Codedes inician 2026 con notable reducción en aprobación de proyectos en Guatemala

Durante los primeros dos meses del año 2026, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en Guatemala han aprobado únicamente 41 proyectos en todo el país, una cifra considerablemente menor en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

El Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode),administrado por la SCEP, registra que en enero se avalaron 34 proyectos y en febrero siete más, sumando un total de 41 iniciativas autorizadas para su ejecución.

Comparativo con 2025: una caída significativa

El contraste con el desempeño del 2025 es notable. En enero del año pasado se aprobaron 297 proyectos, lo que representa 263 proyectos más que en el mismo mes de 2026. En febrero del 2025, la cifra ascendió a 379 proyectos aprobados, evidenciando un descenso pronunciado en la actividad de los Codedes durante el primer bimestre del presente año.

Estado actual de las solicitudes y proyectos

De las 202 solicitudes recibidas en 2026 para la implementación de 175 proyectos de diferentes tipos en múltiples municipios, 97 están registradas formalmente, 41 aprobadas, 15 en fase de corrección, 12 en análisis, 35 pendientes de recepción de formularios y dos rechazadas. Esta distribución refleja un proceso complejo de evaluación y aprobación que aún se encuentra en desarrollo.

Distribución geográfica y sectores de los proyectos aprobados

Los proyectos avalados para ejecución en 2026 se desarrollarán en departamentos como Petén (10 proyectos),Jalapa (8),Chimaltenango (6),Jutiapa (5),Sololá (3),Totonicapán (2),Zacapa (2),Izabal (2),además de uno en cada uno de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Sacatepéquez.

En cuanto a las entidades que han autorizado estos proyectos, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) lidera con 20 aprobaciones; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha avalado 15; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cinco y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) una.

Entre las obras comprometidas para ejecución se encuentran la introducción de sistemas de drenaje, mejoramiento de calles y caminos rurales, construcción de un puente vehicular, instalación de tanques para almacenamiento y captación de agua, así como proyectos para la implementación de servicios de agua potable.

Factores que inciden en la baja aprobación de proyectos

Expertos en infraestructura señalan que uno de los principales obstáculos para la aprobación de proyectos es la falta de planificación adecuada y estudios técnicos necesarios en la formulación de las propuestas. Muchas municipalidades no cuentan con oficinas de planificación sólidas o equipos técnicos especializados, especialmente en áreas rurales o interiores del país.

De acuerdo con análisis realizados, diversas solicitudes presentan deficiencias en su formulación o carecen de información requerida para cumplir con las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esta situación genera retrasos en el proceso de aprobación y, en ocasiones, la necesidad de correcciones o rechazos.

Además, se destaca que el proceso de contratación y adjudicación de obras suele tardar entre cuatro y seis meses, lo que reduce el tiempo disponible para la ejecución efectiva de los proyectos, algunos de los cuales terminan siendo concluidos con retrasos o presentan problemas técnicos tras su implementación.

Medidas y controles implementados para mejorar el proceso

En diciembre de 2025, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia acordó con varios alcaldes mantener controles más estrictos y lineamientos claros para evitar la ejecución de obras sin supervisión adecuada, con estudios técnicos incompletos o sin los avales correspondientes.

El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia explicó que se ha dispuesto la presencia de personal de la SCEP, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en los territorios para brindar asesoría técnica a las municipalidades. El objetivo es que los proyectos cumplan con todos los requisitos antes de ser enviados a las entidades encargadas para su aprobación, garantizando así la calidad y viabilidad de las obras.

Esta coordinación busca evitar que la aprobación automática por "silencio administrativo" ocurra debido a la falta de respuesta en el plazo legal de cinco días y prevenir irregularidades o deficiencias en los estudios técnicos presentados.

Contexto y desafíos en la gestión territorial

La situación actual refleja el desafío de fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales para planificar y administrar proyectos de desarrollo que respondan a las necesidades de sus comunidades y cumplan con los estándares técnicos y legales.

La implementación de proyectos financiados a través de los Codedes es una herramienta clave para el desarrollo local y la reducción de la pobreza, pero demanda un esfuerzo coordinado entre las municipalidades, entidades estatales y organismos técnicos para asegurar su impacto positivo y sostenibilidad.

En este sentido, la mejora en la formulación, control y seguimiento de proyectos se presenta como una prioridad para incrementar la efectividad de los recursos asignados y fortalecer la confianza en los procesos de inversión pública descentralizada en Guatemala.