¿Cómo comenzó el desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, que terminó con el incendio de la casa de una jueza?

El Ministerio de Gobernación (Mingob) respaldó la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, en Nebaj, Quiché, al afirmar que los agentes únicamente cumplieron una orden judicial. Además, anunció que revisará si durante la diligencia se siguieron los protocolos establecidos.

El procedimiento del 30 de julio provocó horas después una protesta que terminó con el incendio de la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien había emitido la orden de desalojo.

La PNC y el Ministerio Público ejecutaron el desalojo 44 días después de que la jueza firmara la resolución judicial. La diligencia fue solicitada por uno de los hijos de Juana Santiago Chel, señaló el informe policial.

Durante el procedimiento, las pertenencias de la familia fueron retiradas de la vivienda y, en videos difundidos en redes sociales, se observa cómo dos agentes toman de los brazos a Juan Santiago y la sacan del inmueble. De acuerdo con el abogado de la afectada, la adulta mayor resultó lesionada al oponerse al desalojo.

Protesta frente a la subestación de la PNC

El reporte de la PNC detalla que, a las 20.44 horas del 30 de julio, unas 400 personas llegaron a la subestación policial 71-81 de Nebaj para exigir la liberación de un hombre detenido durante el desalojo.

Luego, un grupo de manifestantes se dirigió al Juzgado de Paz para exigir la liberación de Tomás Ceto, detenido durante el procedimiento. Mientras que otro grupo llegó hasta la vivienda de la jueza que ordenó la diligencia.

La manifestación continuaba y horas más tarde, había aproximadamente mil 500 personas, quienes expresaban de forma violenta su inconformidad por el desalojo de Juana Santiago.

Podría leer: Inspectoría General de la PNC investiga a agentes que dispararon durante altercado en Santa María Cauqué

Incendian vivienda de la jueza

La PNC señala que los manifestantes superaban en número a los agentes desplegados en el lugar y que utilizaron gasolina para prender fuego a una parte de la vivienda de la jueza, a quien responsabilizaban de haber emitido la orden de desalojo.

La institución agregó que solicitó apoyo de todas las subestaciones de la Comisaría 71, así como de las Fuerzas Especiales de Policía y del Núcleo de Reserva para controlar la situación.

A la 1.10 horas del 31 de julio, los manifestantes permitieron el ingreso de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas que consumían la vivienda y una motocicleta, presuntamente propiedad de la jueza. Posteriormente, la PNC dejó dos agentes resguardando el inmueble y reportó que la concentración se había dispersado.

Mingob dice que se cumplió una orden judicial

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, calificó de “muy lamentables” las imágenes del desalojo de la adulta mayor y afirmó que el Ministerio de Gobernación revisará si durante la diligencia se cumplieron los protocolos establecidos.

“Es difícil ver las imágenes de una persona de la tercera edad sacada de su domicilio. Son imágenes difíciles de procesar y también reprochables”, expresó.

Señaló que el procedimiento se originó por una resolución judicial que había agotado las instancias correspondientes.

También le podría interesar: Falta de experiencia y deficiencias técnicas dejan sin adjudicación el Hospital de la PNC

“Todo esto se da alrededor de una orden judicial luego de un proceso que ha cumplido con todas las etapas, que ha cumplido con todas las instancias revisoras, que ha dejado firme una resolución de una juez que ha ordenado el lanzamiento de los habitantes de este inmueble“, indicó.

El funcionario dijo que la policía solo obedeció una orden judicial.

“La Policía actúa con base en una orden judicial. La Policía no puede determinar qué órdenes obedece y qué órdenes no obedece”, manifestó.

Villeda agregó que los agentes tampoco pueden valorar el fondo del conflicto que originó la resolución.

El ministro condenó el ataque contra la jueza que emitió la resolución y advirtió de que ese tipo de acciones atentan contra el estado de Derecho.

PNC revisará actuación de sus agentes

Después de los hechos, la PNC emitió un comunicado en el que indicó que la diligencia de desalojo se desarrolló con la participación de un notificador y ejecutor judicial, una intérprete del Juzgado de Primera Instancia Civil de Nebaj, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN), una trabajadora social, la Inspectoría General de la PNC y personal de un cuerpo de bomberos.

“Pese a la presencia de las demás instituciones, la Policía Nacional Civil ya realiza verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia”, indicó la institución.

Le podría interesar: PNC prepara compra de 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios

Organismo Judicial condena los hechos

El Organismo Judicial (OJ) también emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la jueza Ada Madaí López Morales, titular del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Quiché, y condenó los actos de violencia registrados.

“Toda acción que pretenda coaccionar, intimidar o amenazar a quienes ejercen la función jurisdiccional constituye una afectación a la independencia judicial, al estado de Derecho y al acceso efectivo a la justicia”, señaló el OJ.

Asimismo, informó que “las autoridades del Organismo Judicial han mantenido comunicación permanente con la jueza Ada Madaí López Morales, brindándole el acompañamiento institucional correspondiente y coordinando las acciones necesarias para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la ley”.

El OJ también hizo un llamado a la población para que “toda inconformidad sea canalizada a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos, privilegiando el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica”.