinear a todas las instituciones involucradas y acelerar la puesta en marcha de la DIPP.

El objetivo es que la entidad esté plenamente operativa para enero de 2028, lo que permitirá una evaluación completa de la red vial prioritaria y la asignación eficiente de proyectos. No obstante, para ello es imprescindible contar con presupuesto, personal y mecanismos administrativos activos antes de esa fecha.

Contexto y desafíos para la infraestructura vial en Guatemala

Guatemala enfrenta retos significativos en materia de infraestructura vial, dado el crecimiento constante del parque vehicular y la necesidad de mejorar la conectividad para dinamizar la economía y facilitar el comercio, especialmente en corredores estratégicos. La LIVP fue promovida para atender estos desafíos mediante una entidad técnica especializada que garantice mantenimiento oportuno y proyectos de infraestructura de calidad.

El retraso en la implementación de la DIPP podría afectar la ejecución de proyectos prioritarios y la optimización del presupuesto asignado a infraestructura vial, lo que ha generado preocupación en el sector privado y en organizaciones de transporte.

La coordinación entre las entidades del Estado y la transparencia en los procesos son aspectos clave para avanzar de manera efectiva. La puesta en marcha oportuna de la DIPP es vista como un paso indispensable para mejorar la gestión de la red vial prioritaria y garantizar la sostenibilidad de las inversiones.

Conclusión

La adjudicación de más de Q1,300 millones en proyectos viales por parte del CIV, bajo la modalidad excepcional contemplada en la LIVP, evidencia la urgencia y necesidad que tiene Guatemala de mantener y desarrollar su infraestructura vial. Sin embargo, la falta de operatividad plena de la DIPP genera cuestionamientos sobre la institucionalidad y el cumplimiento de los procesos normativos.

El avance en la aprobación del reglamento, la designación de personal clave y la elaboración de un cronograma detallado son pasos cruciales para que la DIPP cumpla con su mandato. Las reformas propuestas podrían fortalecer el marco legal y operativo, facilitando una gestión más eficiente y autónoma.

El cumplimiento de los plazos y la articulación entre las instituciones serán determinantes para que la entidad esté lista en 2028, contribuyendo así a mejorar la infraestructura vial y, con ello, la competitividad del país.