Conflicto por cierre de tramo en autopista Xochi: Municipalidad de Mazatenango y empresa enfrentan diferencias legales

El desarrollo de la autopista privada Xochi, proyectada para mejorar la conectividad entre Suchitepéquez y Retalhuleu, enfrenta un impasse tras el cierre de un tramo ubicado en Mazatenango por parte de la Municipalidad local. Desde el 4 de junio, rótulos con la leyenda “obra cancelada” fueron colocados en un segmento específico de la vía, generando incertidumbre sobre la apertura programada para el 14 de junio y motivando que la empresa encargada del proyecto inicie acciones legales en defensa de sus derechos.

La autopista Xochi se extiende desde el kilómetro 142.5 en San Antonio, Suchitepéquez, hasta el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Su construcción busca facilitar el tránsito hacia destinos turísticos y comerciales, reduciendo los congestionamientos en la ruta al suroccidente del país. Esta vía funcionará bajo el esquema de peaje, permitiendo el acceso únicamente a quienes realicen el pago correspondiente, mientras que el tránsito sin pago deberá continuar por la carretera CA-2.

Acciones de la Municipalidad y respuesta de la empresa

El cierre por parte de la Municipalidad de Mazatenango se llevó a cabo en un tramo entre los kilómetros 162 y 172, en dirección hacia Retalhuleu. Además del cierre físico, la comuna instaló mantas que señalan la cancelación de la obra. La Policía Municipal mantiene presencia en el lugar, impidiendo el paso libre en esa sección de la autopista.

Ante esta situación, la empresa responsable del proyecto informó que la licencia de construcción, otorgada inicialmente en 2023 y prorrogada posteriormente, se encuentra en trámite para una segunda prórroga. Según el representante legal del proyecto, la solicitud de ampliación fue presentada en tiempo y forma a inicios de febrero, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento municipal y la normativa aplicable.

El abogado de la empresa señaló que, hasta la fecha, la Municipalidad no ha emitido una resolución definitiva sobre la prórroga, ni una notificación formal que justifique el cierre del tramo. Afirmó que se han presentado dos amparos y un recurso administrativo para dirimir la situación legal, y que se mantiene el diálogo con las autoridades municipales para encontrar una solución que permita reanudar las obras y la apertura de la vía.

Postura de la Municipalidad de Mazatenango

En conversación con medios locales, el alcalde de Mazatenango indicó que la licencia de construcción está vencida y que la misma fue otorgada por la administración anterior. Manifestó que un equipo de profesionales municipales realizó una supervisión técnica y detectó “debilidades en el proyecto”, especialmente en temas relacionados con la seguridad vial.

El jefe edil refirió que la documentación presentada por la empresa no refleja el proyecto final ejecutado, generando inconsistencias que impiden la aprobación definitiva de la prórroga. Asimismo, señaló que la Municipalidad busca que la empresa asuma responsabilidad por posibles riesgos futuros derivados de dichas irregularidades.

Respecto al cierre del tramo, el alcalde explicó que, aunque la autopista es privada, al ser de uso público requiere autorización municipal para operar, y resaltó que la comuna actúa en cumplimiento del código municipal y normativas de seguridad que buscan prevenir accidentes o daños por eventos naturales.

Inconformidades y supervisión técnica

El asesor del alcalde complementó que las licencias municipales se otorgan por etapas y deben ser renovadas conforme avanza la obra. Señaló que la Municipalidad ha recibido denuncias de la población sobre un posible “cuello de botella” debido a la reducción de carriles en una de las salidas de la autopista, específicamente en un puente que conecta con la ruta departamental RSDSCH, lo cual podría generar mayores problemas de tráfico.

Además, indicó que en visitas realizadas a la obra hubo dificultades para acceder y supervisar debido a la presencia de personal de seguridad que impidió la inspección técnica. Sin embargo, luego de una inspección del Concejo Municipal con ingenieros especializados, se identificaron riesgos evidentes que motivaron requerimientos formales a la empresa.

Discrepancias sobre presupuesto y costos del proyecto

El asesor edil también expresó dudas sobre la consistencia entre el presupuesto declarado inicialmente y el costo actual de la obra. Mientras que para la licencia municipal se reportaron Q34 millones como presupuesto, la empresa ha manifestado un costo aproximado de Q67 millones para el tramo supervisado. A nivel mediático, la inversión total anunciada supera los Q1,200 millones para los aproximadamente 31 kilómetros de la autopista.

Dado que el proyecto incluye la construcción de estructuras de gran envergadura, como un puente de 150 metros de largo por 70 de ancho, la Municipalidad ha solicitado a la empresa documentos que justifiquen los costos reales. En caso de no recibir esta información, la comuna ha planteado la posibilidad de exigir una declaración jurada que respalde los valores reportados.

La supervisión y fiscalización de obras privadas con impacto público corresponde a la Municipalidad según la Constitución, por lo que la colaboración de la empresa es fundamental para garantizar la transparencia y seguridad de la infraestructura.

Perspectivas y próximos pasos

La empresa y la Municipalidad mantienen abiertos canales de diálogo para buscar una solución que permita desbloquear el tramo afectado y avanzar hacia la inauguración del proyecto. No obstante, el plazo para la apertura está en riesgo debido a la falta de resolución sobre la prórroga y las discrepancias técnicas y legales que persisten.

Por el momento, el cierre del tramo y la colocación de mantas con mensajes de “obra cancelada” mantienen en incertidumbre a automovilistas y negocios que esperan la puesta en marcha de la autopista, la cual representa un importante desarrollo para la región suroccidental de Guatemala, tanto en términos de movilidad como de crecimiento económico.

El seguimiento a este caso será fundamental para determinar el impacto que tendrá en la infraestructura vial y en la dinámica comercial y turística del área. La cooperación entre las partes involucradas y el cumplimiento de los marcos legales serán claves para resolver el conflicto.