Comisión de Economía analiza reformas penales para combatir ciberdelitos

Los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso continuaron este miércoles con el análisis de la iniciativa 6347, por medio de la cual se busca la aprobación de la Ley de Ciberseguridad.

Durante la reunión, que se desarrolló de forma híbrida, el debate se centró en el análisis de las reformas propuestas al Código Procesal Penal incluidas en la citada iniciativa y relacionadas con el acceso ilícito a sistemas, la protección de datos y la integridad de los sistemas informáticos. Esto, con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar de manera más efectiva los ciberdelitos en Guatemala.

Las disposiciones establecidas en la iniciativa no buscan modificar la estructura del Código Procesal Penal, sino adaptarlo a la realidad y al entorno digital en el que se desarrollan actualmente estas actividades. También buscan complementarlo, al dotar a los operadores de justicia de herramientas modernas para investigar y perseguir los ciberdelitos, afirmaron los asesores de la comisión durante la reunión.

Los integrantes de la comisión también realizaron la revisión de las propuestas que están relacionadas con la integridad de los datos, así como el tipo penal denominado “ataque a la integridad de sistemas”, por medio del cual se proponen penas que oscilan tren los 6 y 10 años de prisión.

Aspectos procesales contenidos en la iniciativa

Durante la reunión se abordaron los principales aspectos procesales contenidos en la propuesta de ley, entre ellos: aseguramiento urgente de datos, orden de acceso y entrega de datos por parte de proveedores de servicios, registro y secuestro de medios digitales, interceptación de comunicaciones, cooperación internacional, comiso de instrumentos y objetos del delito y creación de capacidades institucionales.

“De acuerdo con el Convenio de Budapest, hay un catálogo de delitos que deben ser regulados y que Guatemala no tiene ninguna regulación al respecto. Esto, con relación al acceso no autorizado, el ataque a esa información, lucro por medio de la explotación comercial de esa información obtenida de forma ilícita, por lo que deben ser regulados y tipificados en el Código Penal”, afirmó Jorge Ayala, presidente de la citada comisión legislativa.

En este sentido, se deben imponer penas disuasivas para evitar que se cometan estas prácticas, afirmó el congresista.

El Convenio de Budapest establece una clasificación propia y organizada en cuatro tipos de delitos: delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos; delitos informáticos; delitos relacionados con el contenido, como, por ejemplo, los vinculados con pornografía infantil; y delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual.

Bajo este catálogo de delitos, la Comisión de Economía continúa llevando a cabo el análisis sobre las sanciones y las medidas coercitivas acordes con los requerimientos internacionales.

Capacidades institucionales

La iniciativa ordena al Ministerio Público (MP), al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y a la Policía Nacional Civil (PNC) crear y dotar de inmediato equipos y tecnologías suficientes para aplicar la ley. Asimismo, la Presidencia del Organismo Judicial deberá impulsar la creación de órganos jurisdiccionales especializados en ciberdelitos; mientras tanto, conocerán los juzgados y tribunales ordinarios.

Otro aspecto que se aborda es el de la interceptación de comunicaciones, las cuales serán autorizadas con orden judicial para la interceptación, grabación y reproducción de comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas o cualquier otra que utilice el espectro electromagnético. En este punto, la iniciativa remite supletoriamente a la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006), en lugar del Código Procesal Penal, dada la naturaleza especial de esta medida.

La propuesta de ley también aborda el registro y secuestro de medios digitales. En este sentido, se indica que el juez, a solicitud del MP, podrá ordenar el registro de sistemas informáticos y dispositivos de almacenamiento.

La medida puede incluir el secuestro de los dispositivos —sin afectar infraestructura crítica—, la obtención de copias de los datos, la preservación de su integridad e, incluso, su inaccesibilidad temporal. Una disposición novedosa es que permite ampliar el registro a otro sistema informático al que se pueda acceder lícitamente desde el inicial, siempre que medie nueva orden judicial. Para lo no regulado, se aplicarán supletoriamente las normas del CPP sobre secuestro de documentos y correspondencia.

En los próximos días, los integrantes de la Comisión de Economía continuarán llevando a cabo el análisis de la propuesta de ley, el cual, según explicó el presidente de la sala, continuará a lo largo de agosto.