CIV incrementa en Q920 millones presupuesto para proyectos de seguridad alimentaria en Guatemala

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de Guatemala ha incrementado en Q920 millones su presupuesto para el año 2026, destinados a proyectos vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional, según el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán). Esto representa el mayor aumento asignado a una institución dentro del plan que contempla una inversión total de Q14 mil 943 millones, Q1 mil 594 millones más que en 2025, distribuidos entre nueve ministerios, cuatro secretarías y cinco instituciones descentralizadas.

El CIV concentra estos recursos en programas de desarrollo de infraestructura vial, tales como el mejoramiento y construcción de carreteras primarias, secundarias, puentes, distribuidores viales y caminos rurales. Además, incluye proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de centros educativos en zonas no urbanizadas, y subsidios para vivienda enfocados en familias vulnerables.

Proyectos y distribución del presupuesto

Para el presente año, el CIV ha programado 28 proyectos de infraestructura vial en 14 departamentos del país, con el objetivo de mejorar el acceso y la conectividad en áreas rurales. Paralelamente, se ejecutarán 16 proyectos de construcción y rehabilitación de escuelas de nivel preprimario, primario y básico en nueve departamentos, buscando mejorar las condiciones educativas en comunidades con altos índices de inseguridad alimentaria.

En el ámbito habitacional, el Ministerio prevé beneficiar a 50,824 familias mediante subsidios para la adquisición de lotes con servicios básicos, módulos habitacionales en propiedad horizontal, así como el mejoramiento, ampliación, reparación y construcción de viviendas. Estos programas están orientados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población vulnerable.

Contexto y desafíos en seguridad alimentaria

Guatemala enfrenta niveles alarmantes de desnutrición crónica, afectando aproximadamente a uno de cada dos niños menores de cinco años, y se reportan casos de desnutrición aguda que alcanzan los 3,207 hasta mediados de febrero de 2026. La problemática está estrechamente vinculada a la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en zonas rurales.

El Poasán integra las acciones de diversas entidades gubernamentales para atender la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, el impacto directo de las obras del CIV en la reducción de la malnutrición ha sido cuestionado por diversos sectores, que señalan la necesidad de una mayor focalización en comunidades con altos índices de pobreza y desnutrición.

Perspectivas y críticas sobre la ejecución presupuestaria

El diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, ha expresado que los proyectos del CIV, si bien contribuyen a mejorar infraestructura, no están necesariamente alineados con una estrategia nacional efectiva para combatir la desnutrición. Según Flores, la selección y ejecución de obras debería basarse en un análisis riguroso de las necesidades de las comunidades afectadas y ser aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán).

El legislador también enfatiza que los recursos podrían destinarse con mayor impacto a la construcción y mejora de puestos y centros de salud, que tienen una relación más directa con la atención nutricional y sanitaria, en lugar de priorizar caminos y carreteras cuya fiscalización resulta compleja y cuyo beneficio en seguridad alimentaria es indirecto.

Por su parte, el CIV defiende que sus proyectos se ajustan a los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Polsan) 2022-2037, que busca mejorar el acceso a transporte y comunicación para facilitar el comercio de alimentos, ampliar la infraestructura rural y mejorar las condiciones habitacionales y educativas en zonas vulnerables. La institución asegura que estas obras coadyuvan al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en el país.

Variaciones en el presupuesto de otras entidades

En el marco del Poasán, además del aumento significativo del CIV, otros ministerios también han recibido incrementos en sus asignaciones para programas de seguridad alimentaria. El Ministerio de Economía aumentó su presupuesto en Q311.3 millones, Agricultura en Q280.9 millones y Educación en Q112.4 millones, este último principalmente para la alimentación escolar.

En contraste, algunas entidades como el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Desarrollo Social registraron disminuciones en sus asignaciones para 2026. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán),encargada de coordinar las metas del Poasán, también presenta una reducción presupuestaria, al igual que el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa).

Por otro lado, el Instituto de Fomento Municipal triplicó su asignación para proyectos vinculados a la desnutrición e inseguridad alimentaria, pasando de Q74 millones a Q250.4 millones. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) también incrementó su presupuesto en Q15.68 millones.

Impacto de la suspensión del presupuesto y perspectivas

La reciente suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad del Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2026 genera incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para financiar los programas previstos en el Poasán. El CIV y otras instituciones vinculadas han iniciado procesos de reprogramación presupuestaria para ajustar sus planes a esta situación.

En conclusión, el aumento en la asignación presupuestaria del CIV para proyectos relacionados con la seguridad alimentaria refleja un compromiso institucional para contribuir a la mejora de las condiciones de vida en comunidades vulnerables. No obstante, persisten cuestionamientos sobre la orientación estratégica y el impacto directo de estas inversiones en la reducción de la desnutrición y la pobreza en Guatemala, evidenciando la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la focalización de recursos.