Comisión de Postulación no logra modificar criterio de evaluación para aspirantes a fiscal general en Guatemala

Comisión de Postulación no logra modificar criterio de evaluación para aspirantes a fiscal general en Guatemala

La Comisión de Postulación para fiscal general en Guatemala mantuvo la tabla de gradación vigente, pese a intentos fallidos por modificarla y favorecer una evaluación equitativa entre aspirantes de distintas edades.

23 febrero 2026
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La Comisión de Postulación encargada de seleccionar al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 en Guatemala decidió mantener la tabla de gradación que se utiliza para calificar a los aspirantes, luego de que un grupo minoritario de comisionados no lograra obtener el consenso necesario para modificar el sistema de evaluación. La propuesta pretendía ajustar la forma en que se pondera la experiencia profesional, con el objetivo de evitar que solo los aspirantes de mayor edad alcanzaran las calificaciones más altas.

La sesión, celebrada en un contexto de recepción y revisión de expedientes, contó con la participación de 13 comisionados, aunque destacaron las ausencias de los decanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de la Universidad San Pablo. En total, 59 abogados entregaron sus expedientes para optar a formar parte de la nómina final de seis candidatos que aspiran a dirigir el MP, un proceso clave para la institucionalidad y la justicia guatemalteca.

Propuesta para modificar la tabla de gradación

El debate se centró en la metodología para medir la experiencia profesional de los aspirantes. Actualmente, la tabla asigna dos puntos por cada año de experiencia a partir del undécimo año de ejercicio profesional, dejando sin valoración los primeros diez años. Esta situación generó cuestionamientos por parte de algunos comisionados, quienes argumentaron que la evaluación favorece a los aspirantes mayores de 60 años, quienes acumulan más de una década de experiencia calificada.

El comisionado Luis Lepe, decano de Universidad Regional, fue uno de los principales impulsores del cambio. Su planteamiento se basó en que la ausencia de ponderación de los primeros diez años podría considerarse injusta y susceptible de impugnación, ya que la Constitución establece un mínimo de diez años de ejercicio profesional para postularse, pero la ley obliga a la comisión a ponderar ese ejercicio de manera equitativa desde el primer año.

Lepe explicó que la intención no era cambiar las reglas del juego, sino garantizar que todos los aspirantes tengan una oportunidad justa de competir, independientemente de su edad. “Se dice que esos 10 años no valen nada y podría ser objeto de impugnación. Para mí se debe ponderar desde el primer año, entonces no se podría dejar de ponderar, no es cambiar las reglas pero es un tema constitucional que todos los que lleguen a este proceso puedan entrar incluso a una votación”, señaló.

Debate y rechazo a la propuesta

La discusión generó división. La presidenta de la comisión, Claudia Paredes, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),se mostró en contra de modificar la tabla en esta etapa del proceso, argumentando que hacerlo podría afectar la transparencia y la claridad de las reglas, especialmente cuando ya se conocen los perfiles de los aspirantes.

“Considero que no era adecuado, por términos de transparencia, buscar un cambio en la forma de calificación ahora que se sabe quiénes son los aspirantes a fiscal general”, sostuvo Paredes, quien enfatizó la importancia de mantener reglas claras para todos los participantes.

Por otro lado, la comisionada Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG),manifestó preocupación por el método aprobado, ya que, según dijo, favorece a quienes tienen 60 años o más, mientras que los candidatos más jóvenes quedan en desventaja.

“Cuando discutíamos la ponderación partíamos de un perfil ideal o idóneo de fiscal general, pero a como se interpreta la tabla solo tendrían la oportunidad de llegar a 80 puntos quienes tengan 60 años o más, los menores de esa edad no podrían llegar a esa calificación”, indicó Gámez.

Intentos de votación sin mayoría

Durante la sesión, se realizaron dos intentos de votación para aprobar la modificación de la tabla de gradación. El primer intento obtuvo tres votos a favor, mientras que el segundo alcanzó ocho, sin lograr la mayoría mínima de diez votos requerida para tomar decisiones dentro de la comisión.

Ante esto, la tabla de calificación original quedó firme, manteniendo el sistema que premia más la experiencia acumulada después del décimo año de ejercicio profesional.

Implicaciones para los aspirantes y el proceso

La decisión implica que los aspirantes más jóvenes enfrentarán mayores dificultades para competir con quienes poseen décadas de experiencia profesional reconocida. Entre los candidatos de mayor edad están figuras conocidas como Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación; la actual fiscal general María Consuelo Porras; y Fernando Linares Beltranena, constituyente y exdiputado, entre otros.

Este escenario ha generado preocupación en algunos sectores sobre la equidad y transparencia del proceso de elección del próximo jefe del MP, órgano clave en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en Guatemala.

Contexto y próximos pasos

La Comisión de Postulación tiene ahora la responsabilidad de revisar los expedientes presentados para verificar el cumplimiento de requisitos y conformar la lista de seis candidatos que serán sometidos a votación en el Congreso de la República. La elección definitiva deberá garantizar la independencia y capacidad del futuro fiscal general para fortalecer la justicia guatemalteca.

El proceso se desarrolla en un contexto de alta expectativa pública y política, dada la trascendencia del Ministerio Público en la estabilidad institucional y el combate a la impunidad en el país.

En los próximos días, la comisión continuará con la evaluación de los aspirantes bajo los criterios vigentes, mientras la sociedad civil y diversos sectores monitorean el desarrollo del proceso para asegurar que se respeten los principios de transparencia, mérito y legalidad.

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