Comisión de Economía posterga dictamen de ley contra lavado de dinero para afinar detalles clave

La Comisión de Economía del Congreso de la República de Guatemala decidió posponer el dictamen favorable a la iniciativa 6593, conocida como la "Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo", que había sido programado para este lunes 16 de febrero. La decisión busca incorporar observaciones y aclaraciones a varios artículos para fortalecer el texto legislativo, con una nueva fecha prevista para el próximo lunes 23 de febrero.

Durante la sesión celebrada este lunes por la tarde, los diputados analizaron y debatieron los alcances del proyecto de ley, que tiene como objetivo actualizar la legislación vigente en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como cumplir con los estándares internacionales exigidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta actualización es especialmente relevante dado que Guatemala enfrentará una evaluación mutua por parte de dicho organismo en febrero de 2027, tras haber sido reprogramada.

Contexto y relevancia de la iniciativa

La iniciativa 6593 busca fortalecer el marco legal guatemalteco para evitar que el país sea incluido en la llamada "lista gris" de países considerados poco cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero. Esta inclusión podría tener consecuencias negativas para el sistema financiero nacional, dificultando las relaciones comerciales internacionales y afectando la imagen del país ante organismos multilaterales y socios comerciales.

El sector bancario y financiero ha manifestado su expectativa por la pronta aprobación de esta normativa, ya que la actualización legislativa es un paso clave para mantener la confianza y garantizar la transparencia en las operaciones financieras.

Detalles del aplazamiento y observaciones planteadas

Uno de los ponentes del proyecto, el diputado Jorge Ayala, informó que durante la sesión se presentó una propuesta de dictamen que contiene amplios consensos fruto de discusiones previas. Sin embargo, algunos parlamentarios solicitaron realizar ajustes para “enriquecer el proyecto” y dejar más claros ciertos aspectos, en particular los relacionados con las responsabilidades y obligaciones de las personas consideradas como “obligadas” dentro del sistema regulado financieramente.

Un punto de atención fue el artículo 42, que establece las obligaciones de profesionales como abogados, contadores públicos y asesores jurídicos en cuanto al registro de clientes y la debida diligencia. Se planteó la necesidad de precisar hasta dónde llegan esas responsabilidades y qué mecanismos se implementarán para el cumplimiento, considerando que para profesionales que laboran de forma individual, mantener registros digitales detallados puede resultar complicado.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que colabora en la elaboración del dictamen, señaló que el artículo 42 contempla un mecanismo simplificado para el registro de información, pero no especifica la obligación de conservar esos registros por un período de diez años, como recomiendan los estándares internacionales. Por ello, se considera necesario ajustar el articulado para que incluya procedimientos claros y que estén en línea con las mejores prácticas internacionales.

Compromiso para acelerar el proceso legislativo

A pesar del aplazamiento, los diputados manifestaron su voluntad de aprobar la iniciativa con las modificaciones necesarias en el plazo más breve posible. La Comisión de Economía y la Comisión de Finanzas trabajan de manera conjunta para atender estas observaciones y perfeccionar el texto legal sin perder el consenso alcanzado hasta el momento.

Se espera que las observaciones sean presentadas y discutidas durante esta semana para garantizar que no existan riesgos de incumplimiento con las recomendaciones del Gafilat y del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La intención es que la evaluación que realizará Gafilat considere que Guatemala cumple con los criterios internacionales, especialmente en aquellos aspectos en los que se ha avanzado parcialmente.

El diputado Ayala indicó que los ajustes propuestos son principalmente de forma y redacción para aclarar el espíritu del proyecto, sin alterar su esencia ni generar controversias mayores. Asimismo, resaltó que existe un compromiso conjunto para contar con el dictamen listo para el 23 de febrero y posteriormente solicitar a la Junta Directiva del Congreso que agende la iniciativa para discusión en el pleno.

Importancia para Guatemala y desafíos futuros

La aprobación de esta ley es fundamental para que Guatemala pueda mantener su posición frente a organismos internacionales y evitar sanciones que impacten en el comercio exterior y la estabilidad financiera. Además, la normativa contribuirá a fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

No obstante, el proceso legislativo enfrenta el desafío de equilibrar las exigencias internacionales con las capacidades y particularidades del sector local, especialmente en lo referente a la implementación práctica de obligaciones para los profesionales y entidades financieras.

En conclusión, el aplazamiento del dictamen responde a la necesidad de perfeccionar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero para garantizar que cumpla con los estándares internacionales sin generar cargas excesivas o confusión entre los obligados. El equipo legislativo mantiene el compromiso de avanzar con celeridad para que Guatemala cuente con una normativa robusta y efectiva en esta materia antes de la evaluación de 2027.