Conflicto entre Fundaantigua y Municipalidad de Antigua Guatemala escala por videovigilancia y cobros municipales

La Fundación para el Desarrollo de Antigua Guatemala (Fundaantigua) y la Municipalidad de Antigua Guatemala protagonizan una disputa pública que ha escalado tras el intercambio de señalamientos relacionados con la administración del sistema de videovigilancia, cobros municipales y la regulación de licencias de construcción, generando preocupación entre vecinos, empresarios y sectores productivos del municipio.

Origen del conflicto

El descontento inició cuando Fundaantigua, junto con diversos actores sociales, expresó su rechazo a ciertas prácticas que atribuye a la actual administración municipal presidida por el alcalde Juan Manuel Asturias. La fundación denunció presuntas irregularidades y actos de corrupción en la gestión municipal, especialmente en relación con la operación y propiedad del sistema de cámaras de videovigilancia, la aplicación de multas de tránsito, además de cuestionar cobros relacionados con licencias de construcción y el sistema de estacionamiento denominado MarbEx.

En una conferencia de prensa, representantes de Fundaantigua informaron que han promovido diversas acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impugnar disposiciones municipales que, según ellos, vulneran derechos ciudadanos y afectan la actividad económica y social de la ciudad colonial.

Reclamos sobre el sistema de videovigilancia

Uno de los puntos centrales es el sistema de videovigilancia, el cual cuenta con más de 500 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad y es operado desde el centro de monitoreo municipal. Fundaantigua sostiene que las cámaras y equipos son propiedad de la fundación y que la Municipalidad ha utilizado este sistema para imponer multas de tránsito, una práctica que consideran ilegítima y que no estaba contemplada en los convenios originales.

El conflicto se profundizó cuando la Municipalidad comenzó a emitir sanciones de tránsito basadas en imágenes captadas por estas cámaras, lo que motivó a Fundaantigua a presentar acciones legales para recuperar la posesión de los equipos y salvaguardar la finalidad original del sistema: fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.

De acuerdo con información proporcionada por los representantes de la fundación, un tribunal de Sacatepéquez reconoció la propiedad de los equipos a Fundaantigua y revocó medidas relacionadas con su uso. Además, anunciaron que el alcalde Juan Manuel Asturias deberá presentarse ante tribunales en junio próximo para responder por denuncias que incluyen supuestos delitos de apropiación indebida, abuso de autoridad y violaciones constitucionales.

Acciones legales y cuestionamientos a cobros municipales

Además de la disputa por el sistema de videovigilancia, Fundaantigua ha presentado tres acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad que cuestionan aspectos relacionados con:

• El cobro de licencias de construcción impuesto por la municipalidad.
• Las revaluaciones de inmuebles realizadas mediante acuerdos municipales.
• El cobro del sistema de estacionamiento público conocido como MarbEx.

Según la fundación, estos cobros vulneran garantías constitucionales relacionadas con el uso del espacio público y afectan negativamente a vecinos y empresarios.

Denuncias sobre presuntas campañas de desprestigio

Fundaantigua también denunció la existencia de supuestos ataques dirigidos contra empresarios y vecinos críticos de la actual administración. Señalan el uso de páginas falsas, net centers e influencers locales para desacreditar a ciudadanos y organizaciones que expresan inconformidad con la gestión municipal.

Asimismo, manifestaron su preocupación por los salarios asignados a trabajadores municipales y cuestionaron la ejecución de proyectos urbanísticos y ambientales, señalando posibles deficiencias en la planificación y transparencia.

Respuesta de la Municipalidad de Antigua Guatemala

Ante los señalamientos, la Municipalidad de Antigua Guatemala emitió un comunicado a través de su Secretaría de Comunicación y Protocolo en el que rechazó las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de desinformación y confrontación promovida por sectores vinculados a Fundaantigua.

La comuna negó cualquier tipo de persecución contra empresarios o vecinos y aseguró que las acciones municipales están orientadas a garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normativas urbanísticas vigentes. Enfatizaron que la aplicación de la normativa no debe ser interpretada como un ataque hacia la ciudadanía.

En cuanto a las acusaciones sobre campañas de desprestigio, la Secretaría de Comunicación negó cualquier vinculación con páginas falsas o mecanismos de desinformación, afirmando que su labor se limita a informar sobre proyectos y decisiones municipales con responsabilidad y transparencia.

Posición oficial sobre el sistema de videovigilancia

Respecto al sistema de videovigilancia, la Municipalidad reiteró que este tiene como principal objetivo proteger la seguridad de vecinos y visitantes. Aclararon que, según la legislación guatemalteca vigente, no existe base legal para imponer multas de tránsito con base en imágenes captadas por cámaras de seguridad, por lo que el sistema no es ni será utilizado con fines sancionatorios contra conductores.

En relación con los convenios mencionados por Fundaantigua, la Municipalidad sostuvo que la documentación oficial del Ministerio de Gobernación confirma la inexistencia de convenios registrados relacionados con la operación privada del sistema de videovigilancia. Además, recordó que la Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional disposiciones que facultaban al director general de la Policía Nacional Civil para suscribir ciertos convenios interinstitucionales, lo que, según la comuna, genera incertidumbre jurídica sobre la validez de algunos acuerdos firmados sin la autorización correspondiente del Ministerio de Gobernación.

Perspectivas y próximos pasos

Ante este contexto de conflicto, ambas partes mantienen posiciones firmes y han recurrido a instancias judiciales para dirimir sus diferencias. La Municipalidad aseguró que continuará trabajando con responsabilidad, firmeza y transparencia para fortalecer el orden, la seguridad y el desarrollo del municipio, mientras que Fundaantigua mantiene su postura de defender los derechos de vecinos y sectores productivos, exigiendo mayor claridad y legalidad en la gestión municipal.

Este enfrentamiento entre actores clave en Antigua Guatemala refleja las tensiones que pueden surgir en la administración local cuando confluyen intereses públicos, privados y ciudadanos, y resalta la importancia de la transparencia, el diálogo y el respeto a la legalidad para la gobernanza municipal.

La ciudadanía permanece atenta a los desarrollos judiciales y administrativos que puedan aportar soluciones a esta crisis, que impacta directamente en la convivencia y el desarrollo sostenible de una de las ciudades más emblemáticas de Guatemala.