Congreso acuerda paquete de enmiendas para aprobar la ley antilavado en Guatemala

El Congreso de Guatemala se prepara para someter a votación la ley contra el lavado de dinero y otros activos, luego de que los jefes de bloques parlamentarios y comisiones legislativas acordaran un paquete consensuado de enmiendas a la iniciativa. La aprobación de la normativa, prevista para la sesión del martes 2 de junio, busca actualizar el marco legal y fortalecer las herramientas para combatir actividades financieras ilícitas en el país.

Proceso de discusión y consenso legislativo

La propuesta de reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos fue presentada inicialmente por el presidente de la República el 28 de julio de 2025. No obstante, el avance legislativo se ha dado de manera paulatina, con un dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía el 24 de febrero de 2026, seguido de tres lecturas en el pleno que reportaron un amplio respaldo, con 125 votos a favor en el tercer debate celebrado en abril.

Desde entonces, la iniciativa permaneció sin avances visibles durante 48 días, debido a la falta de acuerdos en torno a algunas enmiendas, situación que cambió tras una serie de reuniones entre autoridades del Congreso, incluyendo la Junta Directiva, la Comisión de Economía y los jefes de bloques. Estos encuentros culminaron con un acuerdo público para incorporar 15 modificaciones al dictamen inicial, que serán sometidas a votación junto con la ley.

Detalles de las enmiendas consensuadas

Los ajustes acordados incluyen modificaciones a cinco artículos específicos de la ley (números 2, 25, 52, 83 y un nuevo artículo 111),con el objetivo de mejorar la redacción y fortalecer aspectos clave relacionados con la prevención y sanción del lavado de dinero. Estas enmiendas buscan clarificar el texto legal y evitar ambigüedades que puedan entorpecer su aplicación efectiva.

El presidente del Congreso, junto con el titular de la Comisión de Economía, destacó que estas modificaciones mantienen el espíritu original de la iniciativa y responden a un trabajo de análisis y consenso que involucró a diversas bancadas parlamentarias.

Compromiso público y respaldo político

En una sesión abierta a los medios de comunicación, los legisladores expresaron un compromiso unánime para votar a favor de la ley con las enmiendas acordadas. Se resaltó la importancia de la norma para actualizar el marco jurídico del país conforme a estándares internacionales y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

El segundo vicepresidente del Congreso y jefe de uno de los bloques mayoritarios explicó que la versión mejorada de la ley sustituirá la anterior para evitar confusiones y consolidar el respaldo político necesario para su aprobación.

Asimismo, los diputados rechazaron las críticas provenientes de algunos medios de comunicación que, según expresaron, buscan generar una percepción errónea sobre el proceso legislativo y la disposición de los parlamentarios para apoyar la iniciativa.

Perspectivas y desafíos pendientes

A pesar del acuerdo público, algunos legisladores señalaron que persisten dudas sobre posibles inconstitucionalidades en ciertos aspectos de la ley, particularmente en relación con la autonomía en la aplicación del delito de lavado de dinero. Estos señalamientos apuntan a la necesidad de un análisis jurídico exhaustivo para garantizar la solidez institucional de la normativa.

Además, se alertó sobre el riesgo de que en la sesión plenaria puedan presentarse nuevas enmiendas que no formaron parte del consenso alcanzado, lo que podría generar controversias y retrasos en la aprobación final.

Diputadas de las bancadas oficialistas hicieron un llamado a la vigilancia ciudadana para que el proceso legislativo se mantenga transparente y respetuoso de los acuerdos, enfatizando que cualquier intento de modificar artículos sensibles podría afectar la esencia de la ley y debilitar su eficacia.

Contexto y relevancia para Guatemala

La aprobación de la ley antilavado es un paso clave para que Guatemala fortalezca su sistema de prevención y sanción de delitos financieros, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de organismos multilaterales. La normativa busca cerrar vacíos legales que facilitan el lavado de activos y otras prácticas ilícitas que afectan la economía y la seguridad del país.

Este esfuerzo legislativo se enmarca en una agenda más amplia de reformas orientadas a mejorar la transparencia y la gobernabilidad, aspectos cruciales para generar confianza en el sector privado y la comunidad internacional.

Próximos pasos

El pleno del Congreso se reunirá los días 2 y 3 de junio para votar la ley antilavado con el paquete de enmiendas consensuadas. La expectativa es que la iniciativa cuente con el respaldo suficiente para su aprobación definitiva, lo que permitirá su promulgación y posterior implementación por parte de las autoridades competentes.

El seguimiento a este proceso será fundamental para garantizar que la ley cumpla con su propósito de robustecer el marco jurídico guatemalteco y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos conexos.